Santiago Montoya se había convertido en un resorte crítico del ‘modelo productivo’ del gobierno: recurrió a todos los medios y recursos para solventar la existencia de la principal provincia de Argentina – sin afectar, naturalmente, para nada los cimientos del régimen fiscal. Por eso, la decisión del recaudador de impuestos bonaerense de abandonar el barco es la expresión de una crisis estatal inminente. Lo dijo explícitamente: su tarea estaba “en una fase crítica, en un distrito que, cuando trastabilla, arrastra a todo el país” (La Nación, 17/4). La provincia va a terminar el año con un déficit de 12.000 millones de pesos y ya pidió cotizaciones para “la emisión de un bono similar al Patacón, que entraría en circulación después de las elecciones” (La Nación, 1/4). Montoya tampoco se equivoca respecto del país. En marzo, la caja del Estado nacional dejó un quebranto de 800 millones, después del pago de los intereses de la deuda. Esto sin contar los enormes impagos del Estado a proveedores y exportadores, y a la constante necesidad de aumentar las tarifas para reducir los subsidios.
La incapacidad para financiar a su Estado es una de las manifestaciones más terminantes de la disolución política del kirchnerismo, o sea del régimen político.
‘Hugo’ y ‘Cristina’
Nadie va a poder decir, de todos modos, que el gobierno se patinó sus recursos para “apuntalar la situación social”. Ello quedó muy claro después de la reunión de la Presidenta con la CGT. La Presidenta rechazó el pedido de aumentar el subsidio de desempleo, de 400 pesos, que alcanza solamente a 150 mil trabajadores. En cambio, anunció que los recursos fiscales van a destinarse a “fortalecer el empleo existente”, o sea: a subsidiar a los capitalistas. En definitiva, dijo que continuará vaciando las cajas del Estado y la caja de los jubilados (Anses) en fracasados salvatajes a la patronal y en el pago de la deuda externa. Al día siguiente, el gobierno anunció una devolución parcial de los recursos para atender programas de atención médica especial que tenía retenidos; por caso, los subsidios por discapacidad que distribuyen las obras sociales. Los diarios dieron a entender que, cuando se acerquen las elecciones, los K podrían anunciar un aumento de las asignaciones familiares.
La negativa a establecer un seguro al parado retrata el carácter patronal del gobierno y su incapacidad para hacer frente a la bancarrota capitalista. La CGT le propuso crear un Fondo, con el aporte del 3% de los salarios, entre las patronales, el Estado y los trabajadores. La Presidenta replicó que la creación del Fondo sería contraproducente para la marcha de las empresas y, por lo tanto, para el empleo. Es decir que para crear un Fondo para asegurar a los despedidos será necesario que, primero, se supere la crisis. La Presidenta propone los paraguas para los días de sol. Moyano aceptó todos los planteos de ‘Cristina’, lo cual no debe sorprender luego de haber entregado las paritarias.
La Presidenta fue más lejos en esta vía de preocupación por las patronales: reclamó a los burócratas que “flexibilicen sus posturas” en materia de riesgos del trabajo. Pretende cercenar a los trabajadores la posibilidad de demandar por vía judicial la reparación por accidentes. La Justicia ha comprobado que, en numerosos casos, esos accidentes se producen como consecuencia de la complicidad de las ART con las patronales en lo que se refiere a la ausencia de condiciones de seguridad en las empresas. En consecuencia, los juzgados civiles están fallando indemnizaciones contra las patronales y contra las ART. Es a lo que la PresidentA ‘nacional y popular’ quiere poner fin.
Como se puede ver, la consigna del “estímulo al empleo” tiene varias acepciones. Una es el vaciamiento de las finanzas públicas para socorrer a los capitalistas; la otra es la reducción de los salarios y de la protección del trabajador para incrementar su tasa de explotación. La salida a la crisis que plantea el capital pasa por un reforzamiento de la explotación de la clase obrera.
‘Hugo’, “optimista” y “conforme” por la reunión con el gobierno, había recibido una parte de lo que fue a buscar: la plata para la caja de la burocracia, las obras sociales. Para todo lo demás transfiere la responsabilidad a los políticos de la clase capitalista, para que se encarguen de encaminar la crisis y la disolución del régimen político, en Argentina, hacia alguna parte. Un planteo de lucha contra la crisis y la política oficial está completamente fuera del horizonte de la burocracia sindical. Una parte de ella se servirá de la desventura kirchnerista para justificar el pasaje de bando a las filas del pejotismo disidente, o sea de los patrones Macri y De Narváez.
