El caso de Vanesa, la joven rosarina de 24 años que se practicó un aborto con siete meses de gestación, es una dolorosa prueba del grado de barbarie en el que se desbarranca y al que nos arrastra el régimen capitalista. ¿Por qué una joven llega al extremo de abortar un embarazo tan avanzado, en la ilegalidad y sin atención médica? ¿Qué situación la obligó a exponerse a la muerte y a ir presa, a no poder criar a su hijo de siete años? ¿Sabía Vanesa cuántos meses de embarazo tenía, como el juez da por sentado? ¿Alguna vez la controló un médico? La familia dice que ella negaba un embarazo evidente. ¿Por qué?
Los acusadores no formulan esas preguntas porque las respuestas desnudan los horribles costos sociales de la miseria, de la opresión, de la maternidad forzada, de la falta de educación sexual, de la ilegalidad del aborto. También son prueba de que la enorme opresión impuesta a las más humildes precipita a algunas a actos de brutal desesperación de los que ellas también son víctimas. ¡Presentar el aborto de dos fetos de siete meses, probablemente viables, como producto de una perversa maquinación individual, es una infamia que sólo intenta absolver a un régimen que impone estas condiciones de vida a las masas!
Si hubiera educación sexual y anticoncepción gratuita, miles de jóvenes no llegarían a embarazos no deseados. Si el aborto fuera legal, Vanesa seguramente no hubiera cargado durante meses con la violencia de una preñez a la que -por causas que nadie se pregunta- decidió interrumpir. Nada de esto consideran el juez, los medios de comunicación, los acusadores.
Vanesa ingresó al Hospital de Eva Perón con la placenta retenida y hemorragia, y la denunciaron. Es inadmisible: saben que cientos de mujeres mueren por concurrir tardíamente al hospital, justamente por miedo a que las denuncien. Hace sólo unos meses, dos mujeres murieron en Rosario por esta causa. La persecución es sólo para las trabajadoras que van al hospital público, las pacientes de clínicas privadas nunca son perseguidas por abortar.
Repudiamos con indignación los dichos del juez Hernán Postma acerca de que Vanesa "no vive en la extrema pobreza". Con su declaración, el juez busca la condena social. Vanesa vivía hacinada en una casa precaria, con su familia, la de sus suegros y la de su cuñada. Este caso es una muestra más de la total hipocresía del gobierno socialista de Binner, que se manifiesta a favor de la despenalización del aborto pero persigue y condena a las mujeres que abortan. En medio de miles de despidos y suspensiones, de cierres de fábricas, de aumento de la pobreza, como reconoce la hipócrita iglesia, continuar un embarazo y traer un niño al mundo se hace imposible para miles de mujeres trabajadoras.
El Estado en todas sus formas -judicial, represivo, burocrático- cae con todo su peso sobre Vanesa. Intentan disimular que los primeros responsables de que ocurran estas tragedias son, claramente, quienes desconocen el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la maternidad. Quienes las privan del trabajo y de los recursos necesarios (salario, vivienda, acceso a la salud y a la educación) para criar a los hijos dignamente. No vamos a aceptar que la castigada por este crimen social sea la más débil, la más humilde, la privada de todos sus derechos, mientras los verdugos de las mujeres y de la infancia se arrogan el papel de acusadores. No reconocemos al Estado capitalista el derecho a juzgar a sus víctimas.
• Vanesa está presa e incomunicada. Exigimos que se le devuelva la libertad y se le brinde urgente atención médica y psicológica.
• Exigimos educación sexual y acceso a la anticoncepción gratuita.
• Exigimos la legalización del aborto y su inclusión como práctica gratuita en todos los niveles de la salud.
• Las consecuencias económicas y sociales de la crisis no deben ser pagadas por el pueblo. Que los capitalistas paguen su crisis.
PLENARIO DE TRABAJADORAS ROSARIO
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