El 16 de diciembre se dio comienzo al juicio oral por el asesinato de Silvia Suppo, quien durante la última dictadura militar fue torturada y sometida a los más denigrantes apremios por las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, y cuyo testimonio fue crucial para la condena del ex juez federal Víctor Brussa a 21 años de prisión.
Sin embargo, cuatro meses después de que la sentencia quedase firme gracias a los aportes de Suppo, fue encontrada sin vida, el 29 de marzo de 2010, en el comercio en el que trabajaba, siendo imputados dos sujetos como coautores del hecho.
No obstante, las irregularidades que coinciden con el carácter político del crimen, no se hicieron esperar: tanto el proceso instigado por el fiscal como las actuaciones policiales, donde se registran declaraciones contradictorias, obtenidas bajo coacción, revelan un marco de encubrimiento por parte del aparato del Estado en relación con los responsables materiales y políticos del homicidio, donde se baraja la hipótesis de "asesinato por encargo".
Como si fuese poco, la causa ha recaído en el Tribunal Oral Federal, compuesto por tres jueces, uno de los cuales, Luciano Lauría, que ha reconocido ser "amigo" (en testimonios pasados) del condenado juez Brussa, a quien le debe su ingreso al Poder Judicial, cosa que él mismo reconoció.
La sentencia del tribunal estaba prevista para febrero de 2015; sin embargo, objetó modificar el rumbo de la causa derivándola en los tribunales ordinarios, es decir: caratular el crimen como un homicidio agravado, por lo tanto la competencia que le corresponde es la ordinaria, y no la federal, en la que debería permanecer por ser una causa relacionada con los crímenes de lesa humanidad. Es visible la intención de cajonearla como un simple suceso para garantizar la impunidad sobre sus responsables políticos.
Es el mismo poder político y judicial, que en un marco político signado por la crisis de los servicios de inteligencia, convocó a la marcha del 18F. El Frente Cívico y Social de Binner en la provincia de Santa Fe garantiza la impunidad de todo un régimen en descomposición. Son aquéllos que en la provincia de Santa Fe garantizan la impunidad de los responsables políticos y de todo un régimen en descomposición. El esclarecimiento del hecho no podrá concretarse si no es acompañado con la movilización popular que exija la condena a los autores políticos y materiales del crimen.
Aún queda mucho por recorrer, por eso redoblemos la iniciativa para este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer trabajadora, y el próximo 24 de Marzo: llenemos la Plaza de Mayo con una posición independiente y un programa político claro de salida a la crisis.
