jueves, 29 de julio de 2010

CRISTINA NO QUIERE A LOS JUBILADOS

El mensaje en cadena de la Presidenta, el miércoles último, fue literalmente una farsa.

Al lado de un discurso manipulador semejante, Clarín, TN y La Nación son niños de pecho.

La Presidenta anticipó el anuncio de la movilidad jubilatoria, que se aplicará recién en septiembre, con la finalidad de ofrecer razones para vetar el proyecto de 82% móvil sobre el salario mínimo que se encuentra tanto en Diputados como el Senado.

No anunció un avance social sino una advertencia contra la intención de avanzar hacia el 82%.

Año contra año, luego del anuncio del miércoles, el promedio anual de las jubilaciones aumentarán poco más del 20% –no el 26% que sumó alegremente la Presidenta.

En el mismo tiempo, muchos sindicatos con salarios achatados arrancaron aumentos del 35%.

Después de los aumentos anunciados, y del que decidirá el Consejo del Salario, la jubilación mínima seguirá por debajo del 60% del salario mínimo.

La Presidenta observó que el aumento no debe afectar a los precios porque la plata sale toda de la Anses.

Lo que dijo en realidad es otra cosa: que los capitalistas no ponen nada, a pesar de los beneficios fabulosos que están sacando en la actualidad.

Lo que dijo es que el aumento es una redistribución entre los pobres –una medida conservadora de los intereses dominantes.

Lo que ocultó con lo que dijo es que los precios seguirán aumentando, porque al capital, que controla el mercado, no le importa de dónde sale la plata sino aprovechar cualquier aumento del consumo.

En la misma línea conservadora, la Presidenta llamó a Moyano y a Yasky a actuar ‘con responsabilidad’ ante la convocatoria del Consejo del Salario –no sea que un aumento aquí sí afecte a los capitalistas y sí ‘justifique’ que estos capitalistas aumenten los precios.

Calificó de privilegiados a los obreros en blanco, porque los contrapuso con los que son más pobres que ellos, no con los capitalistas que fugaron 54 mil millones de dólares en cuatro años.

¡Fugaron siete veces lo que cuesta financiar el 82% sobre el salario mínimo!

Hasta elogió esta fuga, a la que llamó ¡inversiones en el exterior!, las cuales están cercanas a cero, sin explicar por qué a los argentinos eso nos conviene; es lo que las petroleras vienen haciendo desde hace años, con el resultado de que se secaron las reservas de petróleo y de gas.

Dijo que, a diferencia de lo que ocurre en Europa, los K no ‘ajustan’, pero nadie gana en Europa jubilaciones de 250 dólares –aquí lo recibe el ¡85%! de los jubilados; los salarios aún no llegaron a los niveles menemistas.

Rechacemos esta trampa –y aún la peor que está preparando la oposición, que ya eliminó de su proyecto la indexación de las jubilaciones de acuerdo con la evolución de los salarios y la generalización del fallo Badaro a los centenares de miles que fueron perjudicados por el congelamiento de Cavallo, desde 1994, y por Duhalde-Kirchner, de 2003 a 2006, para las jubilaciones que estaban arriba del mínimo.

El 4 de agosto vayamos al Congreso para que se apruebe el proyecto del 82% sin mutilaciones.

QUE SE VOTE EL PROYECTO DE JUBILACIONES ORIGINAL

El 4 de agosto todos al Congreso

Con el transcurso de los días, comienza a salir a luz la mutilación que se ha perpetrado contra el proyecto original del 82%. La comisión respectiva del Senado ha eliminado el restablecimiento del ajuste por inflación de las jubilaciones, congeladas desde 1994 a 2006, y también ha eliminado la disposición para que se ajusten por los salarios y no por la fórmula extravagante que se votó el año pasado. Por esta vía de podas, el próximo paso será dilatar el 82% sobre el salario mínimo a una escala de aumentos sucesivos que podría llevar hasta una década. Un aumento del mínimo sin derogar los congelamientos de Cavallo y de Kirchner llevaría al 95% de los jubilados a cobrar el piso. La Auditoría General, que depende del Congreso y no de los K, acaba de dictaminar que el gobierno no tendría recursos para pagar el 82%. Es claro que se ha armado un bloque entre la oposición y el oficialismo para liquidar el proyecto que establece el 82% sobre el salario mínimo y el descongelamiento de las otras escalas.

Carrió acaba de reconocer esta entregada al declarar que "sería mejor que el proyecto entre por Diputados debido a que el del Senado no contempla la actualización del fallo Badaro, además si se trata en Diputados vamos a ganar por ciento cincuenta votos a ochenta" (elsolonline, 23/7). No denuncia, sin embargo, la trenza entre la oposición y el oficialismo para estrangular el proyecto. Tampoco nos explica en qué consistió la oposición de su bloque, la CC, a la mutilación pactada en el Senado entre los bloques de la oposición y el oficialismo, ni la de sus socios del ‘panradicalismo'.

Mientras el proyecto sigue su trámite en Diputados, el Senado avanzó en la versión mutilada. En la Cámara de Diputados, la comisión de previsión había votado, primero, una jubilación mínima del 82% del salario mínimo; en segundo lugar, el reajuste de todos los haberes congelados, como lo estableció el fallo Badaro de la Corte Suprema. En tercer término, la movilidad futura de las jubilaciones de acuerdo con la evolución de los salarios. La capitulación de la oposición ocurre antes de que arranque el debate.

Los K siguen insistiendo, de todos modos, en que tampoco van a votar la versión mutilada. Apuntan a recortar aún más el proyecto, como paso previo a una fórmula de compromiso. La distancia entre los planteos del oficialismo y la oposición ha quedado reducida a 200 pesos, pues el nuevo aumento previsto para septiembre llevaría la jubilación mínima a 1.030 pesos contra los 1.230 que se obtendrían según el 82%. Los K quieren reservarse los anuncios para ellos, no que salgan de una ley. Para eso convocarían al Consejo del Salario.

Lo que no puede cerrar estas maniobras es la inquietud popular, como lo venimos constatando en las decenas de mesas que el Partido Obrero está levantando en todo el país.

El próximo 4 de agosto, cuando el Senado trate el proyecto, la Cámara de Diputados tiene agendado el suyo en su Comisión de Presupuesto. Aunque se selle un compromiso entre oficialistas y opositores, estamos frente a una batalla que recién comienza, porque los jubilados no dejarán pasar este atropello.

Nuestra propuesta es:

  • Extendamos la campaña por el 82% y el proyecto integral a todo el país
  • Denunciemos la mutilación del proyecto original y exijamos su reposición
  • Firmemos por: 1) jubilación mínima del 82% del salario mínimo; 2) ajuste de los haberes de acuerdo con los fallos de la Corte; 3) movilidad futura de acuerdo con el salario.
El 4 de agosto, todos al Congreso.

