AL PUEBLO

Argentina ha vuelto a vivir una Semana Trágica -otra más en la historia de lucha de la clase obrera.

Mariano Ferreyra, estudiante y trabajador, fue asesinado; Elsa Rodríguez, luchadora barrial, lucha por su vida; otro compañero del Partido Obrero y un compañero tercerizado, heridos.

El crimen cometido ha echado una nueva luz sobre cosas que no necesitaban mayor claridad.

La existencia de una burocracia sindical 'protegida' por el aparato del Estado y sus leyes y reglamentos, entrelazada con las patronales y convertida ella misma en empresaria, que organiza grupos armados para la defensa de sus privilegios y de sus intereses.

Una policía, cuya estructura sigue incólume desde la dictadura militar, que franquea el paso a estas patotas, en una suerte de tercerización de la represión y que luego recibe el visto bueno del jefe de Gabinete.

Un régimen político por donde circulan invitados los integrantes de estas patotas asesinas, que les permite sacarse fotos con ministros y operadores del gobierno.

Un gobierno que rechaza un pedido de audiencia para que asuma la responsabilidad política que le cabe y que reacciona con críticas atemperadas hacia los criminales, para poder descargar la masa de sus acusaciones contra las víctimas y sembrar la confusión política que facilita el encubrimiento y la impunidad.

Una llamada oposición que, con algunas excepciones, ha sido incapaz de la menor reacción política; más allá de comunicados medrosos, o incluso de complicidad con las tentativas de encubrimiento oficial, hasta se esconde de las luces de la televisión en las que tanto se exhibe.

Un régimen sindical estatizado que funciona como cerrojo para la libre expresión y organización de la clase obrera y como rueda auxiliar de los intereses capitalistas y de los gobiernos -como lo demostró recientemente el rechazo a la jubilación mínima del 82%.

Un extendido régimen de superexplotación social -la tercerización- para el mayor enriquecimiento de los capitalistas y los burócratas asociados a ellos.

Un régimen de concesiones ferroviarias sostenido con subsidios del Estado, en un vasto esquema de corrupción que reúne al Estado y al gobierno con aquellos mismos que han desmantelado los talleres y las vías ferroviarias, y robado miles de toneladas de material y maquinarias.

Es necesario poner fin a todo esto de una vez por todas.

La gigantesca reacción popular contra estos crímenes, hasta en los más alejados rincones de nuestro país, es la parte verdaderamente luminosa de esta Semana Trágica.

Las innumerables huelgas de solidaridad en las empresas y otras manifestaciones obreras y populares son la representación genuina y verdadera de la clase obrera y de la ciudadanía que luchan.

Por todo esto, planteamos:

Juicio y castigo a todos los culpables; investigación de las comisarías 24 de Capital y 2 de Avellaneda.

Investigación de todas las comisarías denunciadas por torturas y castigos, o que hayan sido partícipes del 'gatillo fácil', y de las responsables de la creación de las zonas liberadas para las acciones delictivas.

Fuera las burocracias de los sindicatos; reconocimiento de los sindicatos inscriptos; derogación de la ley de asociaciones profesionales; por la transformación de los sindicatos en órganos de lucha de los trabajadores, independientes del Estado, escuelas del desarrollo material, moral y político de la clase obrera.

Por una CGT sin burócratas, democrática e independiente del Estado.

Fin de las tercerizaciones, convenio único por industria en todas las empresas; fin a la flexibilidad laboral; reparto de las horas de trabajo para crear mayor empleo para los desocupados y los jóvenes.

Por una jubilación del 82% del último salario.

Expulsión, sin ninguna clase de indemnización, de las concesionarias y de las tercerizadas truchas del ferrocarril; por un sistema ferroviario de propiedad y gestión estatales, bajo el control de representantes electos y revocables de los trabajadores.

Juicio y castigo a TODOS los culpables.

UN CRIMEN CONTRA LA CLASE OBRERA

En el mediodía de este miércoles 20, la emboscada criminal de una patota sindical terminó con la vida de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero. Otra compañera del PO, Elsa Rodríguez, y varios trabajadores ferroviarios siguen internados en grave estado. Las balas asesinas defendían el negociado infame de la tercerización, que une a los empresarios K, al gobierno y a la burocracia sindical ferroviaria.Con la plata de los subsidios, los concesionarios del tren pagan contratos millonarios a "empresas" que les pertenecen a ellos mismos. La burocracia de Pedraza es comisionista de este negocio. "Habrá que encontrar a los responsables", dijo la Presidenta, luego de dedicar el acto en Parque Norte a la falta de sabor de las frutillas grandes -siete horas después de los asesinatos.

