Se declararon en huelga los trabajadores de la planta de General Motors en Sao José dos Campos, en el interior del estado de San Pablo, Brasil, en protesta contra 802 despidos anunciados por la empresa.
Economistas brasileños como Arthur Barrionuevo, de la Fundación Getulio Vargas, manifestaron su temor de que esos despidos sean sólo el punto de partida de una gran ola. "La General Motors produce en Brasil para el mercado interno y, en consecuencia, estos despidos están vinculados con una caída de las ventas en el país", dijo Barrionuevo (Clarín, 14/1).
En verdad, la "ola" tan temida ya comenzó: "Unos 600 mil trabajadores perdieron sus empleos en diciembre en Brasil debido a la crisis global... Además, una de cada tres empresas brasileñas pretende despedir trabajadores en los próximos días..." (El Cronista, 12/1).
Como en el caso de su fábrica argentina en Rosario, la empresa se amparó en el argumento de que los despidos afectaron "sólo a trabajadores contratados temporalmente" (Ansa, 13/1).
La respuesta obrera
En la mañana del martes 13, al conocerse los despidos, el primer turno decidió no entrar. Luego, a instancias del sindicato, la medida se redujo a paros de una hora por turno y una "escalada de movilizaciones". Los trabajadores exigen la inmediata reincorporación de los cesanteados y que se asegure la estabilidad en el empleo a todos, sean obreros de planta o contratados.
Al cierre de esta edición, una masiva asamblea del segundo turno deliberaba en la tarde del miércoles 14, y se esperaban nuevas medidas de fuerza.
Un dirigente del sindicato metalúrgico, Vivaldo Moreira Araújo, dijo: "Es absurdo que los empresarios quieran que los trabajadores paguen el precio de una crisis que ellos no generaron" (http://www.sindmetalsjc.org.br/).
El secretario general de esa organización sindical, Luiz Carlos Prates, se dirigió directamente al presidente de la República: "No se puede aceptar que el gobierno de Lula dé miles de millones de reales a las montadoras (de automóviles) y deje que los trabajadores paguen la crisis con despidos. Antes que palabras, necesitamos acciones concretas del gobierno federal" (ídem).
En ese sentido, Prates reclamó un decreto que ordene la estabilidad de empleo para todos los trabajadores y reduzca la jornada de trabajo a 36 horas semanales, sin reducción de salarios. Eso es lo que en el Brasil se llama "banco de horas"; es decir, el reparto de las horas de trabajo sin afectar los ingresos de los trabajadores.
Economistas brasileños como Arthur Barrionuevo, de la Fundación Getulio Vargas, manifestaron su temor de que esos despidos sean sólo el punto de partida de una gran ola. "La General Motors produce en Brasil para el mercado interno y, en consecuencia, estos despidos están vinculados con una caída de las ventas en el país", dijo Barrionuevo (Clarín, 14/1).
En verdad, la "ola" tan temida ya comenzó: "Unos 600 mil trabajadores perdieron sus empleos en diciembre en Brasil debido a la crisis global... Además, una de cada tres empresas brasileñas pretende despedir trabajadores en los próximos días..." (El Cronista, 12/1).
Como en el caso de su fábrica argentina en Rosario, la empresa se amparó en el argumento de que los despidos afectaron "sólo a trabajadores contratados temporalmente" (Ansa, 13/1).
La respuesta obrera
En la mañana del martes 13, al conocerse los despidos, el primer turno decidió no entrar. Luego, a instancias del sindicato, la medida se redujo a paros de una hora por turno y una "escalada de movilizaciones". Los trabajadores exigen la inmediata reincorporación de los cesanteados y que se asegure la estabilidad en el empleo a todos, sean obreros de planta o contratados.
Al cierre de esta edición, una masiva asamblea del segundo turno deliberaba en la tarde del miércoles 14, y se esperaban nuevas medidas de fuerza.
Un dirigente del sindicato metalúrgico, Vivaldo Moreira Araújo, dijo: "Es absurdo que los empresarios quieran que los trabajadores paguen el precio de una crisis que ellos no generaron" (http://www.sindmetalsjc.org.br/).
El secretario general de esa organización sindical, Luiz Carlos Prates, se dirigió directamente al presidente de la República: "No se puede aceptar que el gobierno de Lula dé miles de millones de reales a las montadoras (de automóviles) y deje que los trabajadores paguen la crisis con despidos. Antes que palabras, necesitamos acciones concretas del gobierno federal" (ídem).
En ese sentido, Prates reclamó un decreto que ordene la estabilidad de empleo para todos los trabajadores y reduzca la jornada de trabajo a 36 horas semanales, sin reducción de salarios. Eso es lo que en el Brasil se llama "banco de horas"; es decir, el reparto de las horas de trabajo sin afectar los ingresos de los trabajadores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario