Socialistas, kirchneristas y el PRO encubren al aparato policial

Crisis política en Santa Fe

La excarcelación del ex jefe policial Tognoli no ha despejado una sola de las acusaciones que se yerguen sobre la policía de Santa Fe. La Justicia ha determinado que las ‘averiguaciones’ en favor de ciertos narcos -que estaban siendo seguidos por otras fuerzas de seguridad- fue realizada desde las más altas oficinas de la jefatura policial de la provincia. Lo que no pudo determinarse aún es quién pidió los datos de los vehículos que perseguían a los narcos: si fue Tognoli o un subordinado. Lo único que está por verse, entonces, es si la connivencia con los narcos le correspondió a Tognoli o resultaba patrimonio del conjunto de la cúpula policial. A pesar de ello, la Justicia le dictó la ‘falta de mérito’ a Tognoli.

Pero más bochornosa aún ha sido la defensa de la policía provincial que Hermes Binner realizó horas después, en una conferencia de prensa en la que fue acompañado por los radicales, el FAP y Solanas. La connivencia del gobierno socialista-radical de Santa Fe con la descomposición policial ha vuelto a quedar en claro.

Opositores rescatan al aparato policial

En ese contexto, en la Cámara de Diputados santafesina, el peronismo cristinista, los demás sectores peronistas y el PRO han sancionado la ley de “Emergencia en Seguridad”, la cual plantea una depuración de oficiales y jefes policiales sospechados e investigados en sede administrativa o judicial -un punto que el gobernador Bonfatti ya anticipó que vetará. Pero, al mismo tiempo, facilita la incorporación de efectivos “capacitados y supervisados por las fuerzas especiales” -o sea, un régimen de fuerzas de élite. Luego, plantea un reforzamiento presupuestario integral de la policía -el que