Pero los testimonios y videos acusan a la patota ferroviaria sin sombra de dudas. Esos mismos videos testimonian que la policía liberó la zona donde la patota ejecutó su emboscada. "Habrá que investigar", dijo el gobierno que reivindica a la Juventud Sindical Peronista, el brazo armado de la burocracia sindical en los años ‘70.

El gobierno reiteró que "no reprime", pero ¿no estamos acaso ante la tercerización de la represión por medio de patotas, como ya ocurrió en el Hospital Francés, o como pasa en el Subte por parte de la burocracia de la UTA?Mariano militaba desde los catorce años; quería su puesto en la clase obrera con su oficio de tornero, pero, sobre todo, desarrollando las organizaciones de la juventud; se puso a luchar codo a codo por la organización obrera sobre bases clasistas, nada menos que en Avellaneda.Mariano es el mejor ejemplar humano de la juventud que se pone de pie en el mundo entero.Todos los militantes del Partido Obrero somos Mariano.

La lucha de Mariano resume las del Partido Obrero y de nuestra clase obrera. Nos duele decirle, tan temprano, "hasta la victoria, siempre".

Binner: "La casa no está en orden"

La imposibilidad constitucional de la reelección de Binner ha desatado una feroz interna en el Frente Cívico, entre Bonfanti, actual ministro de Gobierno; Gustiniani, diputado nacional y dirigente del PS nacional; Barletta, intendente de Santa Fe capital, y Lifschitz, el intendente de Rosario, pero, además, hay un choque con el ARI y el PJ que configuran una creciente crisis política provincial.

En la interna del Frente Cívico, el propio Binner ha tomado partido por su ministro Bonfanti, un hombre de la "gestión" y riñón directo del gobernador de la primera hora. Esta apresurada "instalación" de Bonfanti disparó una gran lucha política en el Frente Cívico. Giustiniani, que maneja el aparato nacional del PS y que tiene mayor instalación política nacional, salió a postularse abiertamente también como posible sucesor.

Casi en las sombras, Lifchitz, el intendente de Rosario, está tejiendo también, alrededor de un enorme aparato asistencial creado en Rosario, su futura postulación.

El planteo del binnerismo a favor de las retenciones segmentadas y de que sea el Ejecutivo (y no el Congreso) quien fije los porcentajes de retención, abrió una crisis con la CC de Carrió, quien defiende eliminar las retenciones de todos los granos y rebajar un 10% a la soja.

Sin embargo, la coincidencia de Binner con Alfonsín para eliminar las retenciones en un plazo equis, refuerza las posibilidades de un acuerdo entre Alfonsín y Binner como formula presidencial.

La llamada "reactivación económica" proveniente de la exportación de soja no ha arrojado ningún cambio para los sectores explotados. En la provincia aumentó la pobreza y los nuevos de puestos de trabajo son mayoritariamente en negro. En las fábricas, las patronales impusieron una enorme precarización y flexibilidad laboral con la complicidad de los funcionarios binneristas, de los gobiernos municipales y de las burocracias de la CGT y CTA, lo cual es la base de los sistemáticos accidentes laborales. El carácter trucho de la ley de los comités mixtos de higiene y seguridad del binnerismo quedó al desnudo en cada accidente y con cada muerte de obreros.

El gobierno provincial se ha declarado prescindente en los grandes conflictos del último período. El Ministerio de Trabajo provincial ‘acompañó las decisiones políticas que tomó el gobierno nacional en los conflictos de General Motors, Malhe, Cotar, SanCor y Paraná Metal y Fundición Ferreira, Binner no asumió ningún compromiso del Estado provincial en el cierre de Lavadero Virasoro, en el cierre de Malhe ni en el desmantelamiento de la fundición Ferreira y de Paraná Metal.

La gestión de los "socialistas" tiene un fuerte carácter parasitario, alienta la concentración capitalista Rosario, donde hay un proceso de hipervaloración de la tierra y de especulación inmobiliaria. El metro cuadrado de tierra en Rosario es de los más altos, medidos en dólares, de los últimos treinta años.

