El PRIMERO, A LA PLAZA. Con el Frente de Izquierda

El día internacional de los trabajadores será una jornada de lucha y de movilización política.

Porque los salarios de las dos terceras partes de los trabajadores no cubre la canasta familiar.

Porque el impuesto al salario castiga ya a más de dos millones de trabajadores.

Porque la desorganización económica golpea a la clase obrera con suspensiones, recortes de horas extras, mayor flexibilización y precarización laboral.

Las burocracias sindicales están metidas a fondo en el cepo del gobierno y las patronales contra las paritarias.

Esto también vale para Moyano y Micheli, que dedican sus mayores esfuerzos a los armados políticos con Macri, en un caso, y con Binner en el otro.

A pesar de ello, la clase obrera delibera y lucha por sus reclamos. Las oposiciones clasistas y antiburocráticas los encabezan.

Este 1º transcurrirá cuando todavía están presentes las secuelas de las inundaciones.

Quedó de manifiesto el vaciamiento de los recursos para vivienda y otras obras esenciales.

Los mismos que se destinan a la deuda usuraria y a sostener a los privatizadores. O engordar a Báez, Cristóbal López y la camarilla oficial.

Pero la indefensión del pueblo frente al desastre corrió por igual donde gobiernan Macri, los socios de Massa en La Plata o de Binner en Santa Fe.

La crisis nacional, por lo tanto, envuelve por igual a oficialistas y a opositores tradicionales.

Unos y otros delatan su intención de endosarle la crisis a los que viven de su trabajo.

En oposición a ellos, plantearemos en la Plaza una alternativa política.

Para colocar en primera fila la lucha por un salario igual a la canasta familiar, hoy en 8.000 pesos; por la anulación del impuesto al salario y por un plan de lucha de las centrales obreras para imponer esos reclamos.

Para luchar por la expulsión de la burocracia sindical y por la independencia de los sindicatos frente al Estado y a los capitalistas.

Para continuar la lucha por condenar a perpetua a Pedraza y avanzar en las complicidades de empresarios y funcionarios en el crimen de Mariano Ferreyra.

Para terminar con la carestía infernal, mediante la apertura de los libros de los monopolios alimentarios e industriales, y el control obrero sobre sus costos y precios.

Para denunciar la devaluación de la moneda (y del salario) a la que nos conducen oficialistas y opositores. Y luchar por una reorganización económica a costa de los capitalistas, mediante la nacionalización de la banca, el comercio exterior, el petróleo y las privatizadas.

En este 1º de Mayo, el Frente de Izquierda reivindicará la lucha y la unidad de la clase obrera mundial contra la crisis capitalista, y por su organización socialista y revolucionaria.

PARTIDO OBRERO

en el Frente de Izquierda

y de los Trabajadores

Esta lucha sigue

Por el castigo a TODOS los responsables

El fallo del tribunal que juzgó a Pedraza y otros 16 acusados por el crimen de Mariano y las heridas de Elsa y otros compañeros absuelve al Estado, a los funcionarios políticos a cargo de la Secretaría de Transporte y del comando de la policía, a los empresarios y gerentes de Ugofe, e incluso a otros patoteros y policías implicados en el crimen o en su encubrimiento. A pesar de contar con pruebas abrumadoras, el tribunal las consideró “insuficientes” para iniciar una investigación sobre empresarios y funcionarios.
Las importantes penas aplicadas a Pedraza y otros nueve acusados -que son el resultado de la vigorosa movilización popular desarrollada durante dos años y medio- no pueden soslayar este hecho fundamental.

Los fundamentos del tribunal
Los jueces rechazaron la versión infame del ‘homicidio en riña’, sostenida por los defensores. Para los jueces, los acusadores probamos las motivaciones políticas y económicas de Pedraza para atacar a los tercerizados: el temor de la burocracia a la formación de un sindicato ‘paralelo’ y la explotación de la ‘cooperativa’ Unión del Mercosur. Los jueces sostuvieron que, a pesar de no existir pruebas ‘directas’ sobre Pedraza, los indicios recabados resultaban harto suficientes para probar su responsabilidad. Entre otros, el intento de soborno a los jueces de Casación, su interés por silenciar a Favale, el manejo discrecional de fondos del Belgrano Cargas y sus declaraciones en la entrevista que le hizo Diego Rojas.

