Santa Fe: una campaña contra el ajuste "progresista"

24 de septiembre de 2015 | #1382 | Por Damián Blanco

El Partido Obrero de Santa Fe se ha lanzado íntegramente a la campaña electoral del Frente de Izquierda. La cuarta elección en el año permite trazarnos objetivos a partir de los resultados recientes que expresan el derrumbe del "progresismo". La lista de diputados nacionales del Frente de Izquierda la encabeza Octavio Crivaro, del PTS, acompañado por Jorgelina Signa, del Partido Obrero, actual concejal de la ciudad de Capitán Bermúdez.

 

Luego de ganar la provincia por escaso margen sobre el PRO, el gobierno del Frente Progresista proclama a los cuatro vientos que se aplique un ajuste al conjunto de los trabajadores del país. Bajo el argumento de la pérdida de competitividad por parte de las provincias y las "economías regionales", pujan por la devaluación de la moneda en armonía con el capital agrario de la provincia.

 

En Santa Fe, el ajuste y ataque a los trabajadores ya está en marcha. Continuas suspensiones o despidos en la industria, como las suspensiones en General Motors, Friar o las metalmecánicas. O el cierre de Paraná Metal de Cristóbal López, anunciado para el 31 de octubre. El PJ, junto con el Frente Progresista, está amasando en la Legislatura un proyecto de reforma previsional para aumentar el porcentaje de los descuentos sobre los activos, argumentando un déficit de la caja de jubilaciones de los trabajadores docentes y estatales provinciales. Pretenden una confiscación directa sobre el salario, mientras las empresas de facturación millonaria de la provincia no pagan ingresos brutos. Amsafe Rosario adoptó un curso de movilización para el inmediato retiro de este proyecto de ley de ajuste.

 

La crisis del Estado

 

Continúan las muertes y crímenes producto de un régimen descompuesto del cual forma parte el aparato estatal de conjunto. El Poder Judicial viene de reducir penas a los asesinos del triple crimen de los militantes del Frente Darío Santillán y de absolver a los asesinos de Paula Perassi, de San Lorenzo. Policías y jefes policiales implicados en absolutamente todos los casos, denuncias de conexiones con sectores empresariales. En las últimas semanas hubo una marcha tras otra en reclamo de justicia frente a nuevos casos impunes o a casos que sucedieron hace tiempo y se encuentran en momentos decisivos. El aparato estatal está volcado a garantizar la impunidad, ya que lo contrario comprometería al corazón del régimen santafesino.

 

El desafío del Frente de Izquierda

 

Las elecciones provinciales de mitad de año dieron por resultado un manifiesto derrumbe del Frente Progresista. Las elecciones en las Paso confirmaron el desbarranque del progresismo, con la candidatura de Binner en el cuarto lugar, un hecho inédito en décadas. Ese derrumbe se expresó en parte por el electorado que se volcó a la izquierda. Sin embargo, las Paso mostraron el carácter todavía volátil de ese voto.

 

El Partido Obrero ha puesto en marcha decenas de mesas de agitación, con Jorgelina Signa en reuniones y charlas con distintos sectores de trabajadores en las ciudades más importantes de Santa Fe. La campaña hacia el Encuentro Nacional de Mujeres, las movilizaciones contra la impunidad y la campaña contra despidos y suspensiones en centros fabriles, todo apunta a consolidar en el Frente de Izquierda el reagrupamiento a la izquierda del golpeado Frente Progresista.

Paula Perassi: a cuatro años de su desaparición

24 de septiembre de 2015 | #1382 | Por Jorgelina Signa concejal de Capitán Bermúdez, candidata a diputada nacional por el FIT

La desaparición de Paula Perassi, cuatro años atrás, reúne todos los elementos de descomposición política y social de la provincia de Santa Fe. Por un lado, el régimen político corrupto de la región que garantiza la impunidad y el encubrimiento; por el otro, el empresariado y el poder policial, que se encuentran íntegramente involucrados con cinco imputados.

 

Por su parte, y en una clara señal de que la pena no será dura, el juez Adolfo Prunotto Laborde revocó el pedido de prisión preventiva y habilitó la libertad bajo fianza de los acusados Strumia, Mitchel, Ruminski, los jefes de la policía Puyol y Krenz, y los oficiales Gómez y Galtelli. El repudio popular a la impunidad se hizo sentir en el centro de la ciudad de San Lorenzo el 28 de agosto.

La banca del Partido Obrero en el Concejo Deliberante de Capitán Bermúdez elevó una declaración política de repudio al fallo del juez. Luego, junto a la multisectorial del Cordón Industrial, reclamó que los bloques políticos de los concejos del Cordón (desde Puerto General San Martín hasta Granadero Baigorria), que se pronuncien. La experiencia demuestra que sólo con la lucha podremos terminar con el régimen de impunidad impuesto y garantizado por los que gobiernan. La fuerza de la familia, junto a la movilización, conquistó la conformación de equipo forense nacional para hallar el cuerpo, empezando por los lugares señalados por la familia y sus abogados.

