Con el voto de Lozano y Macaluse
El 5 de enero, mientras las bombas caían sobre Gaza, Cristina Kirchner se apresuró a promulgar la ley 26.437 que aprueba el "acuerdo de cooperación bilateral para la investigación y desarrollo industrial en el sector privado", firmado con Israel en noviembre de 2006. Dadas las circunstancias, el decreto gubernamental constituyó el más rotundo apoyo a la masacre en curso por parte de gobierno alguno en el mundo.
El acuerdo fomenta la "cooperación" de empresas privadas, organismos estatales y "otras entidades" para impulsar "la investigación y el desarrollo industrial y tecnológico" con vistas a desarrollar "nuevos procesos o servicios a comercializarse en el mercado global".El artículo VI da una pauta de las actividades que serán promovidas a partir del acuerdo. El punto 1 establece que "los resultados obtenidos de los programas cooperativos" serán secretos y no podrán ser puestos en conocimiento de "una tercera persona, organización u otro país o Estado" sin la aprobación escrita de la otra parte. El punto 2 agrega que estarán "sujetos a confidencialidad (...) la información y los documentos relacionados a este Acuerdo". Es decir que también será secreto el carácter de las investigaciones y hasta las empresas y organizaciones estatales intervinientes.
El "secreto de Estado" que cubre toda la operatoria del acuerdo - desde las empresas intervinientes a los resultados obtenidos- indica que se trata de un emprendimiento dirigido a la investigación y desarrollo en el campo de la industria militar y de seguridad. O sea de la guerra. Israel no es sólo uno de los mayores productores y exportadores mundiales en el ramo; el conjunto de su investigación y desarrollo industrial se realiza bajo la tutela del ejército. Según informa el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, en 1999, el "80 por ciento de sus exportaciones contenían elementos de alta tecnología (...) los avances tecnológicos elaborados para el ejército han sido adaptados para el sector civil" (www.mfa.gov.il).
Los Kirchner han asociado a la Argentina al complejo industrial-militar de Israel y hasta se comprometieron a financiarlo (artículo 1.d). Para nadie es un secreto la integración entre este complejo industrial-militar israelí y el de los Estados Unidos.
Además de comprometer el financiamiento público del complejo militar de Israel, los Kirchner ponen a su disposición a las universidades públicas (que en el acuerdo entran bajo el título de "otras entidades"). Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología, declaró hace poco que "tomamos muy en cuenta a la hora de decidir nuestras políticas de Estado (...) el modelo que tienen (en Israel) de gestión privada de los conocimientos producidos en la universidad..." (Agencia Judía de Noticias, 25/11/08).
El acuerdo constituye un respaldo político a la ocupación israelí de los territorios palestinos. Israel domina y des-organiza la vida económica de los territorios ocupados, que a todos los efectos prácticos son simples extensiones del "espacio económico" israelí. Esto vale para Gaza cercada y también para Cisjordania. Los territorios palestinos no tienen moneda propia: se valen del shekel israelí, que en última instancia sólo puede ser gastado en Israel. La Presidenta se apresuró a promulgar un acuerdo secreto y militarista con un Estado que impulsa la ‘limpieza étnica' de los árabes de Palestina.
El acuerdo en cuestión fue convertido en ley por la unanimidad en ambas cámaras; ni los diputados ni los senadores tocaron una sola coma del proyecto oficial o presentaron alguna observación. Nadie, en ninguna de las dos cámaras, objetó este engendro.
Más precisamente, el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados informa que los diputados Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad) votaron "afirmativamente" por el proyecto; también los representantes del PS. A este crimen político se debe asociar al Partido Comunista, cuyos dirigentes se reparten entre el Partido por la Victoria, la Coalición Plural y Proyecto Sur. Esperamos a ver qué hace el MST: si el afán de conseguir una candidatura en el bloque de Solanas-Lozano le hace callar este crimen político.