La reconstrucciónde la burguesía nacional
No son tiempos de lealtades. La famosa ‘burguesía nacional’ ha comenzado a abandonar el barco. Primero, ha salido con los tapones de punta a cuestionar el derecho de la Anses a nombrar directores en las empresas en las que tiene acciones (pero no le molestan los subsidios que obtiene del Estado para pagar sueldos o financiar ventas). Segundo, le cuestiona el ‘proteccionismo’, alegando que en el mundo ‘global’ ella produce o, mejor dicho, arma con componentes importados los productos finales que van, sea al mercado interno, sea a la exportación. Asimismo, a los bancos les fastidia el fracaso para renegociar la deuda pública, porque la caída de la cotización de los bonos públicos (que tienen en su poder) está destrozando sus ganancias. La corriente interna que acaba de asumir en la UIA responde al sector agro-alimentario y agro-exportador, que reclama la liberación completa del mercado de exportación. Su rival, Techint, apoya a la nueva gestión, esto después de ver un desplome del 60 por ciento en la producción de acero. En definitiva, la burguesía nacional que los K querían ‘reconstruir’ se ha aburrido del ‘modelo productivo’. El realineamiento de la patronal nativa es apoyado por el capital norteamericano, que ha trazado un cordón sanitario contra los K, como lo demuestra la dificultad del matrimonio para conseguir los préstamos internacionales que el FMI, la Reserva Federal o el Banco Mundial ha otorgado a otros países (México, Brasil, Colombia). Preocupado por el cariz que van tomando los asuntos, Lula acaba de suplicar que no aíslen a Argentina.
¿Pero qué se les reprocha a los K? La familia gobernante no está haciendo otra cosa, después de todo, que reglamentar en forma parcial la economía para evitar un derrumbe generalizado del capital; algo parecido hacen Obama o la alemana Merkel. El problema de los K es que han fracasado; la Presidenta defendió la recaudación fiscal para oponerse al reclamo de un seguro al desocupado. La oposición patronal reivindica la necesidad de ‘liberar’ la economía, lo cual llevaría a un estallido generalizado, salvo que consigan un fuerte socorro del FMI. De un lado y del otro, oficialismo y oposición, depositan el destino del país en el capital financiero internacional. Esto significa un chau definitivo al seguro al parado, reducciones masivas de salarios y una ola de despedidos que quedarán a cargo de una asistencia social.
Los centroizquierdistas se consideran a sí mismos fuera de este diseño, y así pretenden que los vea el electorado. Pero un Sabatella kirchnerista y un Solanas-De Gennaro sojeros no desentonan con la línea general. Solanas “consideró necesario”, según La Nación (19/4), “recuperar las rentas en sectores clave como ferrocarriles e industria”, pero se olvidó de la renta agraria y, en especial, la del monocultivo de soja.
En este cuadro ‘lamentable’, el régimen ‘va tirando’ como consecuencia del ingreso al período de cosecha de soja (ver Prensa Obrera Nº 1.073 – 5/3– , “Esperando la Cosecha”) y de las recompras de sus propias deudas por parte de los bancos, como consecuencia de la caída de sus cotizaciones. Los sojeros han aprovechado bien la sequía para conseguir un aumento del precio del poroto, pero para tractoristas, arrendatarios y propietarios medianos las cosas se han complicado por el cierre del financiamiento para los granos restantes y para el próximo ciclo. Sin embargo, insisten, más que cualquier otro sector agrario, en defender a las Bolsas de Cereales y a la especulación sobre cereales, mientras se ven obligados a entregar el 30-40 por ciento de la cosecha a los propietarios de tierras (o terratenientes) – sus aliados en la Mesa de Enlace.
Punteros del fin del mundo
En este cuadro de disgregación económica y política, la campaña electoral se ha transformado en un escenario de ficción política – de candidaturas truchas. La de Scioli, concebida para levantar las posibilidades oficiales en la provincia, sólo ha servido para hundir al propio Scioli. Según los encuestadores, la lista kirchnerista sólo podría levantar si se baja Néstor Kirchner. Pero en ese caso, el gobierno se declararía derrotado de antemano en la elección plebiscitaria que él mismo convocó y, según La Nación, el “fin apresurado del gobierno de su esposa” (22/4). La oposición es más trucha aún, esto cuando se tiene en cuenta que el ‘peronismo disidente’ va en las listas ‘opositorias’, confeccionadas por los intendentes kirchneristas. La negativa de Reutemann a cerrar un acuerdo con el macrismo y la conspiración de Cobos contra Carrió (más la división de la UCR de Córdoba en relación a Luis Juez), más las innumerables divisiones en las provincias denuncian una enorme fragmentación política. La tendencia a la disolución del régimen político podría disparar la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que por un lado sirva de paraguas para un gobierno minusválido y del otro para otear la posibilidad de meter un régimen semi-parlamentario. A los diversos ensayistas del parlamentarismo ni siquiera se les ha ocurrido que este sistema exigiría, primero, hacer saltar los regímenes políticos provinciales, que son típicamente caudillescos.
En medio de los despidos, de las epidemias de la miseria social y de la inseguridad cotidiana, el pueblo que trabaja exige una orientación, un programa y una organización para su lucha. En función de esto, nuestro partido utilizará la campaña electoral para impulsar las luchas de la clase obrera para defenderse de los ataques capitalistas y para impulsar una Coalición anticapitalista. La campaña del Partido Obrero será una campaña de partido, en oposición a los candidatos carreristas, en especial de la izquierda (Ripoll, Zamora y varios más) y a las maniobras sin principios. La campaña electoral es una oportunidad excelente y fundamental para explicar a los trabajadores que no hay salida estratégica al derrumbe del capital sin la construcción de un partido de la vanguardia de la clase obrera.
Jorge Altamira
Prensa Obrera nº 1080 (23/04/2009)
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