 

En nuestra provincia hay centenares de jóvenes muertos víctimas del delito organizado. La movilización ha logrado colocar en agenda sólo a algunos de ellos. El caso de Mariano Ferreyra es un ejemplo a seguir. La movilización y denuncia contra el Estado logró meter preso no sólo a los autores materiales sino a los instigadores, empezando por José Pedraza y a los policías encubridores.

El caso de Paula Perassi, como los de Any Rivero, en Bermúdez; Marito Secondino, en Beltrán; Ramiro Burgueño, en San Lorenzo; Gerardo Giménez, en Baigorria; Franco Casco, o los recientes de Gerardo Escobar, desaparecido y asesinado en Rosario, y Roberto Arrieta, fusilado en la comisaría de Puerto San Martín, demandan una movilización de conjunto para terminar con el régimen de impunidad en Santa Fe.

 

El PO propone la convocatoria a una gran movilización que recorra, a pata y pulmón, de punta a punta el cordón industrial y agrupe a todos los casos de impunidad. Que la misma sea impulsada, junto a los familiares y amigos, por los sindicatos, organizaciones políticas y de derechos humanos.

Tucumán, un torniquete para cerrar la crisis

El fallo meteórico de la Corte Suprema tucumana, revocando la anulación que se había dispuesto a las elecciones provinciales, pone de manifiesto un esfuerzo extremo del kirchnerismo para cerrar la crisis abierta con ese comicio fraudulento. En cuestión de horas, la Corte provincial cubrió los cargos vacantes por las recusaciones a sus miembros y resolvió sesionar durante el fin de semana. Lo hizo cercada bajo una movilización de La Cámpora y punteros oficiales. La decisión de la Corte revoca también la medida cautelar que impedía la asunción del candidato oficial, Manzur, que sería proclamado en las próximas horas. La oposición anunció que apelará el fallo ante la Corte Suprema, otro tribunal diezmado y que actuará bajo los hechos consumados. Si de elecciones se trata, la Corte tiene otra papa caliente: debe resolver sobre la legitimidad del juez electoral de La Plata, un ex secretario de juzgado ligado a La Cámpora que tendrá a su cargo la elección en la provincia más importante del país y cuyo nombramiento ha sido cuestionado por la oposición.

 

El proceso electoral ha terminado en manos de una Justicia tan fracturada y en disolución como el Estado y el régimen de partidos que han recurrido a su arbitraje.

 

El fallo que nadie quiso

 

El fallo que anuló los comicios tucumanos se produjo en el cuadro de la enorme presión popular generada por las movilizaciones que coparon la plaza Independencia durante varias semanas. Pero mientras ello ocurría, Macri, Sanz y compañía se empeñaban a fondo en enterrar el reclamo popular de nuevas elecciones. El más explícito fue Macri, cuando sostuvo que el resultado del comicio debía quedar librado al escrutinio definitivo, en manos de la sospechada Junta Electoral provincial. El jefe de Cambiemos no quiere un choque de fondo con los caudillos pejotistas, con quienes podría terminar cogobernando después de octubre. Ya con los hechos consumados, la oposición tradicional estuvo obligada a celebrar una anulación de los comicios por la que nunca se empeñó. Por eso, la preocupación por cerrar la crisis tucumana no es patrimonio exclusivo del kirchnerismo: nada menos que el principal editorialista de Clarín calificó al fallo de anulación de las elecciones de "decisión extrema" y "teñida de componentes políticos", lo que "abre un interrogante sobre su solidez jurídica" (19/3). El kirchnerismo y Alperovich habían blandido la carta de la intervención a la provincia, para el caso de que la crisis estuviera irresuelta al momento en que venciera el mandato del gobernador. Esa extorsión apuntaba a que la crisis se cerrara en el marco de la Justicia provincial -naturalmente, con la aceptación de los resultados fraudulentos.

 

La campaña electoral

 

La preocupación de la burguesía ante la "campaña electoral contaminada" se proyecta más allá del 10 de diciembre. Es que un resultado electoral controvertido en las presidenciales terminaría desautorizando "en origen" al gobierno que deberá que llevar a fondo el trabajo sucio del ajuste -el arreglo con los fondos buitre, la devaluación de la moneda, los tarifazos, el ataque a los salarios y al derecho al trabajo. Las invocaciones a la "transparencia electoral" -y el conjunto de medidas propuestas por las mismas autoridades electorales- apuntan a evitar la gigantesca crisis política que resultaría de una elección cuestionada por fraude. Pero ninguna medida administrativa puede disimular la disolución que recorre a todos los estamentos del Estado, y que es resultado de una nueva bancarrota nacional. El fallo tucumano le brinda un respiro momentáneo al kirchnerismo, pero sólo prepara una crisis a término. 

