jueves, 19 de noviembre de 2009

Gran acuerdo por la soja

En la Cámara de Diputados de Santa Fe, socialistas, radicales y peronistas alineados con Carlos Reutemann acaban de aprobar un despacho por minoría, elaborado por el PJ de la Comisión de Agricultura de la provincia. El dictamen modifica las distancias establecidas para pulverizar con productos tóxicos de 300 a 100 metros de los centros urbanos.
El avance de la frontera agropecuaria, especialmente por el monocultivo de soja, exigía una adecuación de la ley debido a la realidad que viven muchos campesinos y pobladores de numerosos pueblos y ciudades, manifestada en diversos tipos de reclamos.
La propuesta de modificación de la ley presentada a la Comisión de Medio Ambiente elaboró dos dictámenes –por mayoría y minoría– que fueron tratados por la Comisión de Agricultura. Esta última comisión, elaboró el dictamen que ahora proseguirá su camino hacia el tratamiento en el recinto.
En una redacción poco clara, con amplias zonas grises para la reglamentación y sin justificación racional, el dictamen de Agricultura propone, en síntesis, llevar las fumigaciones, incluso con productos químicos cuestionados por la comunidad científica internacional, hasta los patios y jardines de las viviendas y continuar envenenando a la población para asegurar el incremento de los negocios capitalistas.
El glifosato plaguicida utilizado en la producción de soja transgénica –del que se asperjan 200 millones de litros en cada ciclo productivo sólo en nuestro país– fue objeto de severas observaciones por parte de científicos argentinos en cuanto a su impacto ambiental y sanitario.
Estas decisiones gubernamentales se rigen con un criterio exclusivamente productivista-rentista por sobre la salud y el ambiente de los santafesinos. En suma, las distintas fuerzas políticas capitalistas se unen para favorecer los negocios de unos pocos en detrimento de la salud y el futuro de la mayoría de los santafesinos.
El dictamen de esta ley nos convoca a las diferentes organizaciones a movilizarnos para evitar que sea implementada.
Emanuel Berardo

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