La arquitectura del ajuste

Scioli, Macri y Massa hacen 'parada' en Washington

Mientras se terminaban de armar las listas definitivas para los comicios del 25 de octubre, los asesores económicos de Scioli y Macri relanzaban la campaña electoral miles de kilómetros al norte de Argentina. Por separado, los aspirantes a funcionarios se entrevistaban con los abogados de los fondos buitre para transmitirles un mensaje común: el arreglo con los usureros que compraron deuda argentina a precio de ganga llegará apenas cualquiera de ellos asuma la presidencia. Por parte de Scioli, el que llevó la promesa fue Mario Blejer, el ex Banco de Inglaterra, ex FMI y ex Banco Central con De la Rúa y Duhalde. En el caso del macrismo, los emisarios completaron el viaje con una visita al FMI, donde dejaron su propuesta económica: "Salida rápida del cepo, eliminación de retenciones a distintos productos y exportar todo lo que se pueda" (La Nación, 6/9). El acuerdo con los buitres es el pasaporte para un urgente reendeudamiento, que el trío presidenciable concibe como salida al actual vaciamiento ‘nacional y popular’ de las reservas internacionales. Después del pago de 6.000 millones de deuda externa en octubre, y de la progresiva -y consentida- "dolarización" de carteras, el kirchnerismo podría dejar el Banco Central con no más de 12.000 millones de dólares.

 

Devaluación y blanqueo

 

Los asesores del trío no dicen, por supuesto, cuál es la condición fundamental del reendeudamiento: una fuerte devaluación de la moneda, para ofrecerles a los fondos que ingresen, el atractivo de comprar activos desvalorizados. No es sólo eso: en la reciente reunión de la UIA, la patronal industrial reclamó por el "alto costo de la mano de obra en dólares": la devaluación apunta también a rematar el salario. El garante de esa política en un eventual gabinete sciolista será Miguel Peirano, economista de Techint. Los contratos a futuro que se celebran en el exterior asumen una desvalorización del peso del 80% para el próximo año.

 

La devaluación serviría también para promover un megablanqueo de capitales, que apoyan por igual sciolistas, macristas y massistas. De este modo esperan ingresar algunos de los 200.000 millones de dólares fugados al exterior bajo el "modelo productivo". Pero el blanqueo deberá ser precedido por una amnistía a los bancos que organizaron la fuga de capitales en estos años. Es lo que reclaman los banqueros en favor de los directivos del HSBC sancionados por el directorio del Central. Estas sanciones desataron una crisis en el banco, que -sólo por ahora- ha reforzado la presencia de los camporistas, agentes de los financistas "amigos" (Cristóbal López y otros). La puja por el control del Banco Central, que se agravará bajo el próximo gobierno, tendrá que dirimir qué fracción del capital financiero se queda con los negocios del "nuevo" endeudamiento. 

 

Tarifazos y presupuesto

 

Otro lugar común de los aspirantes a la presidencia es la eliminación de los subsidios a los servicios públicos, de cara al déficit presupuestario. Pero este recorte también está surcado por contradicciones: Scioli acaba de firmar un compromiso con los gobernadores de las provincias petroleras para mantener el subsidio a la producción de hidrocarburos, de cara al derrumbe de los precios internacionales. Ello significa resarcir a los pulpos con un precio que es hoy un ¡60%! superior al del mercado mundial. Como se ve, la "austeridad fiscal" no regirá para Chevron, Exxon o BP. Pero, para conciliar ese rescate con la reducción de los subsidios, deberán redoblarse los aumentos de tarifas al público. A cambio de ello, los gobernadores petroleros aceptarían la continuidad de Gallucio en YPF. El libreto de este ajuste sería redactado nada menos que por CFK y Kicillof si, como se anuncia en estos días, en el proyecto de presupuesto 2016 se suprime la "emergencia económica" vigente desde 2002. Este fin de los superpoderes obligaría a cualquiera de los sucesores de Cristina a un acuerdo con los parlamentarios de la "liga de gobernadores" y, por lo tanto, a un pacto con éstos. El "gobierno de coalición", que La Nación exige a gritos en sus editoriales, expresaría un compromiso precario entre diferentes camarillas políticas y fracciones capitalistas, para trasladarle a los trabajadores la carga de la crisis.

 

La campaña electoral del Frente de Izquierda debe denunciar a fondo las salidas ajustadoras que preparan "los visitantes de Washington", y oponerle un programa y una plataforma de reivindicaciones obreras y nacionales.