La ley de "seguridad industrial" de Binner es trucha

Hace casi dos años que fue promulgada la Ley 12913 de creación de Comités Mixtos de Seguridad y Salud en Santa Fe. La ley se aprobó luego de que una pueblada en Villa Constitución repudiara la muerte de dos obreros de Acindar.

La ley de seguridad industrial de Binner fue letra muerta, lo que se revela en las muertes obreras que siguen ocurriendo en los silos, obras de construcción, puertos y fábricas.

“Este mes vamos a profundizar las advertencias. Luego empezaremos a aplicar las sanciones, que van a ser consideradas como una falta grave, cuyos montos dependerán de la cantidad de empleados que tengan en relación de dependencia”, explicó el ministro de Trabajo, Carlos Rodríguez (La Capital). Una confesión acabada de los dos años de absoluta impunidad de las patronales.

Los comités mixtos nunca se formaron. El gobierno, hipócritamente, dice que es por la baja sindicalización, acusando a los trabajadores frente a la brutal escalada de accidentes y muertes obreras.

La Ley de Seguridad de Binner es trucha, una cosmética que sirvió para apaciguar la movilización obrera de Villa Constitución con una campaña publicitaria. Los comités mixtos se establecían sin fueros gremiales y sin atribuciones para parar la producción. Su función era “consultiva y de propuestas”, sin ningún poder real.

Los compañeros y compañeras, tanto del sistema de salud provincial y municipal como del educativo, pueden tomar la intimación de Binner para devolvérsela.

Por Comités de Seguridad y Salud en cada empresa y repartición pública, para imponer los arreglos estructurales y de conservación en escuelas, hospitales y en todas las reparticiones de administración provincial y de los municipios.

¡Basta de muertes obreras como los camioneros en Puerto San Martín, los obreros de ASSA en San Lorenzo e “incidentes” como los recientes heridos en la explosión de Terminal 6!

Comités de seguridad elegidos y revocados en asamblea con fueros gremiales para prevenir accidentes y obligar a las patronales del cordón industrial a invertir todo lo que los obreros consideren necesario para el cuidado dentro y fuera de las fábricas.

¡Basta de depredación laboral y ambiental!

¡Juicio y castigo a los responsables empresarios y a los del gobierno!

Cacho Calarota

jueves, 22 de julio de 2010

NI MACRI, NI KIRCHNER

Los delitos de espionaje de Mauricio Macri giran por entero en torno al atentado contra la Amia, hace dieciséis años.

Nombró a Palacios al frente de la Policía Metropolitana. Le dijo a las autoridades de la comunidad judía que fue por “recomendación de la CIA, la DEA y el Mossad (el servicio de espionaje y de ejecuciones de Israel)”.

Palacios metió a Ciro James en la Secretaría de Educación de la Ciudad para espiar a Sergio Burstein, miembro de la agrupación Familiares y Amigos de las víctimas de la Amia.

Palacios se encuentra también procesado por encubrimiento en la investigación de ese atentado –por lo que está detenido.

Asimismo, ha sido imputado por su participación en la represión de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre.

Un procesado por encubrimiento del atentado a la Amia fue “recomendado” a Macri por un organismo del Estado de Israel.

Macri ha justificado el pedido de apoyo a las autoridades institucionales de la comunidad judía, en su cumplimiento de la “recomendación” del Mossad.

¿Pero Macri es el único que acata las órdenes de los servicios de espionaje –extranjeros en su caso?

Néstor Kirchner prometió abrir los archivos de la ex Side, también involucrada en el encubrimiento de la investigación de ese atentado –y hasta ahora no ha cumplido.

Acaba de ser elogiado con una declaración especial de apoyo de las cámaras de Diputados y Senadores de Estados Unidos por haber orientado la responsabilidad del atentado contra Irán – como quieren los gobiernos de Estados Unidos e Israel.

El Mossad entrena a la policía de Tucumán, gobernada por el kirchnerista Alperovich.

Al igual que Palacios, las huestes de Kirchner en Santa Cruz reprimieron a las asambleas de la pueblada de 2001.

A Macri hay que echarlo y juzgarlo por conspirar con servicios de espionaje extranjeros y por bloquear el esclarecimiento del atentado contra la Amia.

A Kirchner lo mismo, porque la ex Side es una oficina de aquellos servicios.

El conjunto del aparato estatal, de adentro y de afuera, sigue encubriendo también a los responsables del atentado a la embajada de Israel; parece que este atentado nunca se hubiera producido.

El Partido Obrero condenó, en sus respectivos momentos, uno y otro atentado.

Es probable que los ‘protectores’ de Macri le hayan soltado la mano, para que un eventual enjuiciamiento no saque a luz todo el rol que ha tenido el espionaje extranjero en el encubrimiento.

Que prefieran cambiar de “pollo”; Kirchner ha sido repetidamente felicitado por los yanquis y por Israel por su fogoneo contra Irán, en medio de amenazas de bombardeo nuclear a ese país.

Macri subió la apuesta, al todo o nada, pidiendo su propio enjuiciamiento.

Las comisiones investigadoras o las de juicio político, e incluso las investigaciones judiciales, soslayan la cuestión del encubrimiento de los atentados contra la Amia y la embajada de Israel, o sea que quieren enterrarla.

Para esclarecer la trama del espionaje y del encubrimiento hay que citar a declarar a Macri y a Kirchner.

PARANA METAL: Es hora de decir basta

Cristóbal López está realizando todo tipo de provocaciones contra los trabajadores de la fábrica mientras continúa con su política de vaciamiento.

Desde que la compró, en febrero de 2009, no realizó ningún tipo de inversión para hacerla competitiva y hoy, con la suspensión de las 1.000 toneladas que compraba Ford-Brasil, la producción apenas llega a las 700 toneladas.

Mientras chantajea reclamando un aumento de los subsidios (sigue cobrando los Repro) para mantener abierta la fábrica, realiza todo tipo de ataques y presiones sobre los trabajadores para forzar los retiros voluntarios.

En esta línea de provocaciones, sacó solicitadas en los medios de prensa desmintiendo las denuncias de los trabajadores y no cumplió las cuestiones que acordó en el Ministerio de Trabajo. De esta manera, no hizo efectivo el pago de los sueldos con la nueva escala salarial acordada en la paritaria metalúrgica. No devolvió los Repro descontados en la segunda quincena de mayo. Tampoco abonó los feriados de mayo ni hizo efectivo el pago no remunerativo de 1.350 pesos acordados en la paritaria de 2009. Simultáneamente, está haciendo trascender planes de suspensiones masivas por tres meses.

La UOM de Villa Constitución realizó todo tipo de “gestiones” para resolver el conflicto, pero los resultados están a la vista. Solamente avanza el desgate de los trabajadores.

Ningún pedido humanitario hará cambiar a Cristóbal López, quien solamente busca la mayor ganancia, para lo que cuenta con la complicidad del gobierno K y de Binner, que ya dejaron que patronales como Masshu o Mahle vaciaran las fábricas.