La política de los "socialistas" está acelerando la desindustrialización y la expulsión a la periferia de los sectores populares para transformar a Rosario en una ciudad turística, donde domine el capital especulativo y del juego.

El PJ también juega en la crisis

El gobierno kirchnerista dirige enteramente la política laboral de Santa Fe. Para ganar terreno electoral está realizando las inversiones en la obra pública (acueducto centro-oeste de Santa Fe, la circunvalación, distribuidora de electricidad en Puerto San Martín, etc.). Todas las fracciones reconocen que la presentación dividida del PJ imposibilitaría que puedan reconquistar la provincia. Por esta razón están sondeando una fórmula única.

El kirchnerismo está impulsando un reagrupamiento paralelo, pero no opuesto, por ahora, a Rossi, con Marconatto, un clásico puntero. Una veintena de intendencias justicialistas están recibiendo plata e inversiones por fuera del gobierno provincial.

Hay una profunda crisis de la burocracia sindical: se encuentran abiertamente divididas tanto la CGT como la CTA provinciales. Las CGT de Rosario y de San Lorenzo están alineadas entre el kirchnerismo y el Peronismo Federal. Moyano desembarcó en la provincia para quedarse con la mitad de la CGT de Rosario y también con una cantidad de gremios en San Lorenzo, donde avanza de prepo sobre sindicatos independientes como el Sutra Covi (sindicato del Peaje) para anexarlos a camioneros.

Las elecciones de la CTA la han dejado en manos de Yasky y profundizado la integración del sector ex MIC (Teres-Casiello, CCC y el MST) a la burocracia de Micheli-De Gennaro. Este bloque político (mayoritariamente es tributario de Proyecto Sur) ha dado un "apoyo crítico" al gobierno de Binner. Avanzó en diferentes grados de integración como Acedo, el dirigente de ATE Rosario que metió "técnicos" en el Ministerio de Trabajo.

Esta política de "apoyo crítico" tuvo nefastas consecuencias en las luchas de los trabajadores de Mahle, donde la CTA no convocó a ningún paro regional y ahondó el aislamiento impuesto por la burocracia de la UOM, mientras alentó la intervención del Ministerio de Trabajo "socialista", que realizó un certero trabajo de desgaste para quebrar la lucha. En Paraná Metal, la dirección de Piccinini-Actis, enrolada en la lista con Acedo-Teres, llevó a la derrota de esta gran lucha.

Las grandes luchas obreras de la provincia han permitido a centenares de activistas hacer una experiencia a fondo con la política provincial de Binner y con los distintos sectores de la burocracia sindical. Está planteado superar políticamente los alineamientos que van detrás de las distintas variantes patronales e impulsar una reagrupamiento político de los trabajadores.

Es necesario quebrar definitivamente la política binnerista en la educación y reabrir con un plan de lucha las paritarias para que no se postergue hasta marzo el sueldo de los docentes, desarrollar una campaña provincial por el 82% móvil, ocupar definitivamente la SanCor hasta la reincorporación de todos los cesantes y terminar con el trabajo en negro y los contratados eternos en los cordones industriales.

Juan Ferro

PARANA METAL: "No firmamos nuestros propios despidos"

Luego del acta firmada en el Ministerio de Trabajo y del levantamiento del corte en la autopista, Miguel De Souza, presidente del grupo inversor que gerencia Paraná Metal, declaró que ese acuerdo es "precario" y planteó que la reapertura no tenía fecha.En el acta se habían acordado que 600 trabajadores quedarán en la calle luego de un proceso de suspensiones; que los obreros de las contratistas y cooperativas quedarán en una relación aún más precaria; que la planta trabajará bajo una enorme flexibilidad laboral y que se avanzará en una rebaja salarial con el desconocimiento del laudo 29 y de los adicionales de empresa. También, una cláusula establece que los delegados de fábrica no podrán realizar ninguna acción que pueda parar la producción.La patronal ahora está envalentonada por la aceptación sin condiciones de este acuerdo negrero de parte de la dirección de la UOM de Villa Constitución y ahora va por más.

