Por qué se oponen al matrimonio homosexual
El derecho al matrimonio para gays y lesbianas es una reivindicación democrática, un principio elemental de igualdad ante la ley. Su violación confina a la inexistencia civil a las parejas y las priva (junto con sus hijos) de numerosos derechos: la adopción conjunta y la tenencia compartida, obra social, planes sociales, de vivienda, pensión jubilatoria, derecho a la herencia o a decidir cuidados médicos si el otro cónyuge no puede hacerlo por sí mismo. La mayoría de los homosexuales están obligados a una doble vida y a disimular su condición para obtener y mantener un empleo. El doble estándar jurídico devela el carácter homofóbico del Estado, responsable del cotidiano maltrato que reciben las personas GLTTB. Las iglesias son la usina ideológica del odio contra quienes desacatan la norma heterosexual.
La derecha cavernícola se opone a que los homosexuales adopten porque, dice, criarse con adultos del mismo sexo sería dañoso para los chicos, que necesitan un padre y una madre para su desarrollo “normal”. El infundio –que confunde deliberadamente biología y cultura, función parental y sexo– es refutado por la Organización Mundial de la Salud y las corrientes psi no confesionales. Los heterosexistas soslayan que la crisis terminal de su modelo de familia ha llevado a que gran parte de los chicos conviva con un solo adulto (usualmente la madre, una abuela, una tía) o en familias ensambladas. Ocultan que el capitalismo es el más enérgico destructor de la familia tradicional vía la pauperización, el desempleo y el trabajo precario, las extensas jornadas laborales, la falta de vivienda, la descalificación de los ancianos, el acoso a los jóvenes. También ocultan que la ley de adopción no inhabilita por orientación sexual, aunque los jueces y las ONG católicas encargadas de evaluar la “adoptabilidad” bloqueen la adopción a personas solas ante la posibilidad de que sean homosexuales.
Por el contrario, son los hijos de las parejas homosexuales los que están privados de todo derecho respecto del padre o la madre que carece de vínculo legal con ellos, y viceversa. Además, muchas veces son obligados a clandestinizar, desde la primera infancia, su entorno familiar.
La política capitalista de regimentación de la sexualidad impulsa el andamiaje social homofóbico, expresado en la imposición estatal y religiosa de la norma heterosexual, defendida como “orden natural” con funciones reproductivas. La maternidad compulsiva –supuesta “determinación natural y función social” (¿¡) inexorable de las mujeres “normales”– y la prohibición del aborto son otros de sus bastiones. El desafío a la norma heterosexual y su familia modelo, para reivindicar una sexualidad disociada de la reproducción y regida por el “improductivo” principio del placer, es una disidencia política –sean o no concientes de ello quienes la ejercen con el capitalismo. Esto explica la homofobia del régimen social y de los aparatos religiosos, que consideran a la homosexualidad corrosiva para el disciplinamiento moral de las masas.
Todo cambia
El matrimonio es una creación cultural cambiante y el capitalismo muchas veces debió tolerar modificaciones que significan la ampliación de derechos. La ley del matrimonio civil en la Argentina es un ejemplo. Su primera versión (1871), sujeta al derecho canónico, sólo reconoció el matrimonio entre católicos y los hijos de él surgidos, y sometió a la mujer y a la prole a la autoridad del jefe de familia. Recién en 1888, el Estado casó a personas de otros credos y en 1924 amplió la autonomía de las casadas. Hasta 1968, los hijos nacidos fuera del matrimonio no obtuvieron igualdad jurídica. En los ’80, se reconocieron los derechos de la madre (patria potestad compartida). Las concubinas y concubinos tuvieron hasta la sanción del divorcio (1987) el mismo estatuto ilegal que hoy tienen gays y lesbianas.
Por supuesto que la obtención del matrimonio para las parejas del mismo sexo no solucionará las opresiones que comparten con las parejas heterosexuales de las clases explotadas. La igualdad jurídica servirá –como ocurrió en el pasado, cuando la conquistaron los trabajadores y las mujeres– para develar que esa desigualdad no es causa sino uno de los efectos de la vasta opresión del régimen de clases.
Sin embargo, un sector del capitalismo se inclina por “normalizar” a las parejas homosexuales, asimilándolas como “familias diferentes”, pero familias al fin. Es el señuelo de la fuerte política de cooptación del movimiento GLTTB en todo el mundo, que asfixió en la mayoría cualquier cuestionamiento integral al régimen social.
La “asimilación”, claro, reproducirá las lacras del régimen social que la promueve, generando más “asimilados” que otros. ¿Matrimonio gay y asesinato de travestis? ¿Hoteles gay 5 estrellas y despido de maestras lesbianas? Un trolo pobre jamás recibirá el trato que el profesional gay mientras está protegido –encerrado– por el circuito gay friendly. Y mucho menos una travesti, inasimilable por el mercado de trabajo, condenada a prostituirse, sometida a prácticas quirúrgicas clandestinas, perseguida por la policía. No hay matrimonio gay que altere la opresión a las mujeres por muy lesbianas que sean: ganan el 70% del salario masculino y muchas tienen hijos que mantener (por eso el marketing de consumo gay se orienta a los varones).
Vivir una homosexualidad libre de discriminación –el restringido programa de los derechos civiles del movimiento GLTTB– es una ilusión bajo un sistema fundado, justamente, en múltiples opresiones. Como todo derecho democrático, exige total independencia política de las clases y partidos que lo sostienen y luchar por otro régimen social.
