jueves, 19 de febrero de 2009

Una política para enfrentar las suspensiones, los despidos y las reducciones de la jornada de trabajo
No se puede decir que la burguesía (en el mundo) tenga una política de conjunto frente a la crisis. Más bien opera por ensayo y error. Lo prueba el fracaso de todos sus ‘planes económicos’ en más de un año de derrumbe. Sus economistas se ven obligados a ‘desaprender’ todas las recetas que tenían por seguras después de la crisis de los años ’30 y de la segunda guerra mundial. Navegan a ojo. Lo mismo ocurre con sus relaciones con la clase obrera: tantean el terreno, tratan de generalizar los ensayos que creen que les han dado resultado, reculan si enfrentan mucha resistencia, golpean sin misericordia cuando logran aislar una lucha. Se podría decir que operan de este modo en casi todos los países.Pequeña y gran industria
Hay más de cien recursos de crisis en Córdoba y otros tantos en Santa Fe, para viabilizar suspensiones y miles de despidos hormigas (y no tan hormigas) en la pymes especialmente en los sectores tercerizados y en negro. En la construcción, las libretas de desempleo operan a ‘full’. Los conflictos más salientes se manifiestan en la gran industria.
Las tendencias de lucha de la clase obrera aparecen progresivamente. En Avellaneda está ocupada la curtiembre Wini, de 250 obreros; hay una metalúrgica, una hilandería y una envasadora con problemas similares en Quilmes – ocupadas por sus trabajadores. Hay movilizaciones en VW e Iveco– en Córdoba; se ha reabierto la huelga en Paraná Metal. Hay un acuerdo muy precario en General Motors.
De un modo general, la burguesía y el gobierno han ido imponiendo acuerdos provisorios (hasta el 31 de marzo), que contemplan suspensiones, reducciones de la jornada de trabajo o despidos de contratados, haciendo valer el argumento de la necesidad de esperar al resultado de los planes de reactivación. Se trata de un embuste, por cierto, porque la bancarrota internacional se agrava de día en día. Pero como las patronales y los gobiernos no tienen condiciones para imponer despidos en masa, operan de este modo para meter su política por medio del desgaste y tanteando el terreno. La burocracia de los sindicatos se ha adaptado a esta metodología patronal, debido a su completa incapacidad para plantear una alternativa. No puede alegar que las propuestas oficiales sean realistas, ya que han ido de fracaso en fracaso – pero solamente saben ‘operar’ en los marcos capitalistas. Cuando presume que la resistencia obrera será fuerte, el gobierno ofrece hacerse cargo de una parte de los salarios (Siderar); en VW Pacheco, los suspendidos cobran hasta un 95% neto de su salario; pero cuando el conflicto está aislado busca arremeter con todo. Es lo que intentó hacer, por ejemplo, en Indugraf, junto a la burocracia de Ongaro (vender las máquinas y liquidar la empresa), hasta que descubrió que la resistencia de la fábrica era fuerte y que empalmaba con otras luchas, por ejemplo las de Massuh y otras en la zona sur y en el calzado. Las suspensiones son el método preferido para desgastar y desangrar; en Iveco, por ejemplo, la fábrica es una cárcel desde que empezó el régimen de suspensiones. Por eso los trabajadores oponen a las suspensiones la disminución del tiempo de trabajo, aunque para ello deban resignar entre el 25 al 50% de los salarios. El argumento para justificar todo esto es que el 31 de marzo se baraja de nuevo, a la luz de los progresos que generaría la política de reactivación. Es un verso: el ritmo de despidos en el país modelo, Estados Unidos, es de 600.000 trabajadores por mes. Los funcionarios oficiales recomiendan, como única solución, ampliar los ‘amortiguadores sociales’ – o sea los planes trabajar.
La precariedad de los acuerdos es mayor aún que el breve periodo que se le asigna, al punto que dos semanas después del trabajoso arreglo de Paraná Metal, no se están pagando los salarios comprometidos en el acuerdo. Techint, por su lado, tampoco garantiza una salida para Siderar, que ha atado al pago de una jugosa indemnización por la nacionalización parcial de la empresa Sidor, por parte de Chávez.
Las horas de trabajo y el seguro al desempleado
Frente a semejante cuadro: ¿qué política nos tenemos que dar? Los burócratas (y hasta algunos intrigantes de la izquierda) aseguran que haber obtenido acuerdos provisorios es una “victoria”, porque se han impedido despidos masivos y porque las suspensiones podrían reverse a fines de marzo. Se trata de una patraña, porque estamos ante una estrategia de conjunto, no ante acuerdos provisorios; las suspensiones se extienden en algunos casos por seis meses – es decir que el despido es un hecho. El problema que enfrentamos es que muchos trabajadores, frente a la enorme artillería que despliegan el gobierno y la burocracia, son persuadidos a aceptar los planteos patronales por el argumento de la provisoriedad del ataque. Las patronales tratan de ganar tiempo, pero nosotros también necesitamos, en cierta manera, ganar tiempo, hasta que la crisis envuelva a un mayor número de empresas y a mayores contingentes de trabajadores. Mientras esto no ocurra, la burocracia tiene un margen para imponer su política de derrota. Pero no podemos ganar tiempo perdiendo y cediendo, o permitiendo que avance el desgaste: en ese caso serían las patronales las que estarían aprovechando el tiempo. Lo que, en estas condiciones, deberíamos plantear es que todas las patronales tienen recursos para aguantar hasta el 31 de marzo, pagando los salarios al cien por cien aunque se reduzcan las horas de trabajo entre todo el personal. Si ellos dicen que la crisis se supera en unos meses con las medidas de Cristina o la de Obama, pues entonces que la transición se haga sin despidos, con la totalidad de los compañeros y que el reparto de horas se haga sin afectar el salario, sólo bajando costos fijos. Tenemos que valernos de la provisoriedad de los acuerdos para defender nuestra salida – que naturalmente será provisoria y que sólo servirá para que nos preparemos para una lucha decisiva. Si las patronales dicen que no puedan pagar semejante acuerdo ni siquiera por 45 días, repliquemos que estamos dispuestos a cobrar lo que entre por la producción que hagamos, siempre y cuando podamos ejercer el control sobre el proceso de trabajo y sobre el flujo de fondos de la empresa. Repliquemos también que el Estado puede poner la plata a cuenta de las ganancias futuras de la empresa, cuando se produzca la reactivación. Incluso en condiciones de crisis, un control obrero retendría todo el dinero que la patronal normalmente saca de la empresa y nos pondría en condiciones de llamar a las empresas proveedoras y clientas a operar con el mismo sistema de control obrero para garantizar el empleo. Con la producción bajo nuestro control, estaríamos capacitados para exigir al gobierno medidas concretas de reactivación, a diferencia de lo que ocurre ahora que la plata de la Anses se la regalan a los bancos. Con estos planteos estaríamos ganando a los compañeros que sintieran la presión de la patronal y de la propaganda del gobierno y de la burocracia, y de este modo solidificar la lucha. Claro que no hay ninguna garantía de que podamos imponer esta salida, por más provisoria que sea, y que podríamos estar obligados a llegar a ciertos compromisos, igualmente provisorios. Pero en este caso no podemos admitir, no ya despidos, sino tampoco suspensiones.