Cristóbal López ahora supedita la vigencia del acuerdo firmado a exigencias que están por encima de este acuerdo negrero, como la recuperación de los clientes, la aprobación de la jueza del concurso y a que el sindicato garantice que no habrá ningún conflicto.Cristóbal López valoró enormemente la aceptación de sus exigencias por parte de la directiva de Piccinini-Actis y también del opositor Pailón, pero todavía tiene que quebrar la resistencia de un sector de los trabajadores que fue el que heroicamente aguantó el corte de la autopista y que luego votó en contra del acta.El balance del conflicto que hace el secretario adjunto de UOM de Villa Constitución, publicado en el Blog de la UOM, considera que el acuerdo es una "victoria" porque se reabriría la fábrica, aunque hayan quedado 600 trabajadores en la calle y quienes ingresen lo harán bajo una forma de polifuncionalidad extrema. Reivindica la intervención en el conflicto del gobierno K, que siempre defendió los intereses de su amigo Cristóbal López.El balance deja en el olvido que los trabajadores habían votado una y mil veces "los 900 adentro" que en las asambleas y congresos se había planteado otra salida para defender todos los puestos de trabajo: la estatización. Se olvida de denunciar que la kirchnerista UOM nacional no hizo un paro ni de cinco minutos y que la UOM de Villa Constitución, dividida entre Piccinini y Pailón, paró una sola vez.La patronal no ha concurrido a las últimas reuniones y tampoco se han desarrollado asambleas para la comprobación del cumplimiento de lo firmado. Cien de los 400 compañeros que participaron de la asamblea donde se levantó el conflicto denunciaron las intenciones y la parálisis de la propia dirección del gremio y señalaron: "no firmamos en una asamblea nuestros propios despidos". Entre ellos, está lo mejor del activismo que sostuvo el corte de la Ruta 9.

Carlos Blanco

JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE MARIANO FERREYRA

Reclamamos el esclarecimiento inmediato de este nuevo crimen que le costó la vida a Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero. Como otros heridos de bala, algunos en estado gravísimo, fueron atacados a mansalva por una patota armada perteneciente a la cúpula de la Unión Ferroviaria dirigida por José Pedraza, que actuó impunemente en una zona liberada por la Policía Federal, lo cual plantea la responsabilidad del gobierno nacional. Los manifestantes reclamaban por trabajo: exigiendo la reincorporación y efectivización de trabajadores tercerizados en el ferrocarril, luego de meses de gestiones, presentaciones efectuadas al gremio, a las empresas y a la Secretaria de Transporte. Conocido el crimen, organizaciones de trabajadores y sindicatos ya anunciaron paros, movilizaciones y actos de protestas. El crimen se inscribe en una escalada que se expresa en el procesamiento de luchadores y activistas obreros e inclusive en la existencia de presos políticos del campo popular.

En Rosario marchamos este jueves 21 a las 17hs desde plaza San Martín (Cordoba y Dorrego) hasta plaza 25 de mayo

PARANA METAL: La dirección de la UOM entregó el conflicto

Cuando el corte de la ruta 9 había llegado a su quinta semana, se arribó en Buenos aires a un acta-acuerdo que implica un desmantelamiento de Paraná Metal.

El acuerdo firmado por el propio secretariado nacional de la UOM deja en la planta a doscientos veinte obreros reales de la UOM (menos de un cuarto de los actuales) y ochenta jerárquicos y jefes.

El resto será despedido al cabo de seis meses. La forma práctica que asumirá este despido es que se mantendrán las suspensiones rotativas durante seis meses. A partir de allí, las suspensiones se transformarán en fijas con un subsidio del gobierno de seis meses a los futuros de 600 despedidos.Las ‘contrapropuestas' de la UOM nacional y de la dirección de la UOM de Villa Constitución giraron siempre alrededor de aceptar este desmantelamiento planteado por Cristóbal López y reclamar que el gobierno subsidie las suspensiones rotativas por seis meses y las indemnizaciones que la empresa se niega a pagar.El punto 2 del acta-acuerdo establece que la empresa pagará simplemente 101 pesos mensuales a cada obrero en concepto de suspensiones, mientras que 1.900 los pagará el gobierno.El acta tiene un anexo que es la antología de la entrega y la flexibilidad laboral, pues desconoce el laudo 29 y el bono empresa. Lo abonará sólo durante el período de transición de seis meses con el compromiso de que el gobierno, para que esto se ponga en marcha, "colaborará" con 1.200 pesos mensuales, es decir que el gobierno subsidiará el laudo 29 que después de la suspensiones será desconocido, con la salvedad de que si la empresa, después de un período, "arroja ganancias" se restituirían ambos beneficios. La medida es un debut trágico de la mentada "participación en la ganancias".

