En los videos exhibidos en la segunda jornada del juicio hemos visto, a la cabeza de la patota que encaraba la estocada final en Barracas, al “testigo reservado” de Néstor y Cristina. Lo había ‘presentado’ el intendente Barba Gutiérrez de Quilmes de manera pomposa, pocos días después del crimen, a través de la Casa Rosada, de modo que Néstor Kirchner pudiera adjudicarse el ‘aporte’ del testigo “clave”. La Presidenta ha vuelto a mencionar el hecho, nada menos que para adjudicarse el esclarecimiento del crimen y la detención de la patota y de Pedraza.
Sin embargo, todo lo que hizo el ‘testigo’ fue señalar a Cristian Favale como el asesino de Mariano, al cual le adjudica la frase “al de la gomera le agujerée la panza”, que el expediente judicial sólo recoge de parte de este ‘testigo’. Negro sobre blanco, un integrante activo de la patota entrega a Favale y solamente a Favale, en un hecho protagonizado por más de un centenar de personas organizadas por la cúpula de la Unión Ferroviaria. ¿Esto es una operación de esclarecimiento o una tentativa burda de encubrimiento de la patota de Pedraza?
Acá hubo 120 personas organizadas para atacar a los tercerizados, hubo una concentración y traslado de armas; Favale mismo llamó a otros (llamadas probadas en la causa) que llegaron con él para integrarse a la patota con las armas. Se probó que al menos cuatro armas fueron disparadas, dos 38, una 22 y una escopeta; se probó que Sánchez disparó con la suya propia desde una posición determinada. El martes 7 de agosto, vimos en el tribunal los videos donde le dicen a Favale y los otros, “che llegaron tarde” -cosa que ocurrió porque venían nueve en un auto, los detuvo la policía y tuvieron que buscar otro coche. Hubo más que un territorio liberado, hubo una policía que acompañó y cubrió a la patota en su ofensiva y en su retirada, que encubrió y ocultó pruebas. La policía descartó el pedido de un cabo -Maldonado-, quien pidió refuerzos a Central porque advirtió lo que ocurriría.
En el escenario de los hechos, no fue una sola persona la que mató a Mariano, que según el testigo reservado (de la propia patota) sería Favale. En ese escenario hubo una lluvia de balas, de las cuales cinco impactaron en los compañeros: una en Mariano, una en la cabeza de Elsa, tres en el cuerpo de Nelson y otra en el de Pintos. Una patota de la Unión Ferroviaria, al mando de Pablo Díaz en el terreno, centralizada desde la cúpula de la Unión Ferroviaria por Fernández y Pedraza, pretendió ahogar en sangre un vasto proceso de lucha de miles de tercerizados, sometidos a un sistema de superexplotación en el ferrocarril y en el país, del cual la burocracia sindical es socia.
El ministro Tomada, funcionario del gobierno que se adjudica el ‘aporte’ del testigo, orienta a Pedraza acerca de cómo frenar a los tercerizados y cómo “lavarles la cabeza”, en un negocio que beneficia a la ‘burguesía nacional’ K de Cirigliano, Romero y Roggio, quienes explotan los FF.CC. con los subsidios que sigue manejando Guillermo Antonio Luna (colocado en la Secretaría de Transporte de Cristina Kirchner, por Pedraza y Maturano, de La Fraternidad).
Esta línea de entregar a Favale es acompañada a pie juntillas por la burocracia de la Unión Ferroviaria: ¡los reos se valen del ‘testigo’ del gobierno! En una tenebrosa solicitada en La Nación del domingo pasado, la UF declara, institucionalmente, la inocencia de nueve reos de los diez sentados en el banquillo: todos menos Favale.
Señora presidenta: a Mariano no lo mató un barrabrava. A Mariano lo mató la patota de la Unión Ferroviaria que encabeza José Pedraza, uno de los principales jefes de la burocracia sindical con la cual usted está “construyendo” -como usted se lo dijo al propio Pedraza, en noviembre de 2009- la CGT oficial.
Los muertos pudieron ser varios, por eso todos están acusados por ‘homicidio calificado y coacción, así como también por ‘tentativa de homicidio calificado y coacción’. Todos, no sólo Favale. Un fusilamiento es responsabilidad del pelotón que lo ejecutó, no la de aquel cuya bala remató a la víctima. Mariano fue muerto en el marco de un plan criminal de una de las tantas patotas del sindicalismo argentino. Deben pagar sus responsables materiales y políticos por igual, señora Presidenta.