Por su parte, la UOM nacional de Caló realizó declaraciones de apoyo a los trabajadores de Paraná Metal, que –al igual que en Mahle– sirvieron de pantalla para no organizar ningún plan de lucha del gremio. La “línea” es convencer a Cristóbal López para que haya inversores, una excusa para no hacer nada.

Es necesario el desarrollo de otra orientación que organice una lucha decisiva de los trabajadores y de todo el gremio metalúrgico, con paros, movilizaciones y carpa frente a la fábrica para que haya una salida a favor de los trabajadores.

Es el reclamo de un sector de los obreros que realiza críticas a la política de la directiva de la UOM villence.

Por el pago de todas las deudas salariales y el cumplimiento de los puntos acordados. No a la rebaja salarial. En defensa de todos los puestos de trabajo y del convenio metalúrgico.

Carlos Blanco

jueves, 15 de julio de 2010

EL SIGNIFICADO DE UNA VICTORIA

La aprobación del matrimonio igualitario es una incuestionable victoria de los derechos democráticos, contra el clero y contra la reacción política.
“Estamos bajo una fuerte presión externa”, dijo Rodríguez Saa, anticipando la derrota del rechazo al matrimonio gay, minutos antes de la votación. En una sociedad caracterizada por la represión a la juventud, la discriminación laboral, el trabajo en negro y la opresión extrema a la mujer trabajadora, el reclamo del matrimonio igualitario se ganó una inocultable simpatía popular. El Senado deliberó bajo esa presión.
La derrota de la Iglesia debe medirse con referencia a la brutal escalada que lanzó contra esta ley. Esa ofensiva se extendió a todo el país, y culminó en la movilización lanzada sobre el Congreso en la tarde de este martes. La Iglesia jugó recursos cuantiosos para la concurrencia de parroquias distritales, colegios e instituciones religiosas de todo tipo.
Estas acciones acompañaron a las manipuladas “audiencias” de la senadora clerical Negre de Alonso, donde los agentes del clero y del capital se unían para condenar al matrimonio homosexual. En respuesta a estas expresiones reaccionarias, en la mayoría de las provincias se desarrollaron contramarchas y asambleas en defensa del matrimonio igualitario.
Miseria política
La ajustada votación revela hasta qué punto la hostilidad a los derechos democráticos domina la agenda de los partidos capitalistas. Esa oposición fue disimulada con la “libertad de conciencia” que todos ellos otorgaron a sus legisladores. El gobierno K, que se atribuye el impulso del proyecto, no pudo disciplinar a una parte importante de sus senadores del interior. De esa deserción no se salvó siquiera el “fiel” Scioli, quien llamó a “despolitizar” el debate, o sea que se declaró neutral ante la ofensiva del clero. Cristina Kirchner permaneció en silencio durante todo el tratamiento parlamentario. Tardíamente, salió a criticar al “oscurantismo”, cuando la Iglesia se largó a una ofensiva de carácter general.
La mezquindad oficial sólo se parangona con la de sus opositores capitalistas. En el radicalismo, votaron a favor del proyecto sus principales voceros políticos, como Morales o Sanz. Pero por abajo, la mayoría de sus senadores votó compactamente junto al clero. Carrió, que se abstuvo en Diputados, buscó hasta el último minuto una variante de compromiso con la Iglesia. Los partidos históricos de la burguesía son tan dependientes de las capillas confesionales como de los grupos capitalistas que los financian.
Síntoma político
Con su ofensiva contra el matrimonio homosexual, la Iglesia quería introducir una agenda de mayor alcance, que sirviera de base para un reagrupamiento político derechista. Ese programa planteaba el fin de los juicios militares en nombre de la “reconciliación”, el archivo definitivo para el derecho al aborto, tal como lo plantearon varios obispos en sus homilías.
La derrota del Senado es un golpe a esa agenda reaccionaria. Ni qué decir que el kirchnerismo, que enfrentó tardíamente esa ofensiva clerical, pretenderá adjudicarse la conquista. Pero la capacidad de un gobierno de explotar una victoria democrática está condicionada al carácter más general de su orientación política. En este plano, sus límites son inexorables. El mismo gobierno que se enarbola con el matrimonio homosexual juró vetar la causa popular más importante del momento, o sea, la elevación de las jubilaciones al 82% del mínimo y su actualización con los salarios. En la misma noche de la votación del Senado, el oficialismo pugnaba por acomodar la ley de glaciares a los intereses de la Barrick Gold La victoria del matrimonio homosexual es un acicate para la conquista de todos los reclamos democráticos y sociales pendientes, desde el derecho al aborto hasta la conquista del 82% móvil. Pero no podemos delegar las batallas que se vienen en los partidos o direcciones gremiales atadas al capital y a la reacción política. Tomemos en nuestras manos la lucha por el salario, las jubilaciones y los derechos democráticos, para desarrollar sobre esa base una alternativa política propia.