El acta-acuerdo deja definitivamente afuera desde el primer día a los obreros de las contratistas de Paraná Metal y establece también, de hecho, el fin de las cooperativas obreras, pues las funciones de producción que ellas cumplían están incluidas en las tareas de los 220 operarios que queden.El listado de quienes serán despedidos -que la empresa quería presentar- ha sido dilatado a pedido de la UOM para dentro de seis meses para así poder hacer pasar el levantamiento del corte, que sería imposible que fuera votado por los propios despedidos, pero el acta establece que será la empresa, sin injerencias, la que determinará a quiénes despide, pues está en la mira lo mejor del activismo. Se mantiene durante el acuerdo la existencia de los delegados y la comisión interna que después de un año se reducirá al número correspondiente a los trabajadores en planta.La UOM nacional no llamó ni a cinco minutos de paro por Paraná Metal. La dirección de Villa Constitución, dividida entre Paulón y Piccinini, sólo paró una vez y le puso el cuerpo muerto al conflicto, ya que ni siquiera asistió económicamente la lucha con lo que le restó el apoyo a una infraestructura organizativa lograda por los activistas para sostener el duro corte. Ambos dejaron desangrar el conflicto.

El acta-acuerdo deja al gobierno de Binner como mero testigo de los acontecimientos. Ni siquiera aportará para ayudar a los 600 trabajadores despedidos en seis meses. La ministra de Trabajo "socialista" fue una cómplice descarada del desguace de la planta, como antes lo fue de la fábrica Malhe.Un sector importante de activistas de Acindar y Paraná Metal han completado una rica experiencia sobre la conducta de Paulón y de Piccinini. Su actuación independiente fue la que fogoneó esta gran lucha. Allí están las reservas de una nueva dirección de lucha de los metalúrgicos de Villa Constitución. A ellos, todo nuestro apoyo.

Juan Ferro

DOS GRANDES BATALLAS: Por el 82% móvil, Por el aborto legal

Esta semana, el movimiento popular librará dos importantes batallas. En Paraná, miles de mujeres participarán del XXV Encuentro Nacional. En el primer lugar de la agenda, estará la lucha por el derecho al aborto legal y gratuito.El kirchnerismo promueve un proyecto de ley que permite el aborto en "ciertos casos", los que serán evaluados por profesionales.Nada demasiado diferente a lo que existe hoy: la mujer sigue sin decidir sobre ella misma.Los K, con este proyecto, pretenden neutralizar la lucha de las mujeres y tienden, en vano, un puente a la Iglesia y a la derecha.En oposición a este fraude, vamos a Paraná a luchar por el aborto legal, seguro y gratuito, y a desarrollar un plan de acción.El miércoles 13, en el Senado, se tratará el proyecto que determina la jubilación mínima en el 82% del salario mínimo y que actualiza las jubilaciones congeladas por Cavallo-Menem-Kirchner, en los '90, y por Kirchner, a partir de 2003. Aunque este proyecto ya tiene sanción de Diputados, el gobierno no contempla su pago en el Presupuesto 2011 de los K.La Presidenta dijo que lo va vetar: quiere la plata de la Anses para pagar la deuda externa.La oposición está buscando, en vano, un compromiso.Por eso, tenemos que movilizarnos con todo el próximo miércoles 13.Aborto legal y gratuito, 82% móvil.

El Partido Obrero se movilizó a la embajada de Ecuador

Intervención de Néstor Pitrola en el Acto contra el Golpe en Ecuador

“Aunque la revuelta policial en Ecuador se ha originado en el rechazo a recortes salariales, la detención del Presidente Correa le imprimió un carácter golpista.” .

“Nuestra oposición al giro golpista no implica el menor respaldo político a Correa, quien sigue una orientación privatizadora y colabora con el Comando Sur de Estados Unidos en conjunto con otros gobiernos, a excepción del de Venezuela. Por eso ha recibido el apoyo del ejército y del establishment internacional y la crítica de las organizaciones campesinas.”

“El Partido Obrero rechaza el golpismo en Ecuador y hace responsables a los gobiernos nacionalistas por el progreso de la derecha. Los trabajadores debemos desarrollar nuestra propia salida con los métodos de la lucha social y política”.