¡Cárcel perpetua, común y efectiva!
El 15 de abril se leerá la sentencia del primer juicio realizado en Rosario por crímenes de lesa humanidad. Es el juicio de las causas conocidas como Fábrica Militar y Quinta de Funes, unificadas con el nombre de los genocidas que actuaban en ambos centros: Guerrieri - Amelong.
Se juzga a tres militares y dos civiles por su actuación en cinco centros clandestinos de detención: Omar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo “Tucu” Costanzo. Se los acusa de homicidio calificado, por lo que las querellas solicitaron prisión perpetua. Dos de los acusados están hoy en prisión domiciliaria, por lo se pedirá cárcel común y efectiva.
Amelong, ex teniente del Destacamento de Inteligencia 121, en su alegato profirió amenazas al decir que sus visitantes “manifiestan lo que vamos a hacer cuando esto termine. Todos sabemos que (...) termina en dos o tres años porque es una cuestión política”. Aseguró tener “fotos y filmaciones” tomadas en los escraches en su domicilio. Esto es inadmisible: el Estado debe garantizar que los represores no puedan hostigar a los testigos y a quienes luchan contra la impunidad. Teniendo en cuenta que en el Gran Rosario hay más de 620 desaparecidos y cerca de 7.000 represores, pero que sólo hay cinco acusados y el aparato represivo sigue intacto, es claro que la impunidad está garantizada.
Binner, pese a su exaltada demagogia sobre los derechos humanos, mostró su verdadero rostro al negar el acceso a los archivos de la represión.
Antes del juicio, se pidió a los gobiernos provincial y municipal que garanticen que éste se lleve a cabo en un ámbito que permita su publicidad y condiciones de seguridad a víctimas y familiares. La provincia no respondió y la municipalidad dijo que no.
Mientras un fuerte operativo de seguridad “protegió” a los genocidas durante el juicio, Silvia Suppo, testigo de la causa Brusa, fue asesinada.
El 15 vamos a los tribunales federales para exigir cárcel común, perpetua y efectiva a los genocidas; desmantelamiento del aparato represivo, apertura y uso público de los archivos de la dictadura, la aparición con vida de Julio López y el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo.
Cintia
El 15 de abril se leerá la sentencia del primer juicio realizado en Rosario por crímenes de lesa humanidad. Es el juicio de las causas conocidas como Fábrica Militar y Quinta de Funes, unificadas con el nombre de los genocidas que actuaban en ambos centros: Guerrieri - Amelong.
Se juzga a tres militares y dos civiles por su actuación en cinco centros clandestinos de detención: Omar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo “Tucu” Costanzo. Se los acusa de homicidio calificado, por lo que las querellas solicitaron prisión perpetua. Dos de los acusados están hoy en prisión domiciliaria, por lo se pedirá cárcel común y efectiva.
Amelong, ex teniente del Destacamento de Inteligencia 121, en su alegato profirió amenazas al decir que sus visitantes “manifiestan lo que vamos a hacer cuando esto termine. Todos sabemos que (...) termina en dos o tres años porque es una cuestión política”. Aseguró tener “fotos y filmaciones” tomadas en los escraches en su domicilio. Esto es inadmisible: el Estado debe garantizar que los represores no puedan hostigar a los testigos y a quienes luchan contra la impunidad. Teniendo en cuenta que en el Gran Rosario hay más de 620 desaparecidos y cerca de 7.000 represores, pero que sólo hay cinco acusados y el aparato represivo sigue intacto, es claro que la impunidad está garantizada.
Binner, pese a su exaltada demagogia sobre los derechos humanos, mostró su verdadero rostro al negar el acceso a los archivos de la represión.
Antes del juicio, se pidió a los gobiernos provincial y municipal que garanticen que éste se lleve a cabo en un ámbito que permita su publicidad y condiciones de seguridad a víctimas y familiares. La provincia no respondió y la municipalidad dijo que no.
Mientras un fuerte operativo de seguridad “protegió” a los genocidas durante el juicio, Silvia Suppo, testigo de la causa Brusa, fue asesinada.
El 15 vamos a los tribunales federales para exigir cárcel común, perpetua y efectiva a los genocidas; desmantelamiento del aparato represivo, apertura y uso público de los archivos de la dictadura, la aparición con vida de Julio López y el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo.
Cintia
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