Continúa la campaña en defensa de Luis "Cacho" Calarota Profesor y delegado gremial de COAD
El viernes 13 de marzo realizamos la segunda movilización a Tribunales Federales para exigir la reinstalación de Cacho en su cargo como docente de la Facultad de Humanidades y Artes. El despido de Calarota es ilegal porque es delegado gremial de sus pares docentes. Esta marcha tuvo lugar en el marco de la campaña en defensa del profesor Calarota. El 2 de marzo se constituyó la comisión que lleva adelante la campaña que impulsó una juntada nacional de firmas; se pegatinó un afiche en toda la ciudad.
La persecución de Cacho Calarota no es un caso aislado. El rector Maiorana (UCR-Franja) radicó una denuncia (que se suma a denuncias anteriores) en contra de los estudiantes que tomamos el Rectorado a principios de marzo en oposición a que se realice la sesión de Consejo Superior de la UNR, que pretendía aprobar un presupuesto trucho, en la localidad de Zaballa. Es decir, la persecución y judicialización de la protesta es una política oficial de la camarilla, contra los que luchan por la educación pública y gratuita.
Desde la puerta de la Facultad de Humanidades marchamos hasta los tribunales federales representantes sindicales de Rosario y San Lorenzo, agrupaciones estudiantiles, alumnos, ex alumnos y docentes. Lamentablemente, la conducción del Centro de Estudiantes, Alde - PCR, no participó de la jornada (ver recuadro).
Como resultado de la marcha, se logró una reunión de Calarota con la jueza Sylvia Aramberri. Cacho denunció ante la jueza el cajoneo de la querella en otro juzgado federal y pudo explicarle que la UNR estaba sobradamente notificada de su condición de delegado gremial y detalló los motivos de la persecución académica y gremial que impulsaba el rector.
Simultáneamente, una delegación de compañeros de distintos sindicatos se entrevistaba con la Cámara de Apelaciones. Se comprometió a realizar una audiencia con el presidente de la Cámara.
La campaña está más fuerte que nunca, por la reincorporación de Cacho, en contra de la judicialización de la protesta y persecución a los que luchan en la UNR; en fin, por la lucha incondicional por la universidad pública y gratuita.
UJS Rosario
La persecución de Cacho Calarota no es un caso aislado. El rector Maiorana (UCR-Franja) radicó una denuncia (que se suma a denuncias anteriores) en contra de los estudiantes que tomamos el Rectorado a principios de marzo en oposición a que se realice la sesión de Consejo Superior de la UNR, que pretendía aprobar un presupuesto trucho, en la localidad de Zaballa. Es decir, la persecución y judicialización de la protesta es una política oficial de la camarilla, contra los que luchan por la educación pública y gratuita.
Desde la puerta de la Facultad de Humanidades marchamos hasta los tribunales federales representantes sindicales de Rosario y San Lorenzo, agrupaciones estudiantiles, alumnos, ex alumnos y docentes. Lamentablemente, la conducción del Centro de Estudiantes, Alde - PCR, no participó de la jornada (ver recuadro).
Como resultado de la marcha, se logró una reunión de Calarota con la jueza Sylvia Aramberri. Cacho denunció ante la jueza el cajoneo de la querella en otro juzgado federal y pudo explicarle que la UNR estaba sobradamente notificada de su condición de delegado gremial y detalló los motivos de la persecución académica y gremial que impulsaba el rector.
Simultáneamente, una delegación de compañeros de distintos sindicatos se entrevistaba con la Cámara de Apelaciones. Se comprometió a realizar una audiencia con el presidente de la Cámara.
La campaña está más fuerte que nunca, por la reincorporación de Cacho, en contra de la judicialización de la protesta y persecución a los que luchan en la UNR; en fin, por la lucha incondicional por la universidad pública y gratuita.
UJS Rosario
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