El "renovado" gobierno socialista de la ciudad, con su intendenta Mónica Fein a la cabeza, han demostrado -una vez más- su complicidad con los lobbies del clero.
Es que a partir de la indignación que causó la decisión de no practicarle el aborto a la niña entrerriana de once años, embarazada a causa de una violación, se puso al descubierto cómo estos lobbies actúan al interior de la salud pública.
El jefe del Servicio de Ginecología del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, Rafael Pineda, es conocido por su vínculo con el clero y ha recibido denuncias de los propios trabajadores por negar la entrega de anticonceptivos a los pacientes, así como por facilitar "traslados" del personal que no coincidiera con su "lineamiento".
Ahora, suelto de cuerpo, ha salido a respaldar la decisión de la continuidad del embarazo de la niña entrerriana y a defender que todo su equipo se declara objetor de conciencia con respecto a prácticas abortivas -aún las reconocidas legalmente. Por lo que, en el principal hospital de emergencias de toda la región, no existían garantías para la atención de abortos no punibles.
Ante esta situación, la intendenta Fein y su secretaria de Salud Pública, Adela Armando, hablan ahora de reubicación de los profesionales para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero durante años de gestión socialista han avalado que los principales puestos en la salud pública estén a cargo de profesionales afines al clero.
Denunciamos que PS-FAP no tiene nada de "progresista". Por el contrario: son cómplices de la permanente violación de los derechos de las mujeres y el bloque parlamentario al que pertenecen se han negado a la sanción del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Más que nunca es necesario redoblar la movilización por la sanción del derecho al aborto, la educación sexual en todos los niveles educativos y el acceso universal a los métodos anticonceptivos. Por la separación de la Iglesia del Estado, para terminar con la muerte de mujeres por abortos clandestinos.