Jubilaciones: los K y la oposición embarran la cancha

Ganemos las calles por el 82% móvil
En su concurrencia al Senado, el ministro Boudou dijo que si se avanza con el aumento de las jubilaciones, el país iría al “default”. Una vez más, el ministro mintió. En el mejor de los casos, el aumento que sancionaría el Congreso representa la décima parte de la deuda externa pagada por los “K” –y una proporción similar de la fuga de capitales consentida en los últimos tres años. De todos modos, lo de Boudou es una confesión. El kirchnerismo viene pagando deuda a los banqueros internacionales a costa de endeudarse, en igual medida, con la Anses y el Banco Central. Lo que los economistas llaman “deuda intraestado” es el saqueo de los recursos jubilatorios para pagar la deuda externa. En su presentación ante los senadores, Boudou defendió el uso de los fondos de la Anses, sin restricciones, para ese rescate de capitalistas y banqueros.
Desguace
Más allá de esta extorsión oficial, el pasaje del proyecto jubilatorio al Senado ha multiplicado el campo de maniobras contra la propuesta de elevar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo. En Diputados, la oposición había logrado un dictamen favorable al 82% del salario mínimo, así como a la actualización de las jubilaciones de acuerdo con los índices salariales no reconocidos en el pasado. Aunque el oficialismo boicoteó su tratamiento en la Comisión de Presupuesto, los diputados estaban obligados a tratarlo en un plazo máximo de un mes, en sesión plenaria. Los propios opositores anticipaban, para esa eventualidad, una “holgada mayoría”. En vez de avanzar por ese rumbo, decidieron trasladar el trámite del proyecto al Senado, donde la relación de fuerzas es más reñida y las cooptaciones oficiales están a la orden del día. Por lo pronto, el Senado desguazó la iniciativa parlamentaria en dos proyectos separados. Por un lado, el que aumenta la jubilación mínima. Por el otro, el que establece la actualización de las restantes jubilaciones. En la tarde del martes 14, el dictamen de la Comisión de Presupuesto sólo abarcó el aumento de la mínima. El otro proyecto debe esperar su tratamiento en otra comisión. Así, ha quedado abierta la instancia de una votación amputada del proyecto original, incluso como parte de una negociación con los “K”.
Disparen contra el 82% móvil
Aún en esta versión mutilada, el resultado del Senado está en veremos. Una votación favorable sólo podría imponerse con el voto de varios semioficialistas, que han condicionado su voto a reclamos de fondos para sus distritos. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, la Coalición Cívica reclama que “se llegue a un acuerdo sobre la fuente de financiamiento” (La Nación, 12/7), a sabiendas de que las divergencias en la oposición son marcadas. Para el peronismo federal, los recursos deben salir de la “racionalización de subsidios a la energía eléctrica y al transporte automotor” (ídem), o sea que las mayores jubilaciones deberían ser pagadas con tarifazos. Pero la votación del aumento jubilatorio no debería estar condicionada a ninguna resolución especial sobre su financiamiento. Como cualquier otro proyecto, sus recursos deben ser discutidos y previsionados en el futuro presupuesto. A su modo, la oposición también embarra la cancha para limitar los alcances del aumento jubilatorio. La razón es sencilla: el Congreso reúne a los representantes de los lobbys capitalistas que salieron a rechazar, a coro, el proyecto de aumento de los haberes. En voz baja, los mismos bloques que dicen apoyar el 82% de la mínima sostienen que se trata de una decisión “poco meditada” y que “debe pensarse en el financiamiento a más largo plazo, y no sólo en la gestión de Cristina” (Clarín, 12/7). Un eventual gobierno opositor para después de 2011 no quiere cargarse con la “hipoteca” de jubilaciones.
Ganemos la calle
Lo que las conspiraciones parlamentarias no pueden cerrar es el clima de inquietud popular que se está gestando alrededor de la cuestión jubilatoria. El Partido Obrero lo ha podido pulsar con las mesas callejeras, la colocación del periódico y el inicio de una juntada de firmas por el 82% y la actualización de los haberes. En plazas y terminales de tren, se han formado colas para adherir al reclamo. Más que nunca, su porvenir depende de una gran movilización política. En los sindicatos, la batalla por el 82% y la actualización es también una bandera de lucha contra los Moyano y los Yasky, que han cerrado filas con el gobierno. Ganemos la calle, recojamos pronunciamientos en todos lados y preparemos una gran movilización al Congreso para cuando el Senado trate el proyecto. Sobre esta base, podremos quebrar las maniobras de quienes, desde el gobierno y la oposición, trabajaron durante décadas por la destrucción de las conquistas jubilatorias.

Marcelo Ramal

jueves, 8 de julio de 2010

GANEMOS LA BATALLA DE LAS JUBILACIONES

“Es demencial, una irresponsabilidad”, una locura”, repiten a coro los Kirchner, Boudou y Aníbal Fernández.
¿Se refieren a los medicamentos truchos? ¿A la inflación?
No.
Están furiosos porque se debate una ley para elevar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo y actualizar los haberes congelados primero por Cavallo y luego por los K.
“No hay de dónde sacar la plata”, miente Boudou, mientras saquea sin vergüenza las reservas internacionales del Banco Central y los dineros de la Anses para pagar a los usureros internacionales.
“No hay de dónde sacar la plata”, repiten los tránsfugas, que nunca se preguntan de donde sacará la plata un obrero para pagar los aumentos de precios; o un contribuyente, para pagar mayores impuestos y tarifas; o el propio país, para pagar la deuda externa o los negociados de la patria paralela de los K y los De Vido.
Más grave es, sin embargo, lo que ocurre con Moyano y con Yasky.
Moyano, para sacar a los K del ‘apuro’, está planteando que se vote el 82%, a condición de que se lo vaya pagando en cuotas: primero el 60%, luego el 65, a paso cansino, como está acostumbrado a hacerlo él mismo en las paritarias.
Yasky eligió otro argumento: la Anses no tiene plata, que paguen los patrones, a sabiendas de que la mayoría del Congreso no lo votaría porque representa, precisamente, a esos patrones.
Yasky disfraza su oposición al 82% con el cinismo; en Ctera acaba de firmar un acuerdo que aumenta las jubilaciones docentes en un ¡0,98%!
Los macaneos de Moyano y Yasky nos dan una pauta de lo que ya se está negociando en el Congreso para desvirtuar los proyectos que se han presentado, ¡y que ya están desvirtuados, porque no establecen el 82% móvil sobre el último salario cobrado, sino solamente sobre el mínimo!
Sin embargo, podemos ganar, porque tenemos el apoyo de todo el pueblo.
Para eso tenemos que movilizarnos, ganar la calle, realizar debates, firmar petitorios y preparar una gran concentración para cuando se discutan los proyectos.
Necesitamos movilizar a los sindicatos: el dinero que los K están dilapidando es el que aportan los trabajadores activos, que llegado el momento también tendrán que jubilarse.
En este terreno hay que dar una gran batalla en las elecciones inminentes en Ctera y en la CTA, para denunciar y derrotar a Yasky, un agente de los K, que ya ha declarado su propósito de estatizar por completo a la CTA.
Para eso tenemos que organizar listas clasistas, o sea que denuncien y combatan la integración de los sindicatos al Estado, planteen su independencia de clase y rechacen cualquier ‘paz social’ con los patrones y su Estado.
Aprovechemos la indignación popular que desata la inflación, el crecimiento de la desigualdad social, la complicidad de las fuerzas de represión con el delito organizado, la corrupción, las embajadas paralelas, los negociados con las mineras contaminantes y con el conjunto de los capitalistas; aprovechemos esta indignación para ganar la batalla de las jubilaciones.
La consigna es: recurramos a todos los medios de movilización y de lucha para ganar la batalla de las jubilaciones.

