El miércoles 17, los diputados de la oposición se propusieron derogar el decreto de las reservas, e incluso cargarse otros decretazos oficiales. Por caso, dos artículos de la ley de “reforma política”. El Senado podría sancionar una reforma que coparticiparía el impuesto al cheque con las provincias. ¿Significaría esto que quedó superado el empantanamiento político entre los tres poderes del Estado?
Probablemente suceda lo contrario. Si la oposición consiguiera sumar el quórum necesario en las dos cámaras, se enfrentará con impugnaciones del más diverso tipo. La Presidenta vetará los cambios en el impuesto al cheque, y en el caso del DNU para el uso de las reservas internacionales ya contaría con una mayoría en el Senado para ponerlo en vigencia. Sobre ese tema, ya aparecieron otros proyectos opositores que destinan parte de las reservas al auxilio a los tesoros provinciales. Un grupo de gobernadores plantea un perdón a la deuda de las provincias con la Nación. La camarilla oficial, sin embargo, no quiere pagar estos peajes.
El destino de este impasse no se encuentra en el Congreso. Como lo probaron las gestiones del radical Gerardo Morales para ‘concensuar’ las divergencias con el oficialismo, la primera tentativa para salir de este marasmo pasa por un acuerdo de la UCR con los K –que, dicen los radicales, les permitiría alcanzar su objetivo principal de llegar a 2011. Hasta el propio De Narváez ha sido incluido por un sector de la prensa en esos trámites, con la expectativa de que los K lo ayuden a conseguir el reconocimiento de su ciudadanía para candidatearse para Presidente. Es muy difícil, sin embargo, que rosqueando logren superar la crisis.
Detrás de las ‘aspiraciones’ de la UCR y del ‘colorado’ opera la banca Morgan, que quiere el uso de las reservas para consumar el canje con la deuda vieja y precipitarse a una intensa especulación con la deuda externa de Argentina. Varios pulpos (Repsol, Arcor, Aluar) acaban de anunciar que, apenas se concrete el canje, se largarán a colocar deuda en el exterior. Los K pretenden sustentarse hasta 2011 con un nuevo ciclo de endeudamiento público y privado, lo cual significaría un retorno a la ‘plata dulce’ de Martínez de Hoz y a la convertibilidad de Cavallo. Esperan, de este modo, revertir la nueva salida de capitales que se ha producido en enero y febrero, e incluso revertir la retención de dólares por parte de los exportadores.
Algo de esta expectativa ya se estaría manifestando en la primera parte de marzo. La contrapartida de este éxito en frenar el drenaje no sería, sin embargo, auspiciosa, pues supone que el Banco Central esterilice los pesos que se emitan por la entrada de dólares para frenar la inflación. Algunos calculan que, en este caso, la deuda del Banco Central con los bancos que entreguen sus disponibilidades en pesos podría llegar a unos 70 mil millones de pesos, o sea a 20 mil millones de dólares, la mitad de las reservas existentes, a una tasa de interés, al principio, de dos dígitos.
Los K pretenden superar la crisis de financiamiento del sector público con un manotazo de otro tipo al Banco Central: tomando el ciento por ciento de sus utilidades. Ocurre, sin embargo, que éstas no son efectivas sino contables, o sea que el dinero no está sino que hay que emitirlo. Es un caso claro de creación de dinero ficticio. Esas utilidades son igualmente ficticias porque obedecen a la revalorización (medida en pesos) de las reservas en dólares como consecuencia de la devaluación del peso. Así, el Central y el Tesoro ganan cada vez que el patrimonio del país y los salarios y jubilaciones se devalúan. Depender de utilidades semejantes es instaurar el régimen de la devaluación permanente del peso y de la inflación. Para colmo de las contradicciones, los K pretenden ahora, mediante la entrada de dólares por exportaciones y capitales, dejar de devaluar el peso, o sea revalorizarlo.
