La rebelión popular de los jubilados

El proyecto de ley sobre jubilaciones, que impulsan los bloques opositores en el Congreso, no demoró ni un poquito en desestabilizar el estado anímico y el político de la camarilla gobernante. La mentada derecha destituyente corre ahora a la camarilla por izquierda. La camarilla reaccionó con una torpeza de antología: primero Rossi y Kunkel, y luego el mismísimo Néstor, salieron a prometer el veto presidencial. Se envalentonaron más y lo mandaron al frente a Boudou. Lo que lograron es, sencillamente, convertir al proyecto de ley en una causa para la rebelión nacional. Los K han sido desafiados en su propio terreno: luego de que atacara el ‘ajuste’ en la reunión de presidentes del G-20, la Presidenta debía salir a defenderlo en su propio patio. En un mundo donde las jubilaciones son la principal variable del ajuste fiscal, la camarilla K defiende un régimen que otorga a los jubilados el 34% promedio del sueldo al cese laboral y tiene al 80% en la miseria de 900 pesos. Ninguno de los Estados ‘ajustadores’ ha llegado por ahora a semejante atropello. La Presidenta corre el riesgo de comprobar, a su propio costo, que el derecho del veto puede llegar a no ser más que papel mojado. Probablemente, acabará negociando con los De Narváez una salida intermedia, que dependerá, claro, de lo que le pidan a cambio.
El proyecto ha sido calificado del 82% móvil en forma impropia, pues se limita a establecer una jubilación mínima de ese porcentaje en relación con el salario mínimo (que es de 1.500 pesos), un 70% por debajo de la canasta familiar. Claro que, en vista de un próximo aumento de ese mínimo a 1.700 pesos, la jubilación mínima aumentaría más de un 50% en pocas semanas. La reivindicación no adulterada de 82% se refiere al salario al cese laboral –no a un salario mínimo manipulado por un Consejo de Salarios con intervención de las patronales y el Estado.
No es lo que plantea el proyecto de ley. Este plantea también el ajuste de las jubilaciones de acuerdo con la evolución de los salarios –no, como ocurre ahora, que se ajusta por un índice confuso que subestima la inflación. Se trata de una mejora, por cierto, pero que consolida la relación jubilación-salarios en un nivel muy bajo. Por último, el proyecto recoge el fallo judicial Badaro, que ordena ajustar las jubilaciones congeladas por Cavallo de acuerdo con la inflación. Se trata de la generalización de una sentencia modelo, que no devuelve las pérdidas ya ocasionadas a los afectados. El reclamo de extender el fallo Badaro ya ha ocasionado 350 mil presentaciones judiciales.
El proyecto todavía requiere precisiones, porque pretende establecer la financiación de los aumentos: los intereses del Fondo de Sustentabilidad, el aumento de los aportes patronales y otros. Las patronales se van a oponer. La mayor parte del dinero excedente de la Anses se invierte ahora en la compra de títulos de la deuda pública –lo mismo que hace, por ejemplo, Grecia: rescatar con dinero de los jubilados a los acreedores privados, antes de declarar el ‘default’. La aprobación del proyecto de ley acabará por darle un contenido progresivo real a la estatización de las AFJP.
El súbito interés del parlamento por la miseria de las jubilaciones basta para demostrar que no responde a un interés genuino de los parlamentarios, cuya mayoría está atornillada en el Congreso hace mucho tiempo. Es la consecuencia de una intensa movilización por rutas no tradicionales -como el recurso judicial, pero también las protestas y manifestaciones, como demostraron los docentes jubilados.
Ahora se trata de que el proyecto no quede bloqueado en las Cámaras o anulado por el veto. En el caso de la ley de glaciares, la camarilla vetó una ley votada por unanimidad, es decir incluso por sus propios seguidores. Se trata también de impedir que sea modificado para peor. Las patronales van a ‘tocar’ a los Macri, De Narváez, partidos provinciales y a otros aún tapados.
El camino que proponemos seguir es copar la plaza de Congreso en cada sesión de tratamiento del proyecto –incluso copar las reuniones de las comisiones vinculadas con el asunto. En este marco, debemos dar una batalla para que el 82% sobre el salario mínimo sea apoyado por paros y una huelga general. El Partido Obrero se empecinará, en esta campaña, para desenmascarar a los usurpadores de los sindicatos –tanto a la nueva pareja de Moyano-Yasky como a los alineados con los capitales sojeros.

Jorge Altamira