 

El Frente de Izquierda debe explotar a fondo esta crisis de Estado: por un lado, denunciamos a los jefes de este nuevo "fraude patriótico", incluida La Cámpora, que protegen a un régimen provincial de camarillas capitalistas entrelazadas con los servicios, la trata de personas y el crimen organizado. Por el otro, denunciamos a una oposición que ha renunciado a una verdadera lucha contra el fraude, por sus compromisos de "gobernabilidad" en favor del ajuste. En las próximas horas, el movimiento popular que ocupó las calles contra el fraude deberá procesar el fallo de la Corte provincial. La lucha por nuevas elecciones sin acoples y por el desmantelamiento del régimen de impunidad comenzará a escribir otro capítulo. El voto al Frente de Izquierda en octubre es el instrumento político en la lucha contra el fraude y contra ese régimen.

El Partido Obrero, en defensa del pago de los sueldos municipales

La crisis fiscal que atraviesan los municipios y comunas ha llevado a que trabajadores municipales, de varias localidades, salgan a luchar para que se les paguen los salarios a término en algunos casos o adeudados en otros.

 

En la región, la quiebra de las arcas municipales ha puesto en pie de lucha a la mayoría de los trabajadores como en Ricardone, Beltrán, la Comuna de Coronda y en nuestra ciudad donde ya comenzaron con retrasos en los pagos.

 

Pero el problema es provincial: el Frente Cívico y Social, junto al PJ, han votado de forma unánime por tercera vez en estos últimos seis años una ley provincial que permite utilizar hasta el 25% del fondo de obras menores (iluminación, pavimentación, etc.) para gastos de uso corriente. Es decir, que en una de las provincias más ricas de nuestro país, donde las agroexportadoras, los puertos privados y los testaferros del suelo acumulan fortunas levantando la plata en pala, la contracara son ciudades que carecen de obras públicas y municipios con presupuestos raquíticos, moviendo plata de un lado a otro, pero sin resolver el problema de raíz.

 

Días pasados, se puso a votación la ley provincial de Fondo de Obras menores. El bloque del PO criticó fuertemente la política extorsiva del gobierno municipal señalándola como "frazada corta", donde la población debe elegir entre pavimento o sueldo en la ciudad, con el agravante de que el gobierno dice "si no se aprueba la ley no se pagan más salarios". Es el mismo gobierno que nunca quiso discutir el problema financiero de la ciudad, aumentando, por ejemplo, el impuesto Drei(*) a las grandes empresas presentado por nuestro bloque.

 

Por otro lado, la votación negativa de los concejales opositores del PJ, argumentando que "cuando no paguen, vemos qué hacemos" es nefasto; ya saben los trabajadores de Bermúdez qué "pasa" cuando quedan en el medio de internas políticas, como quedaron en 1999 entre Do Britos y Carlucci, y lo han pagado con meses de sueldos adeudados y con juicios por salarios caídos aún sin poder cobrar.

 

El bloque del Partido Obrero prioriza que se paguen los sueldos en tiempo y forma sí o sí, de manera que votó críticamente por la positiva la Ley de Fondo de Obras Menores y señaló: "que se agregue en el artículo 1° donde dice ‘...en virtud de la Ley N° 13.483/2015, que dichos fondos serán imputados para pago de sueldos a los trabajadores municipales'", y así se agregó a la ordenanza.

Los trabajadores tienen un fiscal en el Concejo municipal.

 

(*) Derecho de Registro e Inspección es un gravamen de recaudación propia del municipio de la ciudad de Rosario. Si se trata de clasificar, es un impuesto al consumo, plurifásicos y acumulativos de carga excedente. Genera un crédito fiscal, que es computable con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la provincia de Santa Fe.

El "ajuste" en Santa Fe comienza por la jubilación

Una reforma previsional para exigir mayores aportes a los estatales

Invocando el déficit de la Caja de jubilaciones, que este año, según dicen, se acercaría a los 2.000 millones, el senador provincial Gramajo y otros, donde el PJ tiene amplia mayoría, promueven una reforma del sistema previsional de Santa Fe, planteando la formación de una "comisión bicameral" que estudie el problema.

El proyecto cuenta con el aval de Miguel Lifschitz (Frente Cívico), actual senador por el departamento Rosario y gobernador electo, y de Bonfatti, actual gobernador (también del Frente Cívico) que ganó la elección de diputados provinciales y que casi seguramente será el presidente de la cámara.