Los jueces también declararon que “cortar las vías no siempre es delito” y definieron como “agresión ilegítima” la pretensión de la patota de sustituir a “jueces y policías” para reprimir un corte. El tribunal citó textual la frase de Pablo Díaz, recogida en la película “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”: “Si el Estado no libera las vías, nos ocupamos nosotros”, y atribuyó su autoría a Pedraza y Fernández. Los jueces afirmaron que los patoteros actuaron en acuerdo con los policías y, por lo tanto, “con la seguridad de que no serían detenidos”.

Pero, a la hora de las conclusiones, contradijeron sus propios argumentos, para acotar responsabilidades y negar la existencia del plan criminal que involucra a funcionarios y empresarios.

Policías
Los jueces condenaron a los comisarios Mansilla y Ferreyra como partícipes, pero absolvieron al subcomisario Garay -que abrió paso a los patoteros y garantizó su huida- y repartieron penas insignificantes entre los policías de la DGO. Los jueces decidieron hacer caso omiso de nuestro pedido de investigación sobre Aníbal Fernández. Aquí hay todavía mucha tela para cortar. El entonces jefe de ministros tenía a su cargo el comando político de la policía: desde las primeras horas posteriores al asesinato de Mariano, Fernández reivindicó el accionar policial en el hecho y lo continúa haciendo hasta ahora. ¿Debemos recordarle al tribunal que el sumario iniciado por Asuntos Internos de la Policía Federal absolvió a todos los involucrados? ¿Y que el Ministerio de Seguridad conducido por Nilda Garré proporcionó durante un año defensa gratuita a los policías acusados y que esa defensa presionó, primero, para que la causa quedara en el fuero contravencional, y luego para que no se unificara con la de los patoteros? Lompizano fue ascendido con posterioridad al crimen de Mariano, y tiempo después apartado de la jefatura pero por razones diferentes a este crimen.
Empresarios y funcionarios

Los jueces afirmaron no haber encontrado pruebas suficientes respecto de la participación de funcionarios y empresarios, como solicitamos en nuestro alegato. Es un encubrimiento burdo. Los gerentes de Ugofe explicaron con pelos y señales cómo consumaban la estafa de la tercerización: mediante ‘licitaciones privadas’ subcontrataban (con fondos públicos) empresas que pertenecían a su mismo grupo económico, además de Unión del Mercosur, la ‘cooperativa’ a través de la cual Pedraza explotaba obreros para llenarse los bolsillos. Los jueces tampoco tomaron nota de la detallada denuncia del ex gerente José Luis García sobre el desvío de fondos destinados al pago de salarios. También resolvieron ignorar la presencia del jefe de seguridad de Ugofe y otros gerentes sobre las vías el mismo 20 de octubre, acompañando a la patota, y los ‘permisos’ dispuestos por la empresa para que se retiraran de los talleres ferroviarios de Escalada los empleados convocados por los delegados.

Algo similar ocurre con los funcionarios de la Secretaría de Transporte y del Ministerio de Trabajo. Juan Pablo Schiavi quedó ‘borrado’ del asunto. Los jueces sostuvieron que Pedraza dio su respaldo político a los atacantes. Eso fue exactamente lo que obtuvo Pedraza de Schiavi el día previo a la agresión, durante una reunión donde obtuvo el compromiso de que la policía colaboraría con su cometido. Toda la operatoria fraudulenta en la administración ferroviaria se desarrollaba bajo el amparo de Schiavi y de Antonio Luna (luego del crimen de Mariano, Luna llamó a Pedraza para solidarizarse con él y convocarlo a permanecer en silencio.)