Adónde va la CTA y nuestra política

Para Pablo Micheli, de ATE, “no hay unidad porque nos vinieron con la imposición de un candidato a secretario general, sin poder discutirlo. Pero a los de ATE no nos arrean, por más que crean que tienen poder”. También cree necesario aclarar que la división entre Yasky y De Gennaro “no es una lucha de aparatos entre ATE y Ctera, porque el que apuesta a eso pierde. Pero es absolutamente cierto que con ATE no se jode”. En lenguaje típico de la burocracia cegetista, que siempre defiende un aparato contra otro, anuncia que ATE dará batalla electoral. Claro que nunca se tomó el trabajo de discutir esto con las bases de ATE, como tampoco se le ha ocurrido a Yasky con las bases de Ctera. En el mismo reportaje, Micheli cree necesario defender a los “militantes de la CTA que apoyan al gobierno kirchnerista porque somos plurales”, o sea que sale a cubrir a Yasky incluso después de la división. Pero no son los ‘militantes’ quienes están en los diarios defendiendo la sumisión política a los K sino los dirigentes yaskistas, que no cuentan con mandato para eso, como tampoco lo cuenta De Gennaro para defender al capital sojero. La pluralidad debe servir para elaborar un mandato sindical, que luego debe ser defendido por medio de la acción, no para justificar las decisiones inconsultas de los burócratas, que comprometen la independencia formal y clasista de los sindicatos. Las elecciones en la CTA se van a realizar con los padrones fabricados por su burocracia, respaldados por el Ministerio de Trabajo. Sobre esto, Micheli no tiene nada para denunciar.
La letanía del pluralismo apunta a encubrir la volatilización política de la corriente oficialista de la CTA, que no aprendió nada de su pasado aliancista y de su conducta antagónica al levantamiento popular de 2001.
La atomización de la dirección de la CTA se expresa en las regionales, donde se planean listas “autónomas”, para despegarse de una u otra lista del ex oficialismo. Watsejko, del sindicato del neumático, insiste en otra variante con el propósito de quedar bien parado en las seccionales y mirando en su propio futuro: la de ofrecer al sindicato del Neumático, o sea él, como ‘prenda de una unidad’. Esto fue rechazado por Micheli con el calificativo de “amontonamiento”, para que no le ‘jodan’ su propio aparato.
Las listas “ni” uno “ni” otro en las seccionales expresan la profundidad de la crisis del oficialismo. En el ‘ni, ni’ se esconde una gran confusión ante la crisis, sin dejar de ser un intento de varios caciques locales para preservar sus posiciones y sus pequeños presupuestos de seccionales. La única salida a esta crisis es plantarse con una posición clasista, que se plasme en una lista nacional.
El tironeo de la cúpula de la CTA se opera de espaldas a las tendencias a la lucha y a la rebelión que recorre todos los sindicatos de la CGT y de la CTA. A los Micheli y a los De Gennaro no se les ocurre convocar a un congreso de bases si realmente creen que su disputa con Yasky es un intento por asegurar la autonomía de la CTA.
En el Congreso provincial de ATE, hace pocos meses, los delegados de ATE Sur y de Tribuna Estatal presentaron un plan de lucha y criticaron a la Constituyente Social por significar una vía de subordinación de la clase obrera a sectores patronales (disfrazados de pequeños productores o afiliados individuales). El sindicato de ATE Sur, como tal, decidió promover la formación de listas independientes de ambas fracciones de la burocracia de la CTA, tanto en lo local y provincial, como en lo nacional.
El Sutna (neumáticos) de San Fernando ha girado también un llamado de parte de su cuerpo de delegados y de su comisión directiva. La dirección de AGD-UBA ya encabezó una lista clasista nacional en las pasadas elecciones de la CTA y ha definido, de nuevo, la necesidad de una nueva dirección de la CTA. Es importante que al interior de todas las organizaciones obreras combativas de la CTA se abra el más amplio debate.
Organicemos, en común, plenarios locales y un plenario nacional.

Néstor Pitrola

SAN LORENZO - PUERTO SAN MARTIN: La "patria sojera" sigue triturando obreros

El jueves 1° de julio explotó una sección en Terminal 6 (que tiene la Aceitera General Deheza como principal socio), donde se calienta el grano triturado para luego enfriarlo y obtener aceite usando hexano como solvente. Este solvente es muy volátil y explosivo.
La planta ya experimentaba fallas y ruidos raros, por lo que se puede inferir que las reparaciones a las apuradas fueron deficientes y que se continuó el proceso violando las reglas de seguridad.
Ocho obreros sufrieron golpes y quemaduras por la onda expansiva. Dos son efectivos de la empresa y seis contratados mediante la contratista Sergen.
La complicidad de todo el arco político-gremial es alevosa.
Las pocas declaraciones, tanto de la patronal como del contratista, se complementan hasta lo intorelable con la del gremio aceitero.
El secretario general Pablo Reguera se limitó a declarar que las lesiones fueron en su mayoría menores y que solamente un obrero tenía quemaduras más severas, pero que sus vidas no peligran. Incluso ante las preguntas de la radio LT8 (tomada por varios medios gráficos) aseguró que tampoco hubo peligro para la población, ya que el barrio de Bella Vista (el más cercano a Puerto San Martín) está a 2 Km de la planta.
La ley provincial (12931) de creación de comités mixtos de seguridad e higiene que promocionaran el binnerismo y la CTA entrega todo el poder de decisión a las patronales con lo que es una normativa para hacer como que se controla; ni siquiera es cumplida por la mayoría de las patronales.
El Partido Obrero fue la única organización que hizo una campaña pública planteando un paro y movilización de todo el Cordón Industrial para arrancar la elección de comités de seguridad compuestos por obreros y vecinos electos en asambleas, y que las empresas financien integralmente el funcionamiento y los recursos monetarios para que realmente se prevengan tanto los “accidentes” y como la contaminación ambiental.
Que haya tutela sindical para los obreros que los integren.
¡Basta de muertes y “accidentes” en las fábricas!
¡Basta de depredación ambiental y laboral!