Gramajo ha planteado como eje la necesidad de aumentar los aportes de los trabajadores, que hay que recordar que ya sufrimos, con la ley emergencia, el aumento del 11 al 14,5% (uno de los más altos del país). Ahora, mientras busca un amplio "consenso" (según sus palabras), amenaza con dictar una nueva emergencia previsional.

Sin embargo, las cifras de la Caja de jubilaciones, según los análisis económicos, dicen que la relación entre aportantes y beneficiarios se mantuvo: 2,5 (casi dos aportantes y medio por cada beneficiario) entre 2007 y 2012. La Caja incluye el régimen de "retiros policiales" regidos por otra ley, la 6.830 (régimen muy particular, referido a las fuerzas de seguridad, que en general son deficitarias y que están obligadas a financiar con rentas generales). Por otra parte, Provincia se queja del incumplimiento de la Nación respecto a la entrega de fondos, acordados por la no transferencia de la caja.

Los jubilados de la provincia venimos sufriendo una sistemática discriminación: casi ninguna de las sumas fijas otorgadas a los activos nos ha sido pagada y soportamos el "bicicleteo" constante en el pago, que llega hasta mediados de cada mes.

La "comisión intersindical del sector público", que fue citada a una reunión con los senadores el jueves 10, rechazó en principio cualquier modificación. Antes se había quejado de que no había sido consultada.

Gramajo justifica esta nueva exacción a los trabajadores para defender "el orgullo de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe y el 82% móvil. Es la mayor impostura, que se repite desde Binner para acá: en Santa Fe la jubilación ordinaria es del 72% (para llegar al 82% hay que aportar cinco años más) y no es de movilidad automática: el Estado fija arbitrariamente un coeficiente. El 82% rige solamente para el régimen opcional docente y siempre y cuando acredite todos los años de aporte en la docencia (esto ya regía con anterioridad para los docentes nacionales).

La intersindical ha rechazado este proyecto. Es fundamental iniciar un plan de acción de todos los estatales provinciales para que sea retirado. Resolvamos en asambleas y plenarios de cada gremio una movilización conjunta como inicio.

CFK-Scioli y Lula, o quién rescata a quién

Lula da Silva vino a la Argentina a hacer campaña por Scioli, en nombre del PT (Partido de los Trabajadores de Brasil). En las reuniones que sostuvo con Cristina y su candidato abundaron las referencias a la unidad regional y al "rechazo a los ajustes". Pero el visitante no tuvo suerte: mientras se fotografiaba con los 'hermanos argentinos', una consultora internacional rebajaba la calidad de la deuda brasileña. Fue el pretexto para que el ministro de Economía de Rousseff, una suerte de López Murphy brasileño, anunciara despidos masivos de empleados públicos y recortes de planes sociales como condición para recobrar la confianza del capital internacional. Sin embargo, los renovados pedidos de impeachment (juicio político) a Rousseff en el Congreso anticipan que esa confianza pende de un hilo, o, más bien, de la capacidad de su gobierno para avanzar con el paquete antipopular.

 

Nada de esto impidió que Scioli levantara la mano de Lula en su condición de representante petista, con el objetivo de reforzar el carácter impostor de su propia campaña electoral. Mientras el candidato oficial despliega la demagogia latinoamericanista, sus asesores económicos diseñan un arreglo de deuda con los fondos buitre y el plan de ajuste al que necesariamente deberá conducir un reendeudamiento internacional.

 

La crisis mundial y la "unidad latinoamericana"

 

El encuentro CFK-Scioli-Lula reveló también hasta qué punto la crisis mundial agrava el conservadurismo de los gobiernos pretendidamente nacionales o progresistas. En el almuerzo con el fundador del PT, Cristina dejó de lado los devaneos de unidad regional para reclamar el ingreso de Argentina en los Brics, el bloque de los grandes 'emergentes'. No es un secreto que el interés de los K está puesto en el banco de los Brics como fuente de rescate financiero. Pero como ya se lo hicieron saber, el acceso a esos fondos está condicionado a la normalización con el capital internacional -o sea, al arreglo con los buitres y los otros litigios pendientes. En cualquier caso, los propios Brics han entrado en zona de turbulencia, después del estallido de la burbuja especulativa en China, del derrumbe de los precios internacionales de las materias primas y de la crisis brasileña. En este país, la devaluación ha venido acompañada por una escalada de acuerdos comerciales extra Mercosur -con México, Colombia y Estados Unidos- a expensas de las posibilidades comerciales de la burguesía argentina. Lula y CFK, en definitiva, invocaron una "unidad" que ha sido fracturada por la crisis mundial.