Repercusiones
El gobierno y sus alcahuetes llaman ahora a ‘conformarse’ con el fallo. Verbitsky lo calificó de “histórico” y “positivo” y “valoró que se haya condenado a un miembro de la burocracia sindical cómplice del desmantelamiento de los servicios públicos de la década del ‘90” (Página/12, 20/4). Evidentemente, para Verbitsky, Pedraza no tuvo ni tiene nada que ver con la tercerización K…

Varios elementos kirchneristas -como Andrés Larroque y María José Lubertino- que repudiaron la lucha de Mariano y la de su organización para lograr la condena de todos los responsables, se hicieron presentes el día de la sentencia para ensayar un operativo ‘clamor’ a favor del fallo. Ahora, desde las redes sociales, atacan al Partido Obrero por denunciar la impunidad de empresarios y funcionarios. Mientras tanto, los chicos -no tan chicos- de La Cámpora que promovían cursos de formación sindical con José Pedraza, organizan ahora mesas redondas con la participación de Tomada y Rial junto a Gerardo “Batallón 601” Martínez, líder de las patotas de la Uocra, en Tecnópolis.

Pedraza fue un aliado privilegiado del gobierno. Los Kirchner le permitieron designar funcionarios en la administración ferroviaria y quedarse con el Belgrano Cargas. Desde la cárcel, recordemos, Pedraza digitó el voto de la Unión Ferroviaria a favor de la constitución de la ‘CGT Balcarce’. Con Pedraza desahuciado, el gobierno se empeñó en el rescate de la lista Verde y en la reorganización del ‘pedracismo sin Pedraza’. Esto quedó formalizado recientemente, de manera ceremoniosa, con la presencia del actual secretario de Transporte, Alejandro Ramos, en el acto de asunción del nuevo secretario general de la UF, el pedracista Sergio Sasia.

Con todo, la condena a Pedraza impactó entre la burocracia alineada en el campo oficial, como lo expresó Oscar Lescano (Luz y Fuerza) apenas conocerse el fallo. Lescano se declaró “consternado” y lo calificó de “injusto” (La Nación, 21/4). Toda la burocracia se ve reflejada en Pedraza. En la próxima etapa, que estará signada por la evolución general de la crisis política nacional -incluida por supuesto la crisis con el Poder Judicial- deberemos enfrentar incluso los intentos por revertir estas condenas acotadas.

Esta lucha sigue…
Esta lucha sigue. Continuará en las calles y en los estrados judiciales, contra los intentos de absolución de la patota que formularán las defensas y por nuestra apelación. No se trata, para nosotros, sólo de ‘mejorar’ las condenas y agregarles algunos años más sino de llevar hasta el final nuestra acusación: el crimen de Mariano fue un crimen político que entrelaza a burócratas, capitalistas y Estado.

Insistiremos con el pedido de condena (calificación del hecho como homicidio agravado) y la ampliación de las investigaciones. También continuaremos batallando en las causas anexas: las que investigan el intento de soborno a los jueces de Casación, los vínculos comerciales entre Unión del Mercosur y Ugofe, los intentos de la defensa por destruir pruebas de este juicio (‘perito’ Locles) y las amenazas que sufrieron varios compañeros en el curso de este proceso.

El día de la sentencia, en las afueras de los tribunales, la escena era impresionante. Divididos por un vallado, una concentración multitudinaria, en la que se encontraban el Partido Obrero y los compañeros de Mariano junto a las organizaciones políticas y populares que acompañaron esta lucha. Del otro, un puñado de kirchneristas, de espaldas a los compañeros de Mariano, seguía la audiencia por medio de una costosa pantalla gigante provista por la Secretaría de Derechos Humanos. Al conocerse el veredicto, de un lado del vallado hubo una explosión de bronca y consternación; del otro, un fútil intento de aplauso seguido por un silencio vergonzante.

De la mano de una reacción popular extraordinaria, y armados de una orientación política, llegamos a esta instancia y no nos fuimos con las manos vacías. Dimos una lucha tenaz y nos abrimos paso contra todos los intentos por sellar una impunidad absoluta. Combatimos las operaciones que por medio de la fiscalía, tanto en la instrucción como en el juicio, apuntaron a limitar sus alcances. Advertimos y combatimos todas esas maniobras -las de los defensores y las de los fiscales- en cada fase de esta lucha y las expusimos sistemáticamente ante los ojos del pueblo.

A través de Mariano, maduró una nueva generación de revolucionarios. Su nombre quedará sellado en la victoria definitiva de los explotados contra este régimen de parásitos y cínicos.Castigo a TODOS los culpables.

Viva Mariano Ferreyra.