Pero el peso mayor de la crisis, en esta etapa, lo sobrellevan los trabajadores en negro y precarizados, que se encuentran en su mayor parte en la pequeña industria. No gozan del seguro al desempleo porque no están registrados. Los burócratas desprecian a este sector del proletariado, incluso la CTA – que se jacta de atender a los obreros individualmente– , pero que está aliada por sobre todo a las Pymes (patronales). Aquí es necesario impulsar un movimiento para que el seguro al desempleo (82% del salario) se asigne a todo desocupado contra la presentación de testigos de su empleo. Si a estos se agrega un reclamo para aumentar la asistencia social a los sin trabajo, el movimiento piquetero tendría una gran oportunidad para volver a la escena, de la mano de los trabajadores expulsados por la pequeña industria.
Una salida de conjunto
El argumento de “que (los patrones) pongan los millones que ganaron”, es muy útil para defender nuestra salida ‘provisoria’ contra las salida ‘provisoria’ de ellos. Pero no es de ningún modo una salida a la crisis, porque esta crisis consiste, precisamente, en la bancarrota del capital, en la desvalorización de lo que ganaron, en la incapacidad de la burguesía para hacer funcionar su propio régimen social. La salida es que la clase obrera tome el poder y reorganice la sociedad sobre nuevas bases. Para conseguir la plena vigencia del derecho al trabajo necesitamos una lucha de conjunto: que se convoque a un congreso obrero; que se elijan comités de delegados en todas las empresas; que elaboremos en conjunto un plan alternativo – que parta de la transformación en propiedad pública, sin compensaciones, de los bancos y el comercio exterior, bajo control de los trabajadores, y poner fin a la deuda pública confiscatoria de las clases populares.
El gran punto es que los cuerpos de delegados y las asambleas tengan el control de las negociaciones, como ocurrió durante un largo periodo en GM en Rosario. Las salidas transitorias son por definición un compromiso, pero deben servir para fortalecernos y para permitir que se vayan eslabonando con las otras luchas para preparar una respuesta colectiva de la clase obrera.
El acuerdo de reducción del tiempo de trabajo y de salarios de Paraná Metal – que fue votado por los obreros de planta debido a la fuerte presión que ejercieron el gobierno y la UOM, sin contemplar ninguna salida para contratados y tercerizadas– , la patronal simplemente no lo está cumpliendo. Habiendo impuesto una parte de sus objetivos, presiona por más; la patronal no cree que después del 31 de marzo las cosas ‘mejoren’. Mientras la vieja patronal vació la fábrica (que dejó técnicamente obsoleta), la nueva (que sería el juerguero Cristóbal López), pretende una gran limpieza de personal y subsidios del Estado. Los hechos demuestran que los compromisos que no tienen en cuenta la reivindicación de que todo el personal siga trabajando, sin excepción, son un desgaste a la organización obrera y un paso hacia la salida estratégica de la patronal. Necesitamos una política de conjunto, no podemos admitir la táctica del salame, o sea que nos corten en rodajas. Toda Villa Constitución tiene que tener una política común; conjuntamente con San Nicolás; con todo el cordón industrial del Paraná, desde San Lorenzo; todo el Smata Córdoba, toda Córdoba – Córdoba y Santa Fe. La inminencia de las paritarias ofrece una oportunidad para este planteo; nada de techos ni acuerdos marco. Por un único planteo: reparto de las horas sin tocar el salario; ajuste mensual de los salarios por inflación; salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; incremento de los aportes patronales a salud y jubilación. ¡Una crisis de sobreproducción se arregla con mayor consumo y mayores salarios, y con la nacionalización de los recursos estratégicos y financieros para que sirvan a un plan de desarrollo!
En cierto modo, el mes de marzo será el momento en que la bancarrota capitalista entrará en una nueva fase, mucho más grave que la actual, en especial en América Latina y Argentina, con la consiguiente modificación de las condiciones de la lucha. En las condiciones actuales, exijamos la defensa sin limitaciones del derecho al trabajo y pongamos los compromisos al servicio de un reforzamiento de nuestra capacidad de lucha.
Néstor Pitrola
Publicado en Prensa Obrera nº 1072

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