Reforma política: un corralito

Ocho años después de 2001, el kirchnerismo quiere imponer su propio corralito, en este caso de carácter político. La “reforma” anunciada por los Kirchner pretende, con el argumento de remediar la fragmentación política de oficialistas y opositores, producir una polarización en la segunda vuelta en 2011. Va por una nueva reconstrucción del Estado.
Después del 28 de junio, los Kirchner pudieron a duras penas impedir las deserciones políticas de gobernadores e intendentes. Con la reforma política, los candidatos deberán ser electos a través de una interna abierta, simultánea, con elevados requisitos de votantes. Por caso, la primaria presidencial de un partido o de una alianza debería recoger no menos de medio millón de votos. Naturalmente, la interna beneficia a los grandes aparatos políticos. El primer propósito del kirchnerismo es obligar a las facciones peronistas de los gobiernos provinciales o municipales a quedarse dentro del redil oficialista. Si los Duhalde, Solá o Reutemann quisieran saltar el cerco, tendrán que conformar un aparato propio. La reforma también impediría a los gobernadores reelegirse por fuera de su partido “original”, o sea el PJ kirchnerista. El corralito afectaría, en este caso, a los Urtubey, Capitanich o Reutemann, que se han insinuado para suceder a los K.
Con la reforma, el gobierno también arrojó una piedra al río revuelto de la oposición. Por un lado beneficia a la UCR, el único aparato opositor que cumpliría cómodamente con el piso de votantes exigidos en las primarias. Pero, al mismo tiempo, enfrenta a los radicales con sus aliados menores (Carrió), sin los cuales no podrían aspirar a derrotar el peronismo. La reforma también empuja a Cobos a regresar a la UCR, lo que el vicepresidente ya anunció. Desde ahí, trataría de negociar con De Narváez o Macri en la segunda vuelta. Nadie cree que ganará la primera vuelta; según los sondeos sacarían alrededor del 30%.
Los opositores resolvieron no concurrir al acto de lanzamiento de la “reforma”. Pero el desplante no va a quitarle el sueño a los Kirchner; la UCR está negociando con el gobierno la letra chica de la nueva ley. Por su parte, el sojero Binner ya anunció el apoyo del bloque socialista al engendro oficial.

El tiro ¿por la culata?
El resurgido Duhalde anunció que va por un millón y medio de afiliaciones para su “Confederación peronista bonaerense”. Ello le permitiría postularse a presidente por cuerda separada o, alternativamente, disputarle a Kirchner la “primaria” dentro del PJ oficial. Pero dos de los caciques del conurbano, Pereyra (Varela) y Mussi (Berazategui), acaban de presentar otra “reforma”, en este caso a la ley bonaerense de municipios, para que las elecciones comunales puedan separarse de las provinciales o nacionales. Así, los intendentes ganarían libertad para negociar sus apoyos, en las primarias o en la general, a uno u otro candidato.
Se vuelve a dar el distanciamiento entre los intendentes y el matrimonio que se reflejó en las urnas el 28 de junio.
Por su parte, Moyano ha conchabado a Pérsico y D’Elía para su “movimiento peronista”, con el que aspira a terciar en la disputa por la caja social del Estado y su participación en la interna del PJ.
El corralito de la reforma podría terminar agravando el desbande oficial.

Proscripción
La reforma también apunta a proscribir la presentación electoral de los partidos de izquierda.
En las pasadas elecciones de junio, el Partido Obrero obtuvo votaciones significativas en numerosos distritos, como Salta, Santa Cruz, Catamarca, el cordón industrial de San Lorenzo o Río Negro, pero está lejos del piso que la reforma K exige a nivel nacional. La reforma quiere empujar a los votantes de la izquierda y a los trabajadores dentro del corralito de las alternativas políticas capitalistas.
Tenemos que integrar la denuncia de esta reforma reaccionaria a la agenda integral de lucha contra la crisis capitalista. Defendamos el derecho a la organización política independiente de los trabajadores, para ejercer sin proscripciones la lucha contra el régimen social del tarifazo, el congelamiento salarial, los despidos y la flexibilidad laboral.

Marcelo Ramal