Cacho Calarota

España: comienza la resistencia

El lunes 5, una asamblea de trabajadores del Metro de Madrid pospuso hasta el 12 de julio la adopción de nuevas medidas de lucha, con el objetivo de negociar con la empresa recortes presupuestarios que no afecten a la masa salarial. La decisión es una clara concesión a la exigencia de levantar las medidas de fuerza para negociar por parte de la Comunidad de Madrid, el patrón de los trabajadores del subterráneo. No es menos cierto que la Comunidad pasó de la intransigencia absoluta a la voluntad de negociar. Más allá del buen fin de esta negociación, la huelga de los trabajadores y empleados de Metro fue uno de los hechos que desnudaron hasta qué punto el control de las direcciones de Unión General de Trabajadores (UGT) y de Comisiones Obreras (CCOO) puede resquebrajarse.
La semana del 21 de junio, los trabajadores del Metro votaron en asamblea tres días de huelga –el 28, 29 y 30 de junio– en contra de la rebaja salarial del 5% que el gobierno de la Comunidad de Madrid estableció. El lunes 28, la Asamblea de Madrid, parlamento regional, aprobó la reducción de sueldos para 200.000 trabajadores, entre ellos médicos, profesores, trabajadores de las universidades públicas y medios de comunicación como Telemadrid. El decreto de la Comunidad de Madrid incluyó además a los trabajadores de empresas públicas que fueron exceptuados en el decreto del gobierno central, entre ellos los del Metro.
El mismo lunes 5, ante la aprobación del decreto por la Comunidad, una asamblea de los trabajadores de Metro decidió mantener la huelga los días 29 y 30 de junio, pero no respetar los servicios mínimos abusivos aprobados por la empresa a la vista de la aprobación del decreto. Los trabajadores exigen ahora, entre otras cosas, que se retiren las más de 400 sanciones contra los huelguistas a raíz de los dos días de “huelga salvaje”.
En el Metro, además de los sindicatos CCOO y UGT, están presentes otras organizaciones sindicales. En particular Solidaridad Obrera, rama sindical de la anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Los trabajadores de Metro tienen además una larga tradición de lucha. Esta huelga tuvo lugar en medio de la tregua de hecho que CCOO y UGT han dictado para favorecer la aprobación de una reforma laboral antiobrera en el parlamento español antes de agosto. Tanto CCOO como UGT están presentes en el comité de empresa y de huelga, y han tenido que plegarse al movimiento; son signos de sus dificultades de supervivencia. Durante una semana, los trabajadores del Metro fueron el referente de la resistencia obrera.
Entretanto, en plena efervescencia madrileña, el 29 de junio se celebró en el País Vasco una huelga general. La huelga convocada por el sindicato nacionalista ELA-STV, vinculado con el Partido Nacionalista Vasco, y por LAB, el sindicato controlado por la izquierda independentista, tuvo una repercusión desigual, aunque de acuerdo con sus organizadores fue cumplida con éxito en las grandes concentraciones industriales de la región y en los transportes públicos. La jornada se cerró con importantes manifestaciones en las principales ciudades del País Vasco. Comisiones Obreras de Euskadi decidió plegarse a la huelga del 29 de junio. Es decir, por una vez que los sindicatos nacionalistas lanzan una movilización de clase contra las medidas del gobierno, CCOO se ve obligada a seguir el movimiento para no quedar en la acera de Rodríguez Zapatero, pero se da el lujo de decir que el decreto del gobierno ha sido por ausencia de negociación sindical, cuando ellos –CCOO y UGT– se pasaron meses en la mesa de negociación sin resultado alguno. En todo caso, el decreto es resultado de la pasividad de CCOO y UGT (www.ccoo-euskadi.net/webeuskadi/menu.do?Inicio:91066).
El otro acontecimiento significativo fue la convocatoria en Barcelona de una asamblea de trabajadores, ciudadanos y estudiantes por parte de los trabajadores y el comité de empresa de los trabajadores de autobuses de Barcelona. De acuerdo con los compañeros de En Defensa del Marxismo de Barcelona, que concurrieron al acto, asistieron entre 300 y 400 personas. La asamblea declaró que aspira a utilizar la convocatoria a la huelga pos-datada por parte de CCOO y UGT para el 29 de septiembre, dentro de dos meses y medio, en un eje de movilización. El acta de la asamblea declara que “resulta escandalosa la actuación de las cúpulas de CCOO y UGT, que después de haber apoyado a Zapatero durante todos estos años, ahora se muestran incapaces de plantarle cara. En lugar de convocar una huelga general para echar atrás las medidas, dejan que estas se aprueben, y nos hablan de una hipotética ‘huelga general’ para fines de septiembre.”
La asamblea propuso crear comités y asambleas de fábrica y de barrios, y organizar a los desocupados. El 15 de septiembre se ha convocado una nueva asamblea. Mientras tanto funcionarán comités de comunicación y expansión del movimiento, y se planteará el trabajo fábrica por fábrica, barrio por barrio, a partir de la auto-organización de los militantes y trabajadores. El comité de empresa de los trabajadores de autobuses de Barcelona tiene mayoría de corrientes clasistas y ha estado a la vanguardia de las luchas por el salario y las condiciones de trabajo en esa ciudad.
Sebastián

martes, 6 de julio de 2010

82% móvil: lo que no dice Binner

“La negativa del kirchnerismo a mejorar los miserables haberes de los jubilados nacionales, no puede ser utilizada por el Dr. Binner para encubrir la realidad en Santa Fe y fundamentalmente su propia política contra los trabajadores y jubilados provinciales”, señaló Carlos Blanco, dirigente provincial del Partido Obrero.

Según Blanco “Las afirmaciones del gobernador santafesino de que en la provincia está vigente el 82% móvil son falsas”. “La ley jubilatoria provincial (6915 y modificatoria 12.464/05) sostiene que los trabajadores se jubilan, a los 60 años la mujer y a los 65 años el hombre, cobrando como haber el 72% del monto obtenido en base al promedio mensual de la suma de las remuneraciones actualizadas, de los últimos 10 años, percibidas por el afiliado. Recién con 5 años más de aportes se llega al 82%, que no es móvil porque el ajuste de los haberes se realiza mediante un coeficiente fijado por el ejecutivo que generalmente es menor al porcentaje de aumento de los activos”.

Blanco se refirió a otros puntos de discrepancia con el gobernador: “Los otros aspectos realmente importantes y sobre los que el Dr. Binner no dice una palabra es que en la provincia los salarios de los maestros como así también de los auxiliares de educación, los trabajadores de los hospitales y otras reparticiones son de hambre, con básicos de $ 230-240 pesos que hacen un salario de bolsillo que apenas supera el 50% de la canasta familiar. Tampoco dice el Dr. Binner que bajo la gestión “socialista” la precarización laboral en la Provincia pegó un nuevo salto.”

Finalmente Carlos Blanco señaló el apoyo del Partido Obrero al reclamo del 82% móvil para los jubilados nacionales y provinciales, como así también la necesidad del pase a planta de todos los trabajadores que se encuentran bajo diferentes formas de contratación, para terminar con la precarización laboral en la provincia y la reapertura de las paritarias para llevar el sueldo de los activos al valor de la canasta familiar y mejorar de esta manera, también, el haber de los pasivos.

lunes, 5 de julio de 2010

¡BASTA DE MUERTES OBRERAS!

A las recientes muertes de tres obreros de ASSA y dos camioneros, se suman ahora ocho obreros golpeados y quemados por la explosión del 01/07/10 en Terminal 6. Dos de la empresa y seis de una contratista.
La empresa, y la contratista Sergen, hicieron declaraciones disimulando el hecho y advirtiendo que los obreros estaban fuera de peligro. Trataron de minimizar los alcances que tuvo y podían ser mucho mayores de operar a máxima producción violando las normas elementales de seguridad.
Los responsables políticos de esta muertes son: En primer lugar el gobierno de Binner que a pesar de la sucesión de muertes y accidentes en los cordones industriales y las promesas de leyes de seguridad, sigue siendo cómplice de las patronales que levantan con la pala millones dólares a costa de la sangre de los trabajadores. En segundo lugar los intendentes del cordón que siguen los pasos de complicidad del gobierno provincial y se arrastran serviles ante estas grandes empresas sin tomar una sola medida que evite muertes y accidentes. .
Los gremios de la CGT oficialistas y opositores nada han hecho ante la sucesión de muertes y accidentes obreros Es necesario pararles la mano a las patronales, dejar las declaraciones y pasar a los hechos
En Villa Constitución todo un pueblo se movilizo contra la muerte de dos metalúrgicos. Si es necesario hay que hacer un “cordonazo” para parar estos asesinatos.
s necesaria una movilización de todo el cordón y un paro general activo para defender la vida de los trabajadores.
Basta d e impunidad. Juicio y castigo a los responsables políticos de estas muertes.
Formación de Comités de Seguridad en cada planta con fueros gremiales, elegidos en asambleas y revocables ante las mismas.