Probablemente suceda lo contrario. Si la oposición consiguiera sumar el quórum necesario en las dos cámaras, se enfrentará con impugnaciones del más diverso tipo. La Presidenta vetará los cambios en el impuesto al cheque, y en el caso del DNU para el uso de las reservas internacionales ya contaría con una mayoría en el Senado para ponerlo en vigencia. Sobre ese tema, ya aparecieron otros proyectos opositores que destinan parte de las reservas al auxilio a los tesoros provinciales. Un grupo de gobernadores plantea un perdón a la deuda de las provincias con la Nación. La camarilla oficial, sin embargo, no quiere pagar estos peajes.
El destino de este impasse no se encuentra en el Congreso. Como lo probaron las gestiones del radical Gerardo Morales para ‘concensuar’ las divergencias con el oficialismo, la primera tentativa para salir de este marasmo pasa por un acuerdo de la UCR con los K –que, dicen los radicales, les permitiría alcanzar su objetivo principal de llegar a 2011. Hasta el propio De Narváez ha sido incluido por un sector de la prensa en esos trámites, con la expectativa de que los K lo ayuden a conseguir el reconocimiento de su ciudadanía para candidatearse para Presidente. Es muy difícil, sin embargo, que rosqueando logren superar la crisis.
Detrás de las ‘aspiraciones’ de la UCR y del ‘colorado’ opera la banca Morgan, que quiere el uso de las reservas para consumar el canje con la deuda vieja y precipitarse a una intensa especulación con la deuda externa de Argentina. Varios pulpos (Repsol, Arcor, Aluar) acaban de anunciar que, apenas se concrete el canje, se largarán a colocar deuda en el exterior. Los K pretenden sustentarse hasta 2011 con un nuevo ciclo de endeudamiento público y privado, lo cual significaría un retorno a la ‘plata dulce’ de Martínez de Hoz y a la convertibilidad de Cavallo. Esperan, de este modo, revertir la nueva salida de capitales que se ha producido en enero y febrero, e incluso revertir la retención de dólares por parte de los exportadores.
Algo de esta expectativa ya se estaría manifestando en la primera parte de marzo. La contrapartida de este éxito en frenar el drenaje no sería, sin embargo, auspiciosa, pues supone que el Banco Central esterilice los pesos que se emitan por la entrada de dólares para frenar la inflación. Algunos calculan que, en este caso, la deuda del Banco Central con los bancos que entreguen sus disponibilidades en pesos podría llegar a unos 70 mil millones de pesos, o sea a 20 mil millones de dólares, la mitad de las reservas existentes, a una tasa de interés, al principio, de dos dígitos.
Los K pretenden superar la crisis de financiamiento del sector público con un manotazo de otro tipo al Banco Central: tomando el ciento por ciento de sus utilidades. Ocurre, sin embargo, que éstas no son efectivas sino contables, o sea que el dinero no está sino que hay que emitirlo. Es un caso claro de creación de dinero ficticio. Esas utilidades son igualmente ficticias porque obedecen a la revalorización (medida en pesos) de las reservas en dólares como consecuencia de la devaluación del peso. Así, el Central y el Tesoro ganan cada vez que el patrimonio del país y los salarios y jubilaciones se devalúan. Depender de utilidades semejantes es instaurar el régimen de la devaluación permanente del peso y de la inflación. Para colmo de las contradicciones, los K pretenden ahora, mediante la entrada de dólares por exportaciones y capitales, dejar de devaluar el peso, o sea revalorizarlo.
Estado de excepción
El impasse político-institucional ha creado, en los hechos, las condiciones para crear un “estado de excepción”. En el “estado de excepción”, el régimen de gobierno se aparta de las normas constitucionales invocando, sin embargo, a la Constitución. El ejemplo más claro de esto es cuando Marcó del Pont le dio los dólares del Central al gobierno con el argumento de que, para ella, “un DNU es una ley”, o sea que el país pasa a ser gobernado por decreto. Es claro que en el futuro veremos más de lo mismo, acompañado por el uso abusivo del veto a las leyes. La Corte, por su lado, no tiene facultades para dirimir este impasse, ni puede convertirse en árbitro de disputas cotidianas.