Jacyn

La reforma judicial, un episodio de la crisis política

Aunque el gobierno haya reunido los votos necesarios para aprobar los proyectos de reforma judicial, eso no significa que haya obtenido un triunfo político. A último momento -y ante el temor de una deserción de varios diputados oficialistas- debió retroceder en su intención de quitarle a la Corte el manejo del presupuesto judicial, así como el nombramiento de los secretarios de juzgados. De ese modo, la “corpo judicial” logró una primera victoria sin tirar un solo disparo: retuvo una caja de 7.000 millones de pesos y el manejo de su personal.

Si el gobierno pensaba que la campaña por la “democratización” de la Justicia le iba a permitir salir de su impasse, se equivocó grueso. En vez de palmas, cosechó un cacerolazo masivo en su contra y revitalizó a una oposición, la cual estaba más cerca de quedar desahuciada que de convertirse en alternativa de poder. Tampoco le sirvió para cohesionar sus propias fuerzas, como lo probaron las deserciones que surgieron dentro del oficialismo, desde el CELS de Verbitsky, pasando por sectores de Carta Abierta y de “justicia legítima” hasta la CGT-Balcarce, que se vio obligada a denunciar el evidente intento de limitar el derecho a huelga. En buena medida, ocurrió lo contrario que con la “ley de medios”, cuando el gobierno se valió de esa campaña para conquistar apoyo popular y dividir a la oposición. Acá se dividió el gobierno y en la opinión pública el retroceso de CFK alcanza los 10 puntos en sólo un mes.

El costo que pagó el gobierno por esta reforma tampoco lo habilita a disfrutar de sus beneficios. Es que aún deberá atravesar por las presentaciones judiciales que, como han anticipado, realizarán decenas de organizaciones de jueces y de abogados, las que dejarían a la reforma en el limbo de la inconstitucionalidad. El pronóstico es negativo, si se tiene en cuenta el fallo desfavorable que acaba de sufrir el gobierno por la “ley de medios” y en favor de Clarín. La palabra final la tendrá la Corte, cuyo presidente fue denunciado por Carrió por un supuesto pacto con el gobierno. Aunque las maniobras delincuenciales no deberían sorprender a nadie, no alcanza con darle a la Corte lo que ya tenía -el manejo de su presupuesto- para ganarse un fallo favorable a la constitucionalidad de estas leyes. La Corte tiene sobre sí la presión de la corpo judicial que rechaza las reformas, así como también el miedo a convertirse en el foco de un cacerolazo que coloque a Plaza Lavalle como uno de sus objetivos. La Corte Suprema se va transformando en el árbitro de una crisis que envuelve a todo el régimen.

La reforma judicial ni siquiera le asegura al kirchnerismo una bandera para enarbolar en las elecciones ante un eventual rechazo judicial. Esto, porque ha quedado de manifiesto su naturaleza reaccionaria, si se tiene en cuenta el intento de eliminar el sistema de cautelares contra las arbitrariedades del Estado, el cercenamiento del derecho a huelga y el alargamiento de los procesos judiciales para trabajadores y jubilados. La reforma judicial tampoco le ha servido para granjearse el apoyo de la clase capitalista, que ve en ella un intento de la camarilla gubernamental para acentuar aún más el intervencionismo.

Retroceso de conjunto
Sería equivocado, sin embargo, atribuir este retroceso sólo a los proyectos de reforma judicial. Antes estuvieron las inundaciones y las revelaciones de corrupción de la camarilla oficial. Mediante la anulación de la Justicia como poder independiente del Ejecutivo, el gobierno pretende establecer un régimen de emergencia que le permita descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y protegerse de las causas que apuntan a los negociados de la propia camarilla. De este modo pretende proseguir con el saqueo de la Anses para pagar la deuda, forzar negociaciones paritarias a la baja o sostener el cepo cambiario para cubrir el agujero negro creado por el vaciamiento energético. Pero es justamente este régimen de emergencia el que hace agua por todos lados, como lo prueban la permanente fuga de capitales y la trepada del dólar paralelo, lo que amplía el alcance de la desorganización económica.