Olga Cristóbal
El derecho al matrimonio para gays y lesbianas es una reivindicación democrática, un principio elemental de igualdad ante la ley. Su violación confina a la inexistencia civil a las parejas y las priva (junto con sus hijos) de numerosos derechos: la adopción conjunta y la tenencia compartida, obra social, planes sociales, de vivienda, pensión jubilatoria, derecho a la herencia o a decidir cuidados médicos si el otro cónyuge no puede hacerlo por sí mismo. La mayoría de los homosexuales están obligados a una doble vida y a disimular su condición para obtener y mantener un empleo. El doble estándar jurídico devela el carácter homofóbico del Estado, responsable del cotidiano maltrato que reciben las personas GLTTB. Las iglesias son la usina ideológica del odio contra quienes desacatan la norma heterosexual.
La derecha cavernícola se opone a que los homosexuales adopten porque, dice, criarse con adultos del mismo sexo sería dañoso para los chicos, que necesitan un padre y una madre para su desarrollo “normal”. El infundio –que confunde deliberadamente biología y cultura, función parental y sexo– es refutado por la Organización Mundial de la Salud y las corrientes psi no confesionales. Los heterosexistas soslayan que la crisis terminal de su modelo de familia ha llevado a que gran parte de los chicos conviva con un solo adulto (usualmente la madre, una abuela, una tía) o en familias ensambladas. Ocultan que el capitalismo es el más enérgico destructor de la familia tradicional vía la pauperización, el desempleo y el trabajo precario, las extensas jornadas laborales, la falta de vivienda, la descalificación de los ancianos, el acoso a los jóvenes. También ocultan que la ley de adopción no inhabilita por orientación sexual, aunque los jueces y las ONG católicas encargadas de evaluar la “adoptabilidad” bloqueen la adopción a personas solas ante la posibilidad de que sean homosexuales.
Por el contrario, son los hijos de las parejas homosexuales los que están privados de todo derecho respecto del padre o la madre que carece de vínculo legal con ellos, y viceversa. Además, muchas veces son obligados a clandestinizar, desde la primera infancia, su entorno familiar.
La política capitalista de regimentación de la sexualidad impulsa el andamiaje social homofóbico, expresado en la imposición estatal y religiosa de la norma heterosexual, defendida como “orden natural” con funciones reproductivas. La maternidad compulsiva –supuesta “determinación natural y función social” (¿¡) inexorable de las mujeres “normales”– y la prohibición del aborto son otros de sus bastiones. El desafío a la norma heterosexual y su familia modelo, para reivindicar una sexualidad disociada de la reproducción y regida por el “improductivo” principio del placer, es una disidencia política –sean o no concientes de ello quienes la ejercen con el capitalismo. Esto explica la homofobia del régimen social y de los aparatos religiosos, que consideran a la homosexualidad corrosiva para el disciplinamiento moral de las masas.
Todo cambia
El matrimonio es una creación cultural cambiante y el capitalismo muchas veces debió tolerar modificaciones que significan la ampliación de derechos. La ley del matrimonio civil en la Argentina es un ejemplo. Su primera versión (1871), sujeta al derecho canónico, sólo reconoció el matrimonio entre católicos y los hijos de él surgidos, y sometió a la mujer y a la prole a la autoridad del jefe de familia. Recién en 1888, el Estado casó a personas de otros credos y en 1924 amplió la autonomía de las casadas. Hasta 1968, los hijos nacidos fuera del matrimonio no obtuvieron igualdad jurídica. En los ’80, se reconocieron los derechos de la madre (patria potestad compartida). Las concubinas y concubinos tuvieron hasta la sanción del divorcio (1987) el mismo estatuto ilegal que hoy tienen gays y lesbianas.
Por supuesto que la obtención del matrimonio para las parejas del mismo sexo no solucionará las opresiones que comparten con las parejas heterosexuales de las clases explotadas. La igualdad jurídica servirá –como ocurrió en el pasado, cuando la conquistaron los trabajadores y las mujeres– para develar que esa desigualdad no es causa sino uno de los efectos de la vasta opresión del régimen de clases.
Sin embargo, un sector del capitalismo se inclina por “normalizar” a las parejas homosexuales, asimilándolas como “familias diferentes”, pero familias al fin. Es el señuelo de la fuerte política de cooptación del movimiento GLTTB en todo el mundo, que asfixió en la mayoría cualquier cuestionamiento integral al régimen social.
La “asimilación”, claro, reproducirá las lacras del régimen social que la promueve, generando más “asimilados” que otros. ¿Matrimonio gay y asesinato de travestis? ¿Hoteles gay 5 estrellas y despido de maestras lesbianas? Un trolo pobre jamás recibirá el trato que el profesional gay mientras está protegido –encerrado– por el circuito gay friendly. Y mucho menos una travesti, inasimilable por el mercado de trabajo, condenada a prostituirse, sometida a prácticas quirúrgicas clandestinas, perseguida por la policía. No hay matrimonio gay que altere la opresión a las mujeres por muy lesbianas que sean: ganan el 70% del salario masculino y muchas tienen hijos que mantener (por eso el marketing de consumo gay se orienta a los varones).
Vivir una homosexualidad libre de discriminación –el restringido programa de los derechos civiles del movimiento GLTTB– es una ilusión bajo un sistema fundado, justamente, en múltiples opresiones. Como todo derecho democrático, exige total independencia política de las clases y partidos que lo sostienen y luchar por otro régimen social.
Olga Cristóbal
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