Esto parecen entenderlo muy bien los K, como lo demuestra un artículo de su jefe de senadores, Miguel Pichetto, en el diario ‘destituyente’ La Nación (15/3). Allí Pichetto caracteriza que con el “escenario político creado con posterioridad a las elecciones del 28 de junio (...) la división de poderes se transformó en un obstáculo para la gobernabilidad”. Pichetto explica que los DNU se instauraron para permitir el ejercicio del gobierno “en situaciones de crisis”.
Como la gobernabilidad, dice, supone “eficacia decisional” y “un sistema de balances y contrapesos puede tornarse, en ciertas circunstancias, un obstáculo para la gobernabilidad”, Pichetto propone “moderar la división de poderes”. La tarea de ejercer esa ‘moderación’ debe quedar a cargo de los K. Este artículo, que pasó desapercibido, señala la intención de instaurar un ‘estado de excepción’, lo cual equivale a una abolición del llamado estado de derecho dentro del estado de derecho. Como el litigio que justificaría el ‘estado de excepción’ es por las reservas del Banco Central, la conexión entre la crisis financiera (crisis mundial) y la crisis política queda firmemente establecida. Cuando en Alemania se estableció el estado de excepción, en 1929, luego del crash de la Bolsa de Nueva York, la causa de la disputa fue también por los decretos financieros que no conseguían aprobación en el Parlamento.
¿Prosperará esta tentativa? Los K no tienen la autoridad ni los recursos políticos para gobernar bajo un estado de excepción: no tienen a las masas ni tampoco a las Fuerzas Armadas. ¿Podrían crear las condiciones necesarias para ello con el conflicto por Malvinas? Aquí tampoco tienen a las masas ni a las Fuerzas Armadas. Si bien la llamada ‘oposición’ es una bolsa de gatos, el kirchnerismo vive un desangre permanente; el diario Crítica ha dado cuenta de repetidos enfrentamientos dentro del propio matrimonio. Se han ido los Cobos, los Alberto Fernández, los Solá, los Das Neves y otros, luego llegó el turno a varios senadores y todo indica que seguirán por ese camino Pampuro y varios intendentes del conurbano.
El desangre se procesa por dentro y por fuera. Los K quieren el balón de oxígeno de las reservas. Mientras tanto tienen que lidiar con la importación de combustibles por primera vez en tres décadas; con el precio de la carne (y de la merluza) y hasta con el ingreso de los chinos en una petrolera con capitales malvineros, que viene a pelearle territorio a Repsol y su socio K. Lo que queda fuera de un gobierno de DNU, sustentado en decretos financieros y endeudamiento internacional, es un acuerdo con la UCR, que acabaría con las posibilidades presidenciales de la UCR (y con la UCR) o una convocatoria a distancia (por ejemplo para marzo de 2011) para las elecciones presidenciales.
Minga a la deuda externa
La deuda externa corresponde a las llamadas “deudas soberanas” que, desde Estados Unidos a Grecia, amenazan con barrer con la estabilidad política de los principales países. Se ha convertido en el nuevo epicentro de la crisis mundial, luego de que esos mismos Estados empeñaran los recursos fiscales para rescatar, sin haberlo logrado, a un capitalismo en bancarrota.
El no pago de la deuda soberana –que se encuentra, en su mayor parte, en manos de fondos y bancos especulativos– ha pasado a ser el eje para el rescate social de pueblos y naciones, que de otro modo están condenados a un duro proceso de miseria social. Una campaña por el no pago, conjugada con la lucha por la defensa del trabajo y del salario, sería la forma de aproximar a las masas a elaborar una salida propia a la crisis, precisamente a partir de sus necesidades y experiencias. El régimen vigente está agotado, financieramente y políticamente, como lo indica esta necesidad de un estado de excepción y de la abolición de sus propias normas de gobierno. El protagonismo de las masas abrirá el rumbo hacia un gobierno de trabajadores.
Jorge Altamira
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