La oposición tradicional enfrenta la situación con la esperanza de obtener, en esta crisis, un desgaste del gobierno. La misma crisis, sin embargo, ha acentuado su división. Si el “mensaje de la cacerolas” era la unidad de la oposición, lo que tenemos es una mayor fragmentación. Es lo que ocurre con el centroizquierda en la Ciudad, que ya se ha partido en tres bloques. Detrás de las banderas republicanas, la oposición enarbola la defensa de un régimen judicial corrompido hasta la médula, defensor de los intereses capitalistas. El centroizquierda participa alegremente de este “circo republicano”, porque le da la excusa perfecta para dejar de lado cualquier reivindicación social y nacional. Pero los límites de esta oposición son justamente los del propio gobierno: la crisis capitalista y el agotamiento del “modelo”, que ponen de manifiesto su incapacidad para ofrecer una salida. Los Macri, los Scioli, los De la Sota sufren en carne propia la crisis, que actúa como un factor de socavamiento de sus propios gobiernos.

Afrontamos una crisis de fondo, cuyas causas son comunes tanto para el gobierno como la oposición. En este cuadro, el Partido Obrero lucha por construir una salida anticapitalista a la crisis, que tiene por sustento el proceso de descontento popular que crece como consecuencia de la descomposición económica y política.

La clase obrera y la crisis política

El desbarajuste del ‘modelo’ golpea con fuerza a la clase obrera. La inflación del año pasado no ha sido inferior al 25%. A ello, se suma la carga creciente del impuesto al salario: la corrección del mínimo no imponible -de sólo el 16,6% para el año 2013-sumará a nuevos trabajadores al pago del impuesto.

En las paritarias se juega el destino de los ingresos obreros.

Congelamiento trucho
El gobierno tendió sobre la mesa el congelamiento de precios para justificar la imposición de acuerdos salariales a la baja. Pero los precios aumentaron más de un 3% en los meses ‘congelados’. En el caso de los combustibles, el anuncio fue seguido por un naftazo.
A esta altura, el congelamiento sólo le sirve de excusa a la burocracia sindical para redoblar su cepo sobre las paritarias.
La paritaria en La Bancaria fue postergada a cambio de un acuerdo precario de tres meses. En la UTA, el sindicato reclama reabrir la discusión en seis meses. En Luz y Fuerza se impuso un plazo de 18 meses, con un aumento del 20% anual. Algo similar pactó la burocracia adicta en los docentes universitarios. Es muy clara la intención de conseguir un “pacto social” no escrito.
El inmovilismo envuelve también al sindicalismo opositor, el cual aisló a las grandes huelgas docentes de Buenos Aires, Neuquén y Chaco.
Contra estas tentativas, afloran luchas fundamentales como las de los metalúrgicos y los mecánicos (Lear). Los plenarios de la UOM no quieren migajas, los gráficos se han movilizado masivamente reclamando parar por el 35% y han vuelto las asambleas masivas de los petroleros santacruceños. En la UTA crece un movimiento en las internas antiburocráticas para reclamar un básico de 10.000 pesos. La Conadu Histórica ha rechazado el aumento oficial, pactado por las centrales adictas. El paro judicial será fortísimo por abajo, a partir de los ataques de la “reforma” al trabajador judicial.
La burocracia opositora dedica sus esfuerzos a una alianza político-electoral con Lavagna, De La Sota y los restos del duhaldismo.
La CTA Micheli le da la espalda a la huelga docente neuquina y a la de los estatales bonaerenses.
Nuestro partido plantea:
Autoconvocatorias y movilizaciones en reclamo de paritarias libres, por un mínimo de 8.000 pesos, contra los techos salariales oficiales, por la anulación del impuesto al salario, por el 82% móvil, por un plan de lucha de las centrales obreras para conseguir estos reclamos.

Perpetua

¿Hacía falta algo más para probar que el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra fue la consecuencia de un “plan criminal”, cuyo objeto fue defender el negocio de la explotación de los trabajadores tercerizados del ferrocarril y el desvío de los subsidios que otorga el gobierno nacional a los concesionarios?

El audio de las conversaciones del ministro Carlos Tomada con el burócrata sindical José Pedraza constituye la prueba final de la complicidad criminal en todos los niveles.