 

Extorsión política

 

En definitiva, el encuentro Lula-Scioli fue un acto de encubrimiento recíproco entre dos ajustadores revestidos de 'populares'.

 

La demagogia "continental" apunta a reforzar una extorsión que está en el corazón de la campaña oficialista, de acá a octubre. Según este planteo, Scioli- Zanini constituirían una barrera a los planes de carácter derechista o ajustador y encarnados por Macri. En nombre de ello, los trabajadores o el movimiento popular deberían renunciar a expresarse en forma políticamente independiente en las elecciones generales. Es la misma extorsión con la cual Rousseff exigió el voto popular para su segundo mandato. Ese aval fue utilizado contra los propios trabajadores, a través de durísimas medidas de ajuste. La presencia de Lula, invocando la tradición 'petista', apunta a recrear esa extorsión en Argentina. Como con Rousseff, el gran capital no ha retirado sus fichas del tablero de Scioli y apuesta a un gobierno que -con el concurso de la burocracia sindical y los gobernadores del PJ- lleve hasta el final el ajuste que ya han iniciado Cristina-Kicillof con carestía, recesión, suspensiones y despidos. De cara a este panorama, el voto al Frente de Izquierda tiene un significado estratégico, pues implica que una fracción de los trabajadores y los explotados ingresará en un período de choques y convulsiones de fondo, levantando una agenda propia y su independencia política frente a los ajustadores.

 

La arquitectura del ajuste

Scioli, Macri y Massa hacen 'parada' en Washington

Mientras se terminaban de armar las listas definitivas para los comicios del 25 de octubre, los asesores económicos de Scioli y Macri relanzaban la campaña electoral miles de kilómetros al norte de Argentina. Por separado, los aspirantes a funcionarios se entrevistaban con los abogados de los fondos buitre para transmitirles un mensaje común: el arreglo con los usureros que compraron deuda argentina a precio de ganga llegará apenas cualquiera de ellos asuma la presidencia. Por parte de Scioli, el que llevó la promesa fue Mario Blejer, el ex Banco de Inglaterra, ex FMI y ex Banco Central con De la Rúa y Duhalde. En el caso del macrismo, los emisarios completaron el viaje con una visita al FMI, donde dejaron su propuesta económica: "Salida rápida del cepo, eliminación de retenciones a distintos productos y exportar todo lo que se pueda" (La Nación, 6/9). El acuerdo con los buitres es el pasaporte para un urgente reendeudamiento, que el trío presidenciable concibe como salida al actual vaciamiento ‘nacional y popular’ de las reservas internacionales. Después del pago de 6.000 millones de deuda externa en octubre, y de la progresiva -y consentida- "dolarización" de carteras, el kirchnerismo podría dejar el Banco Central con no más de 12.000 millones de dólares.

 

Devaluación y blanqueo

 

Los asesores del trío no dicen, por supuesto, cuál es la condición fundamental del reendeudamiento: una fuerte devaluación de la moneda, para ofrecerles a los fondos que ingresen, el atractivo de comprar activos desvalorizados. No es sólo eso: en la reciente reunión de la UIA, la patronal industrial reclamó por el "alto costo de la mano de obra en dólares": la devaluación apunta también a rematar el salario. El garante de esa política en un eventual gabinete sciolista será Miguel Peirano, economista de Techint. Los contratos a futuro que se celebran en el exterior asumen una desvalorización del peso del 80% para el próximo año.

 

La devaluación serviría también para promover un megablanqueo de capitales, que apoyan por igual sciolistas, macristas y massistas. De este modo esperan ingresar algunos de los 200.000 millones de dólares fugados al exterior bajo el "modelo productivo". Pero el blanqueo deberá ser precedido por una amnistía a los bancos que organizaron la fuga de capitales en estos años. Es lo que reclaman los banqueros en favor de los directivos del HSBC sancionados por el directorio del Central. Estas sanciones desataron una crisis en el banco, que -sólo por ahora- ha reforzado la presencia de los camporistas, agentes de los financistas "amigos" (Cristóbal López y otros). La puja por el control del Banco Central, que se agravará bajo el próximo gobierno, tendrá que dirimir qué fracción del capital financiero se queda con los negocios del "nuevo" endeudamiento. 