PARTIDO OBRERO – Cordón Industrial San Lorenzo - 05-07-10

jueves, 1 de julio de 2010

DEL 3 AL 11 de JULIO: Semana especial de Campaña Financiera

La Campaña Financiera del Partido Obrero avanza en todo el país. Los primeros ingresos corresponden al aporte de los militantes y de algunos centenares de simpatizantes, aunque muchos más se comprometieron a concretar el suyo con el cobro del medio aguinaldo de julio. Esto significa que durante los próximos diez días, toda la militancia del Partido Obrero se volcará a colectar esos aportes y a rematar debates con los compañeros de cada frente, fábrica, barrio y facultad.
Compañera, compañero: te invitamos a sumarte, con tu esfuerzo, a la lucha por un partido obrero.

La rebelión popular de los jubilados

El proyecto de ley sobre jubilaciones, que impulsan los bloques opositores en el Congreso, no demoró ni un poquito en desestabilizar el estado anímico y el político de la camarilla gobernante. La mentada derecha destituyente corre ahora a la camarilla por izquierda. La camarilla reaccionó con una torpeza de antología: primero Rossi y Kunkel, y luego el mismísimo Néstor, salieron a prometer el veto presidencial. Se envalentonaron más y lo mandaron al frente a Boudou. Lo que lograron es, sencillamente, convertir al proyecto de ley en una causa para la rebelión nacional. Los K han sido desafiados en su propio terreno: luego de que atacara el ‘ajuste’ en la reunión de presidentes del G-20, la Presidenta debía salir a defenderlo en su propio patio. En un mundo donde las jubilaciones son la principal variable del ajuste fiscal, la camarilla K defiende un régimen que otorga a los jubilados el 34% promedio del sueldo al cese laboral y tiene al 80% en la miseria de 900 pesos. Ninguno de los Estados ‘ajustadores’ ha llegado por ahora a semejante atropello. La Presidenta corre el riesgo de comprobar, a su propio costo, que el derecho del veto puede llegar a no ser más que papel mojado. Probablemente, acabará negociando con los De Narváez una salida intermedia, que dependerá, claro, de lo que le pidan a cambio.
El proyecto ha sido calificado del 82% móvil en forma impropia, pues se limita a establecer una jubilación mínima de ese porcentaje en relación con el salario mínimo (que es de 1.500 pesos), un 70% por debajo de la canasta familiar. Claro que, en vista de un próximo aumento de ese mínimo a 1.700 pesos, la jubilación mínima aumentaría más de un 50% en pocas semanas. La reivindicación no adulterada de 82% se refiere al salario al cese laboral –no a un salario mínimo manipulado por un Consejo de Salarios con intervención de las patronales y el Estado.
No es lo que plantea el proyecto de ley. Este plantea también el ajuste de las jubilaciones de acuerdo con la evolución de los salarios –no, como ocurre ahora, que se ajusta por un índice confuso que subestima la inflación. Se trata de una mejora, por cierto, pero que consolida la relación jubilación-salarios en un nivel muy bajo. Por último, el proyecto recoge el fallo judicial Badaro, que ordena ajustar las jubilaciones congeladas por Cavallo de acuerdo con la inflación. Se trata de la generalización de una sentencia modelo, que no devuelve las pérdidas ya ocasionadas a los afectados. El reclamo de extender el fallo Badaro ya ha ocasionado 350 mil presentaciones judiciales.
El proyecto todavía requiere precisiones, porque pretende establecer la financiación de los aumentos: los intereses del Fondo de Sustentabilidad, el aumento de los aportes patronales y otros. Las patronales se van a oponer. La mayor parte del dinero excedente de la Anses se invierte ahora en la compra de títulos de la deuda pública –lo mismo que hace, por ejemplo, Grecia: rescatar con dinero de los jubilados a los acreedores privados, antes de declarar el ‘default’. La aprobación del proyecto de ley acabará por darle un contenido progresivo real a la estatización de las AFJP.
El súbito interés del parlamento por la miseria de las jubilaciones basta para demostrar que no responde a un interés genuino de los parlamentarios, cuya mayoría está atornillada en el Congreso hace mucho tiempo. Es la consecuencia de una intensa movilización por rutas no tradicionales -como el recurso judicial, pero también las protestas y manifestaciones, como demostraron los docentes jubilados.
Ahora se trata de que el proyecto no quede bloqueado en las Cámaras o anulado por el veto. En el caso de la ley de glaciares, la camarilla vetó una ley votada por unanimidad, es decir incluso por sus propios seguidores. Se trata también de impedir que sea modificado para peor. Las patronales van a ‘tocar’ a los Macri, De Narváez, partidos provinciales y a otros aún tapados.
El camino que proponemos seguir es copar la plaza de Congreso en cada sesión de tratamiento del proyecto –incluso copar las reuniones de las comisiones vinculadas con el asunto. En este marco, debemos dar una batalla para que el 82% sobre el salario mínimo sea apoyado por paros y una huelga general. El Partido Obrero se empecinará, en esta campaña, para desenmascarar a los usurpadores de los sindicatos –tanto a la nueva pareja de Moyano-Yasky como a los alineados con los capitales sojeros.

Jorge Altamira

SIETE CAMIONEROS MUERTOS EN DOS AÑOS

"Sin mayor investigación"

Otro camionero murió por inhalar un pesticida que le ponen a la soja. En los últimos dos años, murieron al menos siete camioneros a causa del pesticida que los productores y acopiadores sojeros le echan a la carga antes de llegar al puerto. El crimen es responsabilidad de los grandes pulpos exportadores: Cargill, Louis Dreyfus, Bunge & Born, ADM, Nidera, Toepfer y otros, que utilizan un pesticida llamado Phostoxin, compuesto por floruro de aluminio y que al entrar en contacto con el aire libera un gas venenoso que mata insectos y pequeños animales, como roedores y conejos. El director de Salud Laboral del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, Carlos Vaca, reconoció que “mata los gorgojos pero también mata a los seres humanos” (ellitoral.com, 12/5).
Las patronales se lavan las manos colocando el pesticida fuera de sus plantas. Hacerlo correctamente les costaría 700 pesos por día. Aunque existe una ley, ésta no se encuentra reglamentada, lo que la convierte en letra muerta, bien muerta. Para usar el Phostoxin deberían bajar la mercadería, fumigarla, dejarla airear durante 48 horas y luego subirla nuevamente al camión. Los conductores mueren al respirar el gas, los que sobrevivieron quedaron con consecuencias respiratorias.
Las otras formas de fumigar la soja son: bajar la temperatura de la carga a 17ºC –sólo con eso ya no habría gorgojos–, la otra es el uso de insecticidas más caros. En 2009, cuatro camioneros murieron mientras estaban durmiendo, las cargas pertenecían a Bunge & Born, “las muertes fueron atribuidas a ‘paro cardiorrespiratorio’ sin mayor investigación”. La vida no vale nada para los monopolios de la exportación ni para el gobierno, que deja hacer sus millonarios negocios sin ningún tipo de control.

