Cuando todo el mundo esperaba que el nuevo episodio de la crisis política lo detonara el vencimiento de la delegación de poderes al Ejecutivo, la chispa la encendió el tarifazo del gas (esa delegación le permite al gobierno, entre otras cosas, fijar las retenciones a las exportaciones, como por ejemplo a la soja o el petróleo). Se produjeron numerosas protestas y movilizaciones, e incluso varios fallos judiciales adversos. Ocurre que la crisis fiscal, o sea el pago de la deuda pública y la necesidad de financiar a los contratistas del Estado, le puso fin al recurso que se había utilizado hasta ahora, que era el subsidio a las empresas. Además, los pulpos petroleros han venido saboteando en forma sistemática las inversiones de exploración y de explotación con el objetivo de volver a cobrar el precio internacional que obtenían bajo el menemismo. Argentina ya importa gas y, en poco tiempo más, deberá importar petróleo. Hace dos semanas, el gobierno les aumentó a las compañías de hidrocarburos el gas en boca de pozo. Tuvo para ello el apoyo de la burocracia sindical de petroleros privados, que pretende que el aumento redundará en un cese de los despidos y en aumentos de salarios, pero sabe perfectamente que no será así. El otro aspecto del tarifazo es el cargo fijo que le permite al gobierno pagar el gas importado, cuyo precio es muy superior al interno. Como se trata de un impuesto cuya sanción es facultad del Legislativo, numerosos jueces lo declararon inconstitucional. El tarifazo gasífero es una expresión de la completa bancarrota del llamado ‘modelo productivo’ de los K, que es el nombre de fantasía que el oficialismo ha puesto a una política de subsidios a los capitalistas. En vísperas de la crisis mundial, este ‘modelo’ le permitió a las empresas que cotizan en la Bolsa declarar las ganancias más altas de la historia. Ahora, ese mismo ‘modelo’ ha bancado una fuga de capitales que se acerca a los 50 mil millones de dólares, también ella la más alta de la historia. El ‘modelo productivo’ hace agua frente a la inmensa caída de la producción industrial; al igual que lo que ocurrió con De la Rúa en octubre de 2001, los K perdieron las elecciones en el punto mayor de la recesión económica.
Agentes de las petroleras
¿Pero, acaso, la oposición de los Macri, Carrió, Binner, Reutemann o la UCR quiere derogar realmente el tarifazo? Si sus intenciones fueran esas, deberían estar reclamando una apertura de los libros de las petroleras para determinar los costos reales de producción. El precio internacional de los combustibles, que reclaman las petroleras, no tiene ninguna relación con los costos, dada la particularidad rentística de la producción extractiva, que han bajado, por otra parte, como consecuencia de la caída de los fletes de transporte. Esa oposición toma como referencia ese abusivo precio internacional, o lo que las petroleras estiman que les costarán las inversiones en nuevas exploraciones, en especial marítimas, con la pretensión de que el capital de esos emprendimientos lo pongan los consumidores por adelantado. Los anti-K quieren eliminar el cargo fijo, que recauda el Estado, para que el precio final vaya más o menos por completo a las privatizadas. ¿No fue así bajo Menem y bajo De la Rúa, que contaron con el apoyo de todos estos opositores y de los propios K? Las petroleras y los gobernadores de las provincias que producen petróleo vienen reclamando desde hace tiempo un precio interno similar al internacional, para poder dejar de importar gas y eliminar, por lo tanto, cualquier cargo fijo para subsidiar la importación. Si los pulpos petroleros no quieren producir los combustibles necesarios en el país, con el argumento de que les corresponde el precio internacional, deben ser nacionalizados, y así desarrollar las inversiones que están paralizadas desde la privatización. Esa nacionalización debería ser sin compensación, porque las ganancias de estos años superan holgadamente el valor de las empresas y porque la privatización significó el colosal desmantelamiento industrial y logístico de la YPF estatal, y el vaciamiento de las reservas comprobadas de hidrocarburos de Argentina. Basta decir que esos opositores no plantean nada de esto para asegurar que son voceros de los intereses de las petroleras, a igual o peor título que la camarilla K. Nada desnuda más claramente el fracaso kirchnerista que meter un cargo fijo en un tarifazo, alegando que lo necesitan para que ¡el precio del gas sea barato!
El juego de la ‘destituyente’
Como dice el columnista ‘destituyente’ Morales Solá, “lo que se discute son los dos años que faltan”; ni él admite que la obsesión de la oposición pase por el rechazo al tarifazo. O como dice su colega Grondona: a Kirchner hay que ganarle antes de 2011. O sea que hay que anticipar el desenlace político. A sabiendas de esto, el gobierno se apresura a recoger los reclamos de los grandes grupos económicos, como lo revela el impulso que ha dado (mediante compras y anuncios de canje por nueva deuda) a la cotización de los títulos públicos, con ganancias de hasta el 60% en cuatro meses. La mitad del stock de estos títulos se encuentra en poder de los bancos, que naturalmente han hecho ganancias fabulosas. El nuevo ministro de Economía anticipó la intención de “volver a los mercados internacionales”, repitiendo lo que dijo antes el presidente del Banco Central. Este ‘retorno’ implica una reestructuración social de fondo, pues se trata de garantizar la rentabilidad del capital internacional. Los K quieren proceder ellos mismos a esta ‘restauración conservadora’ antes de ir a orar con el FMI. Pero al ritmo que va la crisis política no le darán los tiempos.
