La tragedia de Once es una responsabilidad criminal y política de los capitalistas concesionarios y del gobierno.
Durante diez años lucraron con las privatizaciones del menemismo, con subsidios millonarios y nuevos negocios.
Asociada a la malversación de los capitalistas y funcionarios públicos, la burocracia sindical se convirtió en empresaria del ferrocarril privatizado.
Las cincuenta y un muertes de Once no sólo condenan a un sistema de transportes, sino también a un régimen y a una organización social que ha dejado al transporte en ruinas, al país sin reservas de petróleo y de gas, al presupuesto nacional sin recursos y vaciado a la Anses y al Banco Central.
Los que venían a enfrentar a la década "neoliberal", vinieron a salvar a los socios de Menem y a enriquecerse.
Ahora que los recursos para seguir subsidiándolos se terminaron, el gobierno los quiere premiar con tarifazos.
El gobierno amenaza ahora con intervenir a YPF o a TBA, no para afectar el poder económico de los monopolios, sino para rescatarlos de la debacle.
El régimen que montó la fachada de Tecnópolis ha mostrado su verdadera cara en el desastre de Once.
Reclamamos juicio y castigo a los responsables, junto a los docentes en huelga, a los pueblos que se movilizan contra los monopolios megamineros, a los demócratas que manifiestan contra la ley antiterrorista y el espionaje de Garré.
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