Alicia Siciliani, diputada de Binner y ex ministra de Trabajo de su provincia, no se presentó a un debate con nosotros, al que se había comprometido en el programa de Gustavo Sylvestre. Lo hizo en su lugar el diputado Milman, quien admitió el planteo binnerista de devaluar la moneda "para favorecer a la producción agropecuaria e industrial perjudicada por el aumento de costos que trae la inflación de precios" -una variedad de ajustazo contra el bolsillo popular a favor de los exportadores. Admitió también que el 37,7% de los trabajadores de la provincia de Santa Fe está en negro, superando el promedio nacional, ante lo cual festejó que esto sea informado "transparentemente" por parte del Ministerio Público provincial.
Ahora bien, importa todavía más la línea social y económica con la que el binnerismo pretende superar esos índices de trabajo en negro. La diputada Siciliani ha presentado un proyecto de ley para adecuar la legislación de las agencias de empleo a las normas de la OIT (Convenio 181), el que ratifica su existencia y funcionamiento con el argumento de que "abren las puertas del mercado de trabajo e incrementan la empleabilidad (...) formando parte de los nuevos paradigmas de la producción".
Para ponerlo en criollo, es una legitimación de las agencias que se reglamentaron y tuvieron difusión masiva en la Argentina en los años 90 (decreto 342 del 24 de febrero de 1992). Toman y despiden obreros sin costos, de acuerdo a los flujos y reflujos productivos, con lo que ahorran costos a las empresas a expensas de la estabilidad laboral. De ese modo debilitan las filas del colectivo obrero mediante contingentes precarizados y desindicalizados, los que no pueden adherir a medidas de lucha.
El convenio de la OIT, como todas las chácharas de este tipo, plantea que se "regule" la actividad, que esté sujeta al salario mínimo y normas elementales de cobertura médica social (obras sociales) y sindical, y que se eviten "discriminaciones" y "prácticas de trata de personas". El disfraz "progre" de este planteo -aceptado por la mayoría de las izquierdas europeas (y sus burocracias sindicales)- es que la flexibilización que se opera por vía de las agencias ayuda al "empleo" y al combate al empleo "informal" o en negro. La Argentina probó que todas esas cosas han crecido al mismo tiempo: el negro, la flexibilidad y la desocupación.
Lo que no dice el proyecto binnerista -y que es el corazón del problema- es que debe regir el convenio de la actividad madre o el mejor convenio del establecimiento o rama para los trabajadores conchabados por agencia. Precisamente, las agencias son el mayor contingente nacional de "tercerización": los trabajadores cobran un convenio basura y la patronal parásita de las mismas -completamente ociosa y con inversión cero- se queda con una renta basada en la superexplotación de los compañeros, por cumplir la función "sucia" de la precarización laboral.
En el camino de la eliminación de las agencias de empleo -que no existieron en la etapa de desarrollo industrial de las naciones y, en cambio, proliferaron en la etapa de decadencia industrial y flexibilización laboral-, el golpe inmediato a asestar es que rija el mejor convenio de la actividad para todos los trabajadores, los de planta y los de agencia. Lo cual no agota el problema del empleo a contrato temporario, pero saca de la cancha el núcleo de la llamada tercerización laboral, porque desaparecería la plusvalía de doble piso que sufre un obrero de agencia.
El proyecto de Siciliani fue apoyado por diputados de la UCR, naturalmente del socialismo, y aún del peronismo federal. No es de extrañar: se trata de "políticas de Estado" para convalidar el régimen de flexibilidad laboral, de las que evidentemente no escapa la "mini-alianza" de Binner.
Llamamos a los luchadores de la CTA a debatir la cuestión y a volcar su voto al Frente de Izquierda, que se opone por el vértice a todo el edificio legal de la flexibilidad laboral y al unicato de la burocracia sindical.
Néstor Pitrola
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