HAY QUE NACIONALIZAR LA GRAN INDUSTRIA
Para detener las suspensiones, los despidos y la reducción del trabajo y los salarios
En todo el mundo, los trabajadores están pagando la crisis capitalista con un alto precio de despidos y pérdidas de empleo, de salarios y vivienda.
Dos millones de despidos hubo en Estados Unidos entre diciembre y febrero; en Brasil, 600 mil en enero; en Italia, también 600 mil pasaron al seguro al parado desde principios de año; en España la tasa de desocupación (oficial) llegó a un catastrófico 16 por ciento.
Los gobiernos capitalistas se esfuerzan por rescatar a banqueros y a industriales, al costo de billones de dólares de dinero fiscal, pero los trabajadores son cubiertos por el seguro de empleo apenas durante algunas semanas.
En nuestro país, los despidos están diezmando a los trabajadores con contratos precarios o en negro y las suspensiones y las reducciones de jornada laboral y salarios a los efectivos.
Sin embargo, la industria automotriz de Córdoba ya ha dicho que deberá prescindir de la mitad de su personal, lo que tendría un efecto devastador en la industria de autopartes, donde diez mil metalúrgicos perderán el empleo en las próximas semanas.
Lo mismo ha anunciado la industria petrolera, obligando a los obreros de las constructoras de sus yacimientos a cortar las rutas en el norte y en el sur.
Curtidores y frigoríficos, dos industrias que manufacturan materia prima típicamente nacional, están a la cabeza en los despidos.
Los planes oficiales para comprar autos, bicicletas, heladeras o computadoras no han resuelto nada; solamente han servido para beneficiar a algunas concesionarias y bancos intermediarios.
La CGT no ha encontrado mejor salida que autorizar la postergación de las paritarias, ‘comprando' de este modo el argumento ‘neo-liberal' de que los aumentos de salarios agravan el desempleo.
La clase capitalista -fundamentalmente la gran industria-, los terratenientes y los banqueros, tiene una responsabilidad fundamental en el estallido del desempleo masivo, porque de ella depende la inversión y la contratación de la fuerza de trabajo.
Si la organización social que le permite al capitalista enriquecerse a costa de los trabajadores no es capaz de operar en forma normal, significa que se ha agotado.
Si el capitalista no es capaz de enderezar a la sociedad que usufructúa, quiere decir que no tiene las condiciones mínimas para reclamar un status dirigente.
Los trabajadores no pueden aceptar esta paralización, porque les va su vida y las de sus familias.
Lo mismo ocurre con los trabajadores independientes o con los pequeños productores.El despido masivo significa también el abandono y el desgaste del activo industrial y productivo que fuera construido por medio de la explotación prolongada de millones de trabajadores.
Hay una salida: para defender el trabajo y la industria, el poder público debe proceder a su nacionalización, así como a la nacionalización de los bancos y del gran capital agrario y comercial.
No para rescatar ni compensar a los grandes capitalistas, sino para poner en marcha una serie integral de medidas reactivadoras que movilice todo el proceso productivo.
¿O el país tiene, acaso, sus necesidades completamente satisfechas?
El capital cierra las puertas de las fábricas cuando las necesidades y las carencias son mayores que nunca, desde las elementales como la alimentación, la vivienda y la salud, hasta las estratégicas y productivas, como la reorganización ferroviaria, la industrialización del campo y la informatización de la industria, el desarrollo de la infraestructura física o de la energía, o la exploración petrolera.
En oposición al despilfarro de la plata de la Anses para socorrer a negocios capitalistas que no tienen futuro con la crisis; en lugar de nacionalizaciones truchas para rescatar el capital de los accionistas y pagar las deudas de empresas y bancos vaciados; en oposición, en definitiva, al salvataje sin salvación del capital, reivindiquemos la nacionalización, sin compensación, de la gran industria, la banca, el capital terrateniente y los monopolios comerciales y de servicios para reorganizar al país sobre nuevas bases sociales, o sea bajo la dirección de los trabajadores.