“La mejor defensa es un buen ataque”, le recuerda Tomada a Pedraza. Precisamente, lo que éste hizo el 20 de octubre de 2010 para proteger sus intereses empresarios en el ferrocarril y el control que ha ejercido, por décadas, en la Unión Ferroviaria.
“Tengo todo controlado”, le informa Pedraza a Tomada, para prevenirlo contra cualquier concesión a los trabajadores tercerizados por parte del Ministerio de Trabajo.

“Hay que hacerles la cabeza”, insiste Tomada ante Pedraza, para asegurarle que los tercerizados podrían ser cooptados o domesticados por medio de la prebenda y la corrupción.

Esta conversación, en su forma escrita, se conoce desde hace casi dos años. Sin embargo, la Presidenta ha mantenido en su cargo a Tomada, precisamente para que siga operando contra los trabajadores a través de su entrelazamiento con la burocracia sindical.

¿Cómo ha podido el gobierno mantener la indiferencia con un compadre de la burocracia sindical comprometida en el asesinato de un joven trabajador militante, que -según dijo en su momento- había “rozado el corazón de Néstor Kirchner?

Este entrelazamiento del gabinete con el negociado ferroviario se puso de manifiesto en forma definitiva en ocasión de la tragedia de Once, la cual ha llevado al banquillo de los acusados al secretario de Transporte, Schiavi, y al ex subsecretario, Luna.

En el juicio oral y público hay otro protagonista relevante del “plan criminal”: la Policía Federal, cuyo jefe político, en 2010, era Aníbal Fernández.

Casi medio gabinete involucrado con los hechos o con los responsables del asesinato de nuestro compañero.

Junto a la responsabilidad de los concesionarios, quienes dieron franco a la patota, ¿no constituyen una asociación ilícita?

El próximo 19 de abril, el Tribunal debe dictar sentencia. Lo hará en medio de una crisis política mayúscula, que tiene como uno de los protagonistas, precisamente, al Poder Judicial.

El reclamo de una condena a perpetua -efectuado por las querellas, para todos los involucrados en este “plan criminal” de defensa de los intereses de los empresarios, los burócratas y los funcionarios- no tiene entonces nada de arbitrario y está lejos de un concepto de venganza.

Es la exigencia de que se deje en claro ante los trabajadores y el pueblo la necesidad de desmantelar un régimen social y político que no escatima en segar la vida humana, la vida de la juventud.

Vamos por la perpetua a Pedraza y a todos los responsables de haber ejecutado un plan criminal contra los trabajadores tercerizados.
El 19 de abril vamos, con estas banderas, a Comodoro Py.

Un desastre nada “natural”

Macri, Scioli y los funcionarios kirchneristas tienen su interpretación de la tragedia de las inundaciones: un fenómeno climático. “Unico”. “Excepcional”.

Pero el pueblo -que vive y trabaja en la Capital, el conurbano o La Plata- sabe que no es así.

Las megatorres de lujo y los shoppings han saturado los servicios esenciales.

Entre ellos, los desagües.

También han devorado los espacios verdes, lo que ha convertido al suelo en un verdadero tapón.

La carestía del metro cuadrado hizo que crezcan las villas y asentamientos, en terrenos inundables y construcciones precarias.

La “obra pública” de Kirchner, Macri y Scioli realiza carreras de autos, canchas de tenis internacionales y rutas para los barrios privados.

Pero no atiende la vivienda popular, la construcción de cloacas y la prevención de inundaciones.

Los fondos van a otro lado: al pago de la deuda usuraria, a sostener a los parásitos de las privatizadas.

No. El desastre de estos días no ha tenido nada de “natural”.

Ponemos toda nuestra militancia y nuestra lucha en la solidaridad con los afectados, quienes son nuestros compañeros de barrio, de estudio y de trabajo.

Organicemos con ellos la lucha para que los responsables sociales y políticos paguen la crisis.

1 – Resarcimiento inmediato a todos los afectados, con la sola comprobación del domicilio.

2 – Asistencia estatal a todos los barrios, bajo control de representantes de los vecinos.

3 – Plan de obras públicas y viviendas, sostenido sobre la base del cese del pago de la deuda externa usuraria y de impuestos extraordinarios al gran patrimonio urbano y rural.

4 – Ningún descuento salarial a los trabajadores afectados.