 

Tarifazos y presupuesto

 

Otro lugar común de los aspirantes a la presidencia es la eliminación de los subsidios a los servicios públicos, de cara al déficit presupuestario. Pero este recorte también está surcado por contradicciones: Scioli acaba de firmar un compromiso con los gobernadores de las provincias petroleras para mantener el subsidio a la producción de hidrocarburos, de cara al derrumbe de los precios internacionales. Ello significa resarcir a los pulpos con un precio que es hoy un ¡60%! superior al del mercado mundial. Como se ve, la "austeridad fiscal" no regirá para Chevron, Exxon o BP. Pero, para conciliar ese rescate con la reducción de los subsidios, deberán redoblarse los aumentos de tarifas al público. A cambio de ello, los gobernadores petroleros aceptarían la continuidad de Gallucio en YPF. El libreto de este ajuste sería redactado nada menos que por CFK y Kicillof si, como se anuncia en estos días, en el proyecto de presupuesto 2016 se suprime la "emergencia económica" vigente desde 2002. Este fin de los superpoderes obligaría a cualquiera de los sucesores de Cristina a un acuerdo con los parlamentarios de la "liga de gobernadores" y, por lo tanto, a un pacto con éstos. El "gobierno de coalición", que La Nación exige a gritos en sus editoriales, expresaría un compromiso precario entre diferentes camarillas políticas y fracciones capitalistas, para trasladarle a los trabajadores la carga de la crisis.

 

La campaña electoral del Frente de Izquierda debe denunciar a fondo las salidas ajustadoras que preparan "los visitantes de Washington", y oponerle un programa y una plataforma de reivindicaciones obreras y nacionales.

El ajuste que está en marcha, el ajuste que se viene

En uno de los programas de televisión de mayor audiencia, Daniel Scioli llevó de la mano a su principal asesor económico, Miguel Bein. Es que la crisis exige definiciones. Bein fue rotundo: hay que retomar el endeudamiento internacional y crear "todas las condiciones necesarias para ello". Las "condiciones" son una devaluación de la moneda y el arreglo con los fondos buitre -y, como ya se discute, el congelamiento de las paritarias.

Según un informe de Orlando Ferreres, la deuda deberá crecer en 40.000 millones de dólares en los primeros meses del nuevo gobierno. Para tramitar este rescate, Scioli está preparando un gabinete a la medida. Según acaba de trascender, tendrá como economistas de punta al mismo Bein junto a Mario Blejer, un ex Banco de Inglaterra y Banco Central (La Nación, 4/9). El área económica se completa con Miguel Peirano, de la devaluacionista Techint. Sumaría a algunos gobernadores con mandato cumplido y activos lobbistas del gran capital: es el caso de Jorge "Chevron" Sapag, y el mendocino "Paco" Pérez, ‘apóstol' de la megaminería. La "seguridad" sería confiada al represor Sergio Berni. A la cartera de Educación podría volver Daniel Filmus. La izquierda kirchnerista quedaría confinada "al área de economía popular" (ídem) -es decir, a los subsidios y el asistencialismo.

Los actuales ajustadores

A la luz de semejante "equipo", es claro que una de las mayores imposturas de la campaña oficialista es colocar a Macri-Massa como los exclusivos depositarios del ajuste para después del 10 de diciembre. Los trabajadores mecánicos vienen pagando la crisis con suspensiones, eliminación de horas extras y despidos abiertos o encubiertos ("retiros voluntarios"). Lo mismo ocurre en el neumático y en las siderúrgicas. El parate tiene un fuerte componente de lockout patronal, para que los Scioli-Macri-Massa expliciten su partitura sin miramientos -devaluación, contención salarial ("acuerdo económico social"), mayores beneficios impositivos.

Mientras tanto, el ministro y candidato Kicillof despotrica contra "los que quieren un ajuste", pero mantiene el impuesto a las ganancias, que rebana el salario de casi dos millones de trabajadores, y un tarifazo del 700% en el gas domiciliario.

Nuestra perspectiva

Para el Frente de Izquierda, este cuadro plantea una campaña colocada en la lucha y el programa para que los trabajadores no paguemos la crisis. Por la prohibición de las suspensiones y despidos, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; por la abolición del impuesto al salario y de todos los impuestos al consumo; contra cualquier "cepo" a las paritarias, luchemos y votemos al Frente de Izquierda en todo el país.

Santa Fe: los desafíos hacia octubre

Las Paso nacionales le dieron una nueva vuelta de tuerca al derrumbe del Frente Progresista. Binner levantó su candidatura a presidente frente al desbande del progresismo en el país, argumentando que era para preservarlo y así pisar fuerte en la provincia. Llegaron las Paso y Binner salió cuarto. Ahora la culpa es que llevaron boleta corta (sin presidente), pero no dicen que en realidad era esa opción o la disolución política, frente a un radicalismo que iba a las Paso en la interna a presidente con el PRO.

 

Los radicales harán campaña repartiendo miles de tijeras en la provincia (no es chiste) para que se produzca el corte de boleta Mauricio Macri-Hermes Binner. Y los socialistas coquetean cada vez más con el voto a Daniel Scioli, aunque se toman el trabajo de aclarar que sería en una hipotética segunda vuelta. 