Emilio Gómez
El 5 de enero, mientras las bombas caían sobre Gaza, Cristina Kirchner se apresuró a promulgar la ley 26.437 que aprueba el "acuerdo de cooperación bilateral para la investigación y desarrollo industrial en el sector privado", firmado con Israel en noviembre de 2006. Dadas las circunstancias, el decreto gubernamental constituyó el más rotundo apoyo a la masacre en curso por parte de gobierno alguno en el mundo.
El acuerdo fomenta la "cooperación" de empresas privadas, organismos estatales y "otras entidades" para impulsar "la investigación y el desarrollo industrial y tecnológico" con vistas a desarrollar "nuevos procesos o servicios a comercializarse en el mercado global".El artículo VI da una pauta de las actividades que serán promovidas a partir del acuerdo. El punto 1 establece que "los resultados obtenidos de los programas cooperativos" serán secretos y no podrán ser puestos en conocimiento de "una tercera persona, organización u otro país o Estado" sin la aprobación escrita de la otra parte. El punto 2 agrega que estarán "sujetos a confidencialidad (...) la información y los documentos relacionados a este Acuerdo". Es decir que también será secreto el carácter de las investigaciones y hasta las empresas y organizaciones estatales intervinientes.
El "secreto de Estado" que cubre toda la operatoria del acuerdo - desde las empresas intervinientes a los resultados obtenidos- indica que se trata de un emprendimiento dirigido a la investigación y desarrollo en el campo de la industria militar y de seguridad. O sea de la guerra. Israel no es sólo uno de los mayores productores y exportadores mundiales en el ramo; el conjunto de su investigación y desarrollo industrial se realiza bajo la tutela del ejército. Según informa el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, en 1999, el "80 por ciento de sus exportaciones contenían elementos de alta tecnología (...) los avances tecnológicos elaborados para el ejército han sido adaptados para el sector civil" (www.mfa.gov.il).
Los Kirchner han asociado a la Argentina al complejo industrial-militar de Israel y hasta se comprometieron a financiarlo (artículo 1.d). Para nadie es un secreto la integración entre este complejo industrial-militar israelí y el de los Estados Unidos.
Además de comprometer el financiamiento público del complejo militar de Israel, los Kirchner ponen a su disposición a las universidades públicas (que en el acuerdo entran bajo el título de "otras entidades"). Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología, declaró hace poco que "tomamos muy en cuenta a la hora de decidir nuestras políticas de Estado (...) el modelo que tienen (en Israel) de gestión privada de los conocimientos producidos en la universidad..." (Agencia Judía de Noticias, 25/11/08).
El acuerdo constituye un respaldo político a la ocupación israelí de los territorios palestinos. Israel domina y des-organiza la vida económica de los territorios ocupados, que a todos los efectos prácticos son simples extensiones del "espacio económico" israelí. Esto vale para Gaza cercada y también para Cisjordania. Los territorios palestinos no tienen moneda propia: se valen del shekel israelí, que en última instancia sólo puede ser gastado en Israel. La Presidenta se apresuró a promulgar un acuerdo secreto y militarista con un Estado que impulsa la ‘limpieza étnica' de los árabes de Palestina.
El acuerdo en cuestión fue convertido en ley por la unanimidad en ambas cámaras; ni los diputados ni los senadores tocaron una sola coma del proyecto oficial o presentaron alguna observación. Nadie, en ninguna de las dos cámaras, objetó este engendro.
Más precisamente, el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados informa que los diputados Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad) votaron "afirmativamente" por el proyecto; también los representantes del PS. A este crimen político se debe asociar al Partido Comunista, cuyos dirigentes se reparten entre el Partido por la Victoria, la Coalición Plural y Proyecto Sur. Esperamos a ver qué hace el MST: si el afán de conseguir una candidatura en el bloque de Solanas-Lozano le hace callar este crimen político.
Emilio Gómez
Publicado en Prensa Obrera nº 1071
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