En relación con la delegación de poderes, la mentada oposición apunta a cambiar las retenciones a las exportaciones. Pero todavía no ha dicho cómo piensa financiar el gasto público sin ellas y sin los tarifazos, cuando falta apenas un mes y medio para votar el Presupuesto 2010. Está claro que tiene en vista un financiamiento internacional, o sea del FMI. En los últimos días, casi todos los voceros de esa oposición han reconocido que se enfrentan a un derrumbe fiscal. Por eso, algunos proponen, en especial en la UCR, un puente de transición con el gobierno. Pero una negociación para canjear el mantenimiento de la delegación de poderes por un cambio en las retenciones, entre los K y la UCR, ya terminó mal cuando el oficialismo incumplió con su parte en el pacto. Sin embargo, si el gobierno no se aviene a un acuerdo y debe sufrir un tercer ‘voto no positivo’, la crisis habrá entrado en la etapa de las definiciones.
Los diarios dejaron traslucir algo de esto. Según dicen, a los radicales les preocupa que Cobos deba asumir la Presidencia en forma provisional, porque esto arruinaría sus chances para una elección posterior. Duhalde propuso, en Clarín, “un pacto de gobernabilidad”, pero no dejó claro si con el oficialismo, para hacerlo durar, o con una parte de él (los intendentes bonaerenses) y la oposición, para tumbarlo. En este clima golpista tuvo que ‘parir la abuela’, pues la llegada del colombiano Uribe simplemente traslada a Argentina la crisis que tiene como el otro protagonista a Chávez.
Centroizquierda en la hamaca
Según todo indica, el llamado centroizquierdismo ha decidido atar su suerte a los K, luego del apoyo que dio a los planteos de la Federación Agraria, atada en forma umbilical a la Mesa de Enlace de la soja, durante la crisis del campo. Lozano, Solanas y Macaluse apoyan la delegación de facultades en beneficio del Ejecutivo, con el argumento de que debe ser el gobierno quien decida sobre las retenciones a la soja. En el debate de la 125, por el contrario, presentaron un proyecto legislativo que contrariaba al del gobierno. De tal manera que, los que abogan por cambios en democracia, apoyan la subordinación del Parlamento al Ejecutivo. Por otro lado, justifican las retenciones en nombre de la distribución del ingreso, como si esta distribución no dependiera del carácter del gobierno de turno y como si, hasta ahora, esas retenciones no hubieran ido paralelas a un incremento de la pobreza. Como se ve, el centroizquierdismo es incapaz de tomar una posición independiente: o se inclina al ‘campo’, o se bambolea hacia el gobierno. Solamente una fuerza de clase, que se apoye en las reivindicaciones de las masas y en sus movilizaciones, puede presentar una agenda propia en la crisis política. Después de tanto cacareo sobre el petróleo, en la campaña electoral, Proyecto Sur se olvida de plantear, como eje (no para la tribuna) la nacionalización de los hidrocarburos, sin indemnización, cuando estalla una crisis social y política por la tarifa del gas!
Precisamente en medio del tarifazo, la burocracia de la UOM firma un convenio diseñado por las patronales y el gobierno, luego de varios meses de haber desarrollado una política de desgaste, y de haber declarado que los metalúrgicos venían con salarios atrasados, incluso por debajo del salario mínimo. La burocracia realiza estos servicios a la burguesía porque espera recibir a cambio privilegios para ella por parte del Estado. Todo indica que el acuerdo da vía libre para que el pulpo Techint continúe con su plan para descargar la crisis en los trabajadores de la siderurgia. Con esta entregada, la burocracia de la UOM pretende sacar del escenario a los obreros metalúrgicos, precisamente los únicos que serían capaces de enfrentar una salida ‘uribista’, por así llamarla, en Argentina.
Movilización e independencia política
Es necesario profundizar las movilizaciones por la anulación del tarifazo del gas y, al mismo tiempo, oponer a ese tarifazo, o a los compromisos que tejen y destejen oficialistas y opositores, la reivindicación de la nacionalización integral, sin indemnización, de los hidrocarburos y de la minería, bajo control de los trabajadores; el desconocimiento de la deuda externa en manos de los bancos; un impuesto directo extraordinario y progresivo al patrimonio de los grandes pulpos agrarios; y la nacionalización, sin compensación, del comercio exterior.
Jorge Altamira
El mecanismo que llevó a otorgar la liberación de Luciano Benjamín Menéndez, comandante del III Cuerpo de Ejército durante la dictadura, y a beneficiarlo con el arresto domiciliario a pesar de haber sido condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en dos oportunidades, no constituye un hecho aislado: expresa toda una política de Estado.
Así, el cuadro actual de las causas impulsadas por el autoproclamado “gobierno de los derechos humanos” es una prolongación agónica de la impunidad del ayer: de los 1.357 imputados, sólo 50 han sido condenados mientras 41 se encuentran prófugos y 211 fallecieron durante el transcurso de los juicios.
Las tarifas del gas han subido un 400 por ciento.