La decisión de las autoridades de la UBA de aceptar fondos de la minera La Alumbrera generó una masiva indignación. Como parte de la campaña “No a los fondos de la mina contaminante”, el 26 de agosto, la Fuba, la Conadu Histórica, AGD-UBA, centros de estudiantes, trabajadores no docentes, investigadores y estudiantes, junto con agrupaciones ambientalistas, se movilizaron al Rectorado de la UBA para exigir que la UBA no acepte un centavo de La Alumbrera. Esta empresa explota en Catamarca la mina a cielo abierto más grande del país, con catastróficas consecuencias contaminantes que llegan a Tucumán y Santiago del Estero. Los convocantes presentarán un proyecto de resolución que rechace los fondos para que sea debatido y puesto a votación en el Consejo Superior.
La declaración común explica que los fondos deben repudiarse no sólo en defensa de un sistema estatal único de financiamiento de la educación superior sino, porque “la universidad pública con sus investigadores y su producción de conocimiento deben estar al servicio del pueblo y no en favor de la apropiación privada y el lucro capitalista”. Lo contrario significa que la universidad se constituya “en cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, de la minería a cielo abierto con los graves efectos contaminantes que produce sobre la población, del agotamiento de recursos limitados como es el agua y la energía eléctrica, del escaso valor de uso que tienen estos metales, utilizados básicamente como reservas de riquezas y consumos suntuarios.”
La ley 14.771 estipula que las universidades públicas reciban fondos provenientes de las utilidades mineras. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) los aceptó, con la complicidad del conjunto de las autoridades universitarias. El miércoles pasado, la comisión de presupuesto del Consejo Superior de la UBA sumó su aprobación, con el rechazo de una sola consejera, Mariela Solesio.
Por esta vía, las corporaciones mineras pretenden poner la investigación académica al servicio de sus intereses. En la Universidad Nacional de Tucumán, un informe de un grupo de especialistas-investigadores ha llegado a la infame conclusión de que La Alumbrera no contamina cuando, por dar sólo un argumento, en la región han crecido un 600% los casos de cáncer. Comienzan también a proliferar convenios bilaterales entre distintas unidades académicas y gobiernos provinciales, municipales e incluso directamente con las mineras, que favorecen su infraestructura y desmienten los perjuicios contra el medio ambiente y la población.
Esta semana, la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta rechazó los fondos provenientes de La Alumbrera y repudió públicamente “los daños sociales, ambientales, económicos y políticos que ocasiona”. Se suma al repudio ya votado por el Consejo Directivo de las facultades de Psicología y de Ciencias Sociales de la UBA, Humanidades de Córdoba, la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) y la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Esquel.
Las camarillas quieren convertir la Universidad en cómplice y servidora del lucro capitalista y la depredación ambiental. En defensa de una universidad pública, gratuita, masiva y con autonomía para la producción científica, independiente de las autoridades, de los gobiernos de turno y de los capitales privados, todos el 26 a la puerta del Rectorado.
La declaración común explica que los fondos deben repudiarse no sólo en defensa de un sistema estatal único de financiamiento de la educación superior sino, porque “la universidad pública con sus investigadores y su producción de conocimiento deben estar al servicio del pueblo y no en favor de la apropiación privada y el lucro capitalista”. Lo contrario significa que la universidad se constituya “en cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, de la minería a cielo abierto con los graves efectos contaminantes que produce sobre la población, del agotamiento de recursos limitados como es el agua y la energía eléctrica, del escaso valor de uso que tienen estos metales, utilizados básicamente como reservas de riquezas y consumos suntuarios.”
La ley 14.771 estipula que las universidades públicas reciban fondos provenientes de las utilidades mineras. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) los aceptó, con la complicidad del conjunto de las autoridades universitarias. El miércoles pasado, la comisión de presupuesto del Consejo Superior de la UBA sumó su aprobación, con el rechazo de una sola consejera, Mariela Solesio.
Por esta vía, las corporaciones mineras pretenden poner la investigación académica al servicio de sus intereses. En la Universidad Nacional de Tucumán, un informe de un grupo de especialistas-investigadores ha llegado a la infame conclusión de que La Alumbrera no contamina cuando, por dar sólo un argumento, en la región han crecido un 600% los casos de cáncer. Comienzan también a proliferar convenios bilaterales entre distintas unidades académicas y gobiernos provinciales, municipales e incluso directamente con las mineras, que favorecen su infraestructura y desmienten los perjuicios contra el medio ambiente y la población.
Esta semana, la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta rechazó los fondos provenientes de La Alumbrera y repudió públicamente “los daños sociales, ambientales, económicos y políticos que ocasiona”. Se suma al repudio ya votado por el Consejo Directivo de las facultades de Psicología y de Ciencias Sociales de la UBA, Humanidades de Córdoba, la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) y la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Esquel.
Las camarillas quieren convertir la Universidad en cómplice y servidora del lucro capitalista y la depredación ambiental. En defensa de una universidad pública, gratuita, masiva y con autonomía para la producción científica, independiente de las autoridades, de los gobiernos de turno y de los capitales privados, todos el 26 a la puerta del Rectorado.
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