 

Un gobierno débil

 

El derrumbe del Frente Progresista se profundizó con cada una de las tres elecciones que sucedieron en la provincia. 

De cuatro elecciones en el año, habrán perdido en tres. El PS deberá ceder terreno frente a los radicales y a la Coalición Cívica (CC), ya que sin ellos no hubieran retenido los cargos ejecutivos. Los condicionamientos ya comenzaron y habrá una pronta crisis en el gabinete de Rosario, ya que la CC quiere imponerle a los socialistas el nuevo secretario de Gobierno.

 

El campo de la izquierda

 

Con el derrumbe del Frente Progresista en las elecciones provinciales se abrió un importante campo para la izquierda. Esto se reveló en la muy importante votación del Frente de Izquierda y de otras expresiones populares que lograron importantes votaciones y hasta ingresar a la Legislatura provincial. Las Paso nacionales ponían a prueba este reacomodamiento de campos políticos en marcha. El resultado fue que el Frente de Izquierda logró consolidar su influencia, mientras el resto de la votación de las otras expresiones de izquierda y populares se fugó hacia los grandes candidatos del ajuste. Un hecho que alcanzó al propio Frente Progresista.

 

Este capital conquistado por el Frente de Izquierda es de donde partimos hacia la campaña de octubre. Por la situación política y el recorrido electoral de este 2015 en la provincia, no se puede descartar la pelea por disputar el ingreso al congreso nacional. El Frente Progresista santafesino, como en el pasado, actúa de segundo violín de las grandes variantes encargadas de aplicar el ajuste en el país. Sólo que esta vez deberán bucear con poco oxígeno en el tanque.

 

La crisis en la provincia

 

Continúan los asesinatos de jóvenes con total impunidad. La maquinaria de negociados vinculado al narcotráfico, los circuitos mafiosos de la noche, la participación policial y estatal se siguen cobrando la vida de jóvenes trabajadores. En pocos días comenzará el juicio al jefe de la Policía provincial por su participación en el narcotráfico. Ya hay antecedentes de salvoconductos hacia las bandas criminales por parte del Estado.

 

El Frente Progresista prosigue con tarifazos en los servicios, como lo fue la reciente suba del boleto. Llevaron el transporte urbano a una crisis de desfinanciamiento como consecuencia de su entrega en bandeja a los monopolios.

 

El gobierno del FP de Santa Fe Capital empezó a despedir trabajadores municipales por pelear por el pase a planta permanente.

 

Encaramos esta etapa también con un programa para la provincia. La movilización popular contra los asesinatos de trabajadores; el desmantelamiento de los circuitos mafiosos; la cárcel a todos los culpables; la destitución de todas las cúpulas policiales; la estatización de los puertos privados y del juego para enfrentar el narcolavado y el tráfico ilegal. Basta de despidos en las reparticiones estatales, contra el trabajo precarizado. Ningún tarifazo en los servicios públicos, estatización del sistema de transporte urbano de pasajeros bajo control de usuarios y trabajadores.

Suspensiones en la General Motors: reparto de las horas de trabajo sin tocar el salario

General Motors de Alvear, en las cercanías de Rosario, va a suspender a 2.750 trabajadores los últimos días de agosto y cada lunes de septiembre. El salario se pagaría al 100 por ciento.

El Smata de Rosario acordó estas suspensiones con la empresa. Dicen que luego se sentarán a conversar sobre qué sucederá en octubre y noviembre.

 

Lanzan "mensajes de tranquilidad", colocando por delante las modificaciones a la planta que se están realizando para el plan Fénix y la producción de un nuevo modelo. Pero la realidad es que la empresa abrió el listado de retiros voluntarios hace rato y se rumorea en la planta que quieren que sean 900.

 

La situación de la planta de Alvear pende de un hilo: su producción se exporta en un 75 por ciento a Brasil. Y la crisis en Brasil es colosal, en una situación límite, con una recesión galopante, fuga de capitales, crisis política y en vísperas de una gran ofensiva antiobrera.

 

Allí, los trabajadores de la industria automotriz están en huelga contra los despidos masivos. Los obreros de General Motors de São José dos Campos, luego de una huelga de dos semanas, convirtieron casi 800 despidos en suspensiones. Quieren transformar en una fase de despidos a la etapa de suspensiones precedente.

 

Todo plan de ajuste sobre el movimiento obrero de Santa Fe cuenta con la anuencia del gobierno nacional y el gobierno provincial. Decenas y decenas de ejemplos lo demuestran, entre ellos la dramática situación actual de Paraná Metal en Villa Constitución.

 

Las suspensiones en General Motors afectarán también a las empresas que proveen los materiales y autopartes a la fábrica. Ante la caída de la producción es necesario el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.