En todo el mundo, los trabajadores están pagando la crisis capitalista con un alto precio de despidos y pérdidas de empleo, de salarios y vivienda.
Dos millones de despidos hubo en Estados Unidos entre diciembre y febrero; en Brasil, 600 mil en enero; en Italia, también 600 mil pasaron al seguro al parado desde principios de año; en España la tasa de desocupación (oficial) llegó a un catastrófico 16 por ciento.
Los gobiernos capitalistas se esfuerzan por rescatar a banqueros y a industriales, al costo de billones de dólares de dinero fiscal, pero los trabajadores son cubiertos por el seguro de empleo apenas durante algunas semanas.
En nuestro país, los despidos están diezmando a los trabajadores con contratos precarios o en negro y las suspensiones y las reducciones de jornada laboral y salarios a los efectivos.
Sin embargo, la industria automotriz de Córdoba ya ha dicho que deberá prescindir de la mitad de su personal, lo que tendría un efecto devastador en la industria de autopartes, donde diez mil metalúrgicos perderán el empleo en las próximas semanas.
Lo mismo ha anunciado la industria petrolera, obligando a los obreros de las constructoras de sus yacimientos a cortar las rutas en el norte y en el sur.
Curtidores y frigoríficos, dos industrias que manufacturan materia prima típicamente nacional, están a la cabeza en los despidos.
Los planes oficiales para comprar autos, bicicletas, heladeras o computadoras no han resuelto nada; solamente han servido para beneficiar a algunas concesionarias y bancos intermediarios.
La CGT no ha encontrado mejor salida que autorizar la postergación de las paritarias, ‘comprando' de este modo el argumento ‘neo-liberal' de que los aumentos de salarios agravan el desempleo.
La clase capitalista -fundamentalmente la gran industria-, los terratenientes y los banqueros, tiene una responsabilidad fundamental en el estallido del desempleo masivo, porque de ella depende la inversión y la contratación de la fuerza de trabajo.
Si la organización social que le permite al capitalista enriquecerse a costa de los trabajadores no es capaz de operar en forma normal, significa que se ha agotado.
Si el capitalista no es capaz de enderezar a la sociedad que usufructúa, quiere decir que no tiene las condiciones mínimas para reclamar un status dirigente.
Los trabajadores no pueden aceptar esta paralización, porque les va su vida y las de sus familias.
Lo mismo ocurre con los trabajadores independientes o con los pequeños productores.El despido masivo significa también el abandono y el desgaste del activo industrial y productivo que fuera construido por medio de la explotación prolongada de millones de trabajadores.
Hay una salida: para defender el trabajo y la industria, el poder público debe proceder a su nacionalización, así como a la nacionalización de los bancos y del gran capital agrario y comercial.
No para rescatar ni compensar a los grandes capitalistas, sino para poner en marcha una serie integral de medidas reactivadoras que movilice todo el proceso productivo.
¿O el país tiene, acaso, sus necesidades completamente satisfechas?
El capital cierra las puertas de las fábricas cuando las necesidades y las carencias son mayores que nunca, desde las elementales como la alimentación, la vivienda y la salud, hasta las estratégicas y productivas, como la reorganización ferroviaria, la industrialización del campo y la informatización de la industria, el desarrollo de la infraestructura física o de la energía, o la exploración petrolera.
En oposición al despilfarro de la plata de la Anses para socorrer a negocios capitalistas que no tienen futuro con la crisis; en lugar de nacionalizaciones truchas para rescatar el capital de los accionistas y pagar las deudas de empresas y bancos vaciados; en oposición, en definitiva, al salvataje sin salvación del capital, reivindiquemos la nacionalización, sin compensación, de la gran industria, la banca, el capital terrateniente y los monopolios comerciales y de servicios para reorganizar al país sobre nuevas bases sociales, o sea bajo la dirección de los trabajadores.
Publicado en Prensa Obrera nº 1073
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