Clementina Robles

Crisis capitalista: cartón lleno

Los mandatarios de los países del G-20 son pájaros de mal agüero. Luego de una ‘fructífera’ reunión en Toronto, Canadá, el fin de semana pasado, el martes siguiente se produjo un derrumbe generalizado en las bolsas de Estados Unidos, Europa, China y Japón. Los detonantes de la crisis fueron: 1) el conocimiento de que el Banco Central Europeo renovaría los préstamos que concedió a los bancos solamente por tres meses, por alrededor de 600 mil millones de euros; 2) los datos de la caída de las ventas de casas en Estados Unidos (el hundimiento de las agencias estatales que garantizan el crédito hipotecario) y el agravamiento de la crisis fiscal de sus Estados; 3) la corrección a la baja del crecimiento de China y el pronóstico de que caerán sus exportaciones a Europa. Pero esta es la parte anecdótica de la noticia, porque la principal es la confirmación de que buena parte de los bancos de Europa están en quiebra (en especial los alemanes y los españoles) y de que Grecia vuelve a pagar tasas usurarias para renovar sus vencimientos de deuda. Para mediados de julio está previsto un vencimiento de la deuda de España, por casi 20 mil millones de dólares, que nadie sabe cómo se hará frente. Esto ocurre cuando está vigente el fondo de garantía de Grecia, por 160 mil millones de dólares, y del conjunto de la zona euro, por casi un billón de dólares. El respaldo de fondos públicos no ha servido para detener el derrumbe en lo más mínimo. El alcance de este nuevo ‘martes negro’ para el conjunto de la economía es que tiene mucho que ver con el progresivo congelamiento de los préstamos entre bancos, o sea la posibilidad de una nueva quiebra de bancos, nuevo congelamiento del crédito y, por lo tanto, del proceso industrial en general. El caso de Grecia es ejemplar, porque la incapacidad de pagar la deuda, unida al corte del respaldo del Banco Europeo, llevará a la quiebra de los bancos locales controlados por los bancos franceses y alemanes. Crecen por eso los reclamos para que Alemania acepte una quita de la deuda de Grecia. La llamada tasa Libor, que mide los préstamos interbancarios de corto plazo, sigue subiendo sin pausa. La opinión convencional ya está aceptando la posibilidad de la doble caída, en forma de W, o sea un retorno a finales de 2008; fue lo que ocurrió en la depresión que comenzó en 1929. No es para nada ajena a este derrumbe la ola de movilizaciones obreras que sacude el verano europeo, pues pone en evidencia los límites potenciales del ajuste que impulsan los Estados respectivos. Aunque la burocracia ha conseguido contener a esos movimientos hasta ahora dentro de límites estrechos, la huelga del subterráneo de Madrid podría indicar otra cosa: el estallido de la fuerza elemental de los trabajadores que aparta sin miramientos a la burocracia sindical. Es lo que ha venido ocurriendo en China y, la semana pasada, con la huelga activa y combativa de 300 mil obreros que trabajan en la industria textil de Bangladesh, subcontratista de las grandes firmas de indumentaria.
El derrumbe del martes tiene un interés especial porque sirve para demostrar la falacia que enfrenta a los partidarios del ajuste fiscal, por un lado, y a quienes postulan aumentar los estímulos financieros, por el otro, como recursos supremos para evitar una catástrofe generalizada. Es que la corrida bancaria del martes en Europa puso de manifiesto que los fondos que entrega el Estado para reactivar la economía no han sido usados por los bancos para depurar sus balances de las deudas que han contraído u otorgar créditos, sino para especular con las deudas públicas que ahora el Estado no puede pagar. El ‘estímulo’ no contiene la crisis sino que la amplifica, pues opera a través del canal de los bancos que ‘provocaron’ la presente crisis, en primer lugar. Mientras el ‘ajuste’ conduce directo a la recesión y, por lo tanto, al impago de la industria a los bancos y a la crisis bancaria; el ‘estímulo’ incrementa el ‘apalancamiento’ de los bancos (o sea, aumenta la relación de sus deudas en relación con el capital) con dinero del Estado, acentúa la crisis fiscal y concluye en la bancarrota financiera (el mismo camino tiene dos puntos de partida). La emisión monetaria gigantesca de la Reserva Federal en beneficio de los bancos en Estados Unidos ha sido la fuente de la especulación bursátil de 2009 en ese país y en el extranjero, y de la especulación con la deuda pública nacional y extranjera. Esta especulación explica la alta cotización de los bonos del Tesoro norteamericano y el fenómeno deflacionario en Estados Unidos, porque la deuda pública desaloja al crédito en la absorción del dinero circulante. La W, o doble caída, es un resultado del ‘estímulo’ que quiere ahora contener el ‘ajuste’. Por otra parte, ningún ‘estímulo’ puede sustituir a la motivación fundamental del capitalismo: la tasa de ganancia que ‘remunera’ a su capital. Esta ‘remuneración’ no levanta cabeza en medio de una inmensa sobreproducción de mercaderías y de capitales.
La alabada intervención del Estado no tiene lugar como contraposición a la economía (capitalista), porque procede con sus mismos métodos: financiamiento de los bancos con emisión de la banca central. Pero operar de otro modo chocaría con los bancos, en primer lugar, y con el conjunto del capital en general. La ‘socialización de las pérdidas’ por parte del Estado reproduce el sistema que entró en crisis; para salir del paso debería ‘socializar’ también, al menos parcialmente, al propio capital, o sea operar, parcialmente, con parámetros no capitalistas. Pero semejante acción tiene límites insalvables: el fundamental es que acentúa las expresiones de disolución de la clase capitalista, pero también porque puede acentuar, si no desarrolla la productividad del trabajo, la caída de la tasa de beneficios; y si lo hace, la disminución de la demanda de consumo personal con relación al nuevo capital empleado.
La salida a la crisis no puede escapar a las leyes de la crisis: quiebras en gran escala, perjuicios catastróficos contra la fuerza de trabajo, reestructuración económica y social de conjunto. Pero éste es también el camino que conduce a la revolución social, que nace cuando la contradicción entre las relaciones de producción, por un lado, y el desarrollo de las fuerzas productivas, por el otro, resulta insuperable.
Cuando el premio Nobel de Economía Paul Krugman postula un ‘estímulo’ ilimitado por medio de la emisión de moneda para reactivar a la economía norteamericana, tiene en claro que esto lo lleva a una guerra comercial, que es lo que propugna precisamente contra China. Es que sin proteccionismo el ‘estímulo’ en un país, Estados Unidos, se escurre al conjunto de la economía mundial o lleva a la devaluación del dólar. Detrás de las discusiones estériles del G-20 asoma la guerra comercial y la disgregación de la economía mundial.

Jorge Altamira