Argentina ha vuelto a vivir una Semana Trágica -otra más en la historia de lucha de la clase obrera.
Mariano Ferreyra, estudiante y trabajador, fue asesinado; Elsa Rodríguez, luchadora barrial, lucha por su vida; otro compañero del Partido Obrero y un compañero tercerizado, heridos.
El crimen cometido ha echado una nueva luz sobre cosas que no necesitaban mayor claridad.
La existencia de una burocracia sindical 'protegida' por el aparato del Estado y sus leyes y reglamentos, entrelazada con las patronales y convertida ella misma en empresaria, que organiza grupos armados para la defensa de sus privilegios y de sus intereses.
Una policía, cuya estructura sigue incólume desde la dictadura militar, que franquea el paso a estas patotas, en una suerte de tercerización de la represión y que luego recibe el visto bueno del jefe de Gabinete.
Un régimen político por donde circulan invitados los integrantes de estas patotas asesinas, que les permite sacarse fotos con ministros y operadores del gobierno.
Un gobierno que rechaza un pedido de audiencia para que asuma la responsabilidad política que le cabe y que reacciona con críticas atemperadas hacia los criminales, para poder descargar la masa de sus acusaciones contra las víctimas y sembrar la confusión política que facilita el encubrimiento y la impunidad.
Una llamada oposición que, con algunas excepciones, ha sido incapaz de la menor reacción política; más allá de comunicados medrosos, o incluso de complicidad con las tentativas de encubrimiento oficial, hasta se esconde de las luces de la televisión en las que tanto se exhibe.
Un régimen sindical estatizado que funciona como cerrojo para la libre expresión y organización de la clase obrera y como rueda auxiliar de los intereses capitalistas y de los gobiernos -como lo demostró recientemente el rechazo a la jubilación mínima del 82%.
Un extendido régimen de superexplotación social -la tercerización- para el mayor enriquecimiento de los capitalistas y los burócratas asociados a ellos.
Un régimen de concesiones ferroviarias sostenido con subsidios del Estado, en un vasto esquema de corrupción que reúne al Estado y al gobierno con aquellos mismos que han desmantelado los talleres y las vías ferroviarias, y robado miles de toneladas de material y maquinarias.
Es necesario poner fin a todo esto de una vez por todas.
La gigantesca reacción popular contra estos crímenes, hasta en los más alejados rincones de nuestro país, es la parte verdaderamente luminosa de esta Semana Trágica.
Las innumerables huelgas de solidaridad en las empresas y otras manifestaciones obreras y populares son la representación genuina y verdadera de la clase obrera y de la ciudadanía que luchan.
Por todo esto, planteamos:
Juicio y castigo a todos los culpables; investigación de las comisarías 24 de Capital y 2 de Avellaneda.
Investigación de todas las comisarías denunciadas por torturas y castigos, o que hayan sido partícipes del 'gatillo fácil', y de las responsables de la creación de las zonas liberadas para las acciones delictivas.
Fuera las burocracias de los sindicatos; reconocimiento de los sindicatos inscriptos; derogación de la ley de asociaciones profesionales; por la transformación de los sindicatos en órganos de lucha de los trabajadores, independientes del Estado, escuelas del desarrollo material, moral y político de la clase obrera.
Por una CGT sin burócratas, democrática e independiente del Estado.
Fin de las tercerizaciones, convenio único por industria en todas las empresas; fin a la flexibilidad laboral; reparto de las horas de trabajo para crear mayor empleo para los desocupados y los jóvenes.
Por una jubilación del 82% del último salario.
Expulsión, sin ninguna clase de indemnización, de las concesionarias y de las tercerizadas truchas del ferrocarril; por un sistema ferroviario de propiedad y gestión estatales, bajo el control de representantes electos y revocables de los trabajadores.
Juicio y castigo a TODOS los culpables.
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