Cristóbal López quiere dejar en la calle a 200 trabajadores

No al cierre de Paraná Metal

La fábrica de fundición y autopartes Paraná Metal, de Villa Constitución, quiere cerrar definitivamente sus puertas, lo que dejaría en la calle a las últimas 200 familias que dependen de la planta.

Su actual dueño, "el zar del juego" Cristóbal López, ya envió 180 telegramas de preaviso a los trabajadores y le puso fecha al cierre: el próximo 31 de octubre.

 

El historial

 

La crisis de Paraná Metal arrancó en 2008, cuando comenzaronlas suspensiones y los despidos en las empresas contratistas. En 2009, el gobierno nacional instaló a Cristóbal López al frente de la planta y en 2010 estalló un gran conflicto contra el cierre de la empresa.

 

Fueron más de 30 días de corte de autopista y un esfuerzo descomunal de los trabajadores de la fábrica y del resto de los metalúrgicos de la ciudad, con el apoyo de la comunidad de Villa Constitución.

 

La dirección de la UOM nacional entregó el conflicto y la UOM seccional dirigida por Piccinini dejó correr la entregada. Terminaron aceptando un acta acuerdo que dejaba en la calle a 900 familias de los 1.100 puestos de trabajo, liquidaba el convenio de autopartes (laudo 29) y las conquistas particulares de fábrica.

 

Un brutal golpe y retroceso, que le significó a Piccinini la pérdida de la dirección de la UOM Villa Constitución. En ese 2010, Paraná Metal quedó reducida a una Pyme de 200 trabajadores y fue una verdadera catástrofe social para la ciudad de Villa Constitución.

 

 

De la reapertura "virtual" al vaciamiento final

 

En noviembre de 2012, CFK inauguró por video-conferencia la nueva Paraná Metal. Con un discurso que rayaba el cinismo, saludaba la "inversión y la producción realizada", pero con Cristóbal López al frente de la empresa, avanzaba el progresivo vaciamiento.

 

En los últimos cuatro años, la inversión fue mínima y la empresa no buscó clientes. Ahora con niveles de producción por el suelo, anuncian pérdidas millonarias y el cierre definitivo "si no cambia la situación".

 

El progresivo desmantelamiento de Paraná Metal se operó todo el tiempo con la anuencia de Tomada, y el gobierno nacional contó con la complicidad del Ejecutivo provincial del Frente Progresista para llevar adelante su cometido.

 

La tarea es prepararse para enfrentar los despidos

 

La UOM Villa Constitución debe convocar urgentemente a los metalúrgicos y resolver un plan de lucha que incluya la ocupación de la planta, para defender los puestos de trabajo y pelear por un programa obrero.

 

Paraná Metal llegó a ser una de las principales fundiciones del país. Luego de la crisis de 2010 dejó de producir blocks de motores, manteniendo apenas un 10 por ciento de la actividad de la fábrica que desde entonces se dedicó a producir campanas de frenos.

 

Pero Cristóbal López siguió sin invertir un peso y volvió a perder mercado frente a la competencia, llevándola al derrumbe.

 

Existe la base para la continuidad de la empresa, que necesita de un proceso de inversión y reconversión industrial. El camino es la estatización de la fábrica, sin ningún resarcimiento al vaciador López, y su funcionamiento bajo el control de los trabajadores.

Defendamos el derecho al trabajo

El debate electoral oculta una cuestión que sacude a miles de trabajadores: los despidos y suspensiones en la gran industria.

 

Paraná Metal, regenteada por el capo K Cristóbal López, anunció su cierre a fecha cierta.

 

En Fate acaban de disponerse suspensiones masivas.

 

El mismo panorama asuela a Fiat y las otras automotrices de Córdoba; o Peugeot, con más de mil despidos, abiertos o encubiertos, en el último año.

 

Detrás de ellos vienen los obreros de la industria autopartista y metalúrgica.

 

En Brasil y Argentina, los mismos pulpos automotrices que se han servido del Mercosur como fuente de beneficios cuantiosos, no vacilan ahora en suspender y despedir.

 

Entretanto, los candidatos oficialistas y opositores quieren premiar a los cesanteadores con una devaluación y una renovada presión sobre las condiciones laborales de sus trabajadores.

 

La responsabilidad de colocar la agenda de la clase obrera, en las elecciones y en la crisis nacional, le cabe por entero al Frente de Izquierda.

 

Planteamos:

 

• Prohibición de las suspensiones y despidos; reparto

de las horas de trabajo sin afectar el salario.

 

• Por una reconversión industrial sobre nuevas

bases sociales, para terminar con el parasitismo

capitalista y defender incondicionalmente el derecho

al trabajo.

 

• Por una acción internacional de los trabajadores

de la región por estas reivindicaciones. Que

la crisis la paguen los capitalistas.