jueves, 26 de marzo de 2009

Frente a la crisis del campo

Mientras las patronales rurales exigen que el gobierno atienda los reclamos del "campo", ellos no atienden los reclamos de sus trabajadores. Aunque de esto se habla muy poco, y aparece relegado a nivel mediático, han comenzado los despidos de trabajadores rurales.
Grobocopatel, el líder de los pools de siembra, acaba de anunciar su decisión de desprenderse del 10 por ciento de su personal. Otros pools, como El Tejar, Cazanave y Asociados, y MSU, plantean que es inevitable la reducción del área sembrada y las cesantías. Lo mismo ocurre en otras explotaciones de menor magnitud, que se están deshaciendo de sus trabajadores, incluso con antigüedad. Los despidos no aparecen en las estadísticas porque se trata, en una gran proporción, de trabajo en negro.
Uatre (el sindicato de los trabajadores rurales) actúa en complicidad con la patronal. El Renatre, organismo encargado de fiscalizar el trabajo en el campo, deja pasar los atropellos patronales. El régimen de 8 horas no se respeta y la realidad de los trabajadores del campo - peones, encargados, capataces- es de servidumbre (también realizan quehaceres domésticos).
Los trabajadores en los centros urbanos
Un proceso similar se verifica entre los trabajadores urbanos radicados en los distritos agrarios.
Los capitalistas han respondido con despidos de contratados, suspensiones, reducción de extras, no renovación de contratos a pymes, tercerizadas de las empresas más grandes, como el caso de Cerro Negro (Olavarría). En Coronel Suárez ya se habla de despidos en Indular, propiedad de la brasileña Vulcabrás, que paga salarios entre 1.000 y 1.200 pesos. Una importante movilización popular detuvo momentáneamente los despidos en Cerámica San Lorenzo, una planta de Azul que pertenece a una multinacional de origen belga. Metalúrgica Tandil anunció que trabajará entre dos y cinco días por mes por lo menos hasta junio. Sus obreros cobrarán el 50 por ciento del sueldo más 300 pesos que les otorgó el Concejo Deliberante.Los gobiernos comunales echan nafta al fuego con aumentos de tasas y congelamiento del sueldo de los trabajadores municipales.
La burocracia sindical sigue con una política pérfida de división entre trabajadores de planta y contratados, ocultamiento de la crisis y adaptación a los planteos patronales. En Tandil ya se conformó un Comité de Crisis, y el intendente, el radical Miguel Lunghi, tiene un proyecto de ordenanza para conformar un Consejo Económico y Social con la patronal, la burocracia y la Iglesia. Otros municipios se proponen imitarlo.
¿Hacia dónde van los chacareros?
Son los chacareros pequeños y medianos quienes con más vehemencia plantean la supresión o rebaja de las retenciones y la devaluación. A medida que la crisis avanza, esta legión de productores se aferra a ese programa como a una tabla salvadora, y eso refuerza sus nexos con la Sociedad Rural, la Carbap y la gran patronal del campo. La preservación de este frente común se expresa en la Comisión de Enlace.
¿Pero, esa vía representa una salida?
El negocio agrario está manejado por pulpos y grandes corporaciones. A los terratenientes y fideicomisos agrarios les quedará el mayor beneficio de una eliminación de las retenciones. Otra gran tajada se la llevan los grandes proveedores de insumos (Monsanto, Nidera, etc.), los pulpos comercializadores (Cargill, Bunge y Born, Dreyfus), los pools de siembra y los bancos. La renta del suelo, la financiera y la comercial acapara la parte más sustancial del beneficio agrario.
Tampoco se salvan quienes venían arrendando sus tierras. Este sector constata cómo el valor de los alquileres se va comprimiendo (en algunas zonas se ha derrumbado hasta un 50 por ciento). Pero tampoco están en condiciones de ponerlos a producir por su cuenta. No tienen ni los recursos, ni el capital, ni el crédito para hacerlo y no están en condiciones de competir con las grandes explotaciones; en especial, ahora que asistimos a una caída de los precios y la demanda.
El sector de chacareros que explota su tierra y alquila otras (capitalismo rural) se refugia en la sojización. Es el cultivo más rentable a pesar del derrumbe de los precios, porque aún están por encima del promedio histórico y han bajado relativamente los costos de los insumos. Los chacareros esperan obtener una reducción de costos adicional no rotando el cultivo, lo cual agota la tierra.
La patronal exportadora -la grande y la pequeña- reclama y presiona, además, por la mega-devaluación (el gobierno ya aceleró la mini-devaluación). Pero el comercio mundial se está desplomando y con él la salida exportadora.
La actividad sojera es (más que otras actividades) un proceso financiero (endeudamiento y renta a futuro). Los exportadores, acopiadores y bancos se financian en el mercado internacional y lo mismo ocurre con los proveedores de insumos, que financian al sojero y refinancian ese préstamo en el exterior. El derrumbe del campo es, antes que nada, la consecuencia del desplome financiero mundial. La devaluación encarece las deudas y acentúa la baja de los precios en el mercado internacional. Un tendal de chacareros (ya sean propietarios o rentistas o una combinación de ambos) se verá forzado a malvender sus campos, sus maquinarias y sus activos.
El reclamo sojero es, por otra parte, un ataque en regla al ya destruido consumo popular, e implica un hundimiento mayor del mercado interno. En otras palabras, socava la única salida realista, capaz de permitir una auténtica reactivación de la economía y un desarrollo de las fuerzas productivas.
El gobierno K con los pulpos
La política de los K es aún más catastrófica. La aplicación de las retenciones tiene por objeto pagar la deuda externa y hacer frente a la amenaza de ‘defol'. El achicamiento de los ingresos del campo que resulta de esas retenciones afecta, por sobre todo, a la pequeña y mediana patronal, que debe pagar préstamos y arrendamientos, y que no tiene manejo de los precios en los mercados a término. El gobierno ha provocado una rebelión chacarera para pagar a los usureros internacionales, no para ‘redistribuir ingresos' a los trabajadores.
El abaratamiento relativo de los alimentos por medio de restricciones a las exportaciones de carne, trigo o leche no ha beneficiado a los trabajadores sino al capital (agrario, industrial o financiero), que se ha servido de él para pagar salarios relativamente más bajos.
Si fuera un gobierno realmente popular o nacional (capitalista) habría nacionalizado el comercio exterior y la banca, y establecido una industria estatal de insumos, asegurando de este modo un desarrollo social más amplio de la explotación agraria.
Reorganización social
Surge con claridad que el agro, al igual que el conjunto del país, necesita ser objeto de una reorganización sobre nuevas bases sociales.
En el interior, todo está por hacerse. La infraestructura habitacional, escolar, sanitaria y de servicios es pésima o inexistente. En las zonas rurales las escuelas están desabastecidas, y la atención de salud no existe. Ciudades enteras envejecen por la emigración de los jóvenes, expulsados por la falta de empleo. Los años de "bonanza" no dejaron una sola industria que procese localmente los productos del agro. La política del gobierno nacional, del provincial y de los municipios no hace sino agravar esa situación con el cepo salarial, las suspensiones, los despidos, los tarifazos y el aumento de las tasas e impuestos.
Planteamos:1) Prohibición de suspensiones y despidos. Que se repartan las horas de trabajo con salarios al 100 por ciento.2) Derogación del estatuto del peón rural. Convenio laboral discutido en paritarias con delegados electos por los trabajadores.3) Aumento salarial a los trabajadores municipales. Derogación de la 11.757. Paritaria provincial y básico inicial igual a la canasta familiar.4) Derogación del tarifazo, los aumentos de impuestos, tasas y boletos.5) Nacionalización del comercio exterior, de los monopolios de insumos, de la banca, y de los monopolios procesadores de los productos del campo. Sólo así los chacareros tendrán acceso al crédito y evitarán la intermediación de los monopolios que se quedan con la parte del león de la renta.6) Expropiación sin pago de las grandes propiedades y el gran capital agrario, facilitando su explotación pública o entregando la tierra para su explotación bajo la forma de arriendo. El Estado tiene que subsidiar a los pequeños productores sin capacidad financiera para que puedan mantener su estructura familiar. Darles cobertura de salud y garantizarles la jubilación.7) Por un plan de producción agropecuaria que, en primer lugar, garantice la alimentación del pueblo trabajador, preserve los recursos naturales y esté al servicio de un plan de industrialización.Por un Congreso obrero, de los trabajadores de la ciudad y del campo, que impulse una salida anticapitalista al colapso que enfrentamos.
Pablo Heller y Guillermo Casas
Publicado en Prensa Obrera nº 1076

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