Como en todo el país, la patronal y el gobierno de Granadero Baigorria, en el sureste santafecino, no encuentran otra salida que descargar la crisis sobre el pueblo trabajador.
Lo que no tenían en sus planes era la resistencia desde abajo ante tantos atropellos. En la ciudad, apenas terminaron las elecciones provinciales comenzaron los ataques en las fábricas; Fundición Martínez echó a siete operarios que inmediatamente realizaron un piquete en la puerta del establecimiento (con el apoyo de gran parte de sus compañeros), para rechazar no sólo los despidos sino el estado policial dentro de la fábrica ejercida por el patotero Martínez, con fuertes contactos en medios gremiales y políticos. Esa lucha obrera de casi un mes, aunque no logró la reincorporación, consiguió un aumento en la hora tanto para operarios como para oficiales.
Al mismo tiempo se producían treinta despidos en Agrinar (que pertenece al vaciador Taselli) y trece en la empresa yanqui John Deere. Ante el piquete sobre la avenida (ruta 11) el ministerio tuvo que dictar la conciliación, pero la situación sigue atada con alfileres.
Las finanzas del municipio hacen agua por todos lados, pero al intendente, Alejandro Ramos (PJ), lo único que se le ocurre es meternos la mano en el bolsillo a los trabajadores. Ahora, con la excusa de que necesita financiar las obras públicas, lanzó un proyecto de ordenanza para privatizar el cobro de tasas, multas de tránsito, contribución por mejoras de cloacas, agua potable y pavimento, y todas las deudas que se tengan con el municipio. A cambio de su tarea, la empresa Gesinco (que se sospecha está vinculada con el estudio jurídico del propio intendente), se quedará con el 25% más IVA de todo lo que recaude. Un saqueo a las arcas comunales.
La situación de los municipales es de mucho descontento, contenido a duras penas por la burocracia del sindicato. Raúl Faivre, un compañero contratado durante ocho años, está acampando desde hace un mes y medio en la puerta del municipio, pidiendo por su fuente de trabajo. En Baigorria la cantidad de obreros contratados, con un básico de 550 pesos, supera los dos tercios del total de municipales. Se hace necesaria una medida de acción urgente por parte del Sitram y de la Festram (provincial).
Vamos a presentar en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para prohibir suspensiones y despidos en todos los lugares de trabajo de la ciudad. Necesitamos imponer nuestros reclamos y dar una salida obrera a toda esta barbarie.
Lo que no tenían en sus planes era la resistencia desde abajo ante tantos atropellos. En la ciudad, apenas terminaron las elecciones provinciales comenzaron los ataques en las fábricas; Fundición Martínez echó a siete operarios que inmediatamente realizaron un piquete en la puerta del establecimiento (con el apoyo de gran parte de sus compañeros), para rechazar no sólo los despidos sino el estado policial dentro de la fábrica ejercida por el patotero Martínez, con fuertes contactos en medios gremiales y políticos. Esa lucha obrera de casi un mes, aunque no logró la reincorporación, consiguió un aumento en la hora tanto para operarios como para oficiales.
Al mismo tiempo se producían treinta despidos en Agrinar (que pertenece al vaciador Taselli) y trece en la empresa yanqui John Deere. Ante el piquete sobre la avenida (ruta 11) el ministerio tuvo que dictar la conciliación, pero la situación sigue atada con alfileres.
Las finanzas del municipio hacen agua por todos lados, pero al intendente, Alejandro Ramos (PJ), lo único que se le ocurre es meternos la mano en el bolsillo a los trabajadores. Ahora, con la excusa de que necesita financiar las obras públicas, lanzó un proyecto de ordenanza para privatizar el cobro de tasas, multas de tránsito, contribución por mejoras de cloacas, agua potable y pavimento, y todas las deudas que se tengan con el municipio. A cambio de su tarea, la empresa Gesinco (que se sospecha está vinculada con el estudio jurídico del propio intendente), se quedará con el 25% más IVA de todo lo que recaude. Un saqueo a las arcas comunales.
La situación de los municipales es de mucho descontento, contenido a duras penas por la burocracia del sindicato. Raúl Faivre, un compañero contratado durante ocho años, está acampando desde hace un mes y medio en la puerta del municipio, pidiendo por su fuente de trabajo. En Baigorria la cantidad de obreros contratados, con un básico de 550 pesos, supera los dos tercios del total de municipales. Se hace necesaria una medida de acción urgente por parte del Sitram y de la Festram (provincial).
Vamos a presentar en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para prohibir suspensiones y despidos en todos los lugares de trabajo de la ciudad. Necesitamos imponer nuestros reclamos y dar una salida obrera a toda esta barbarie.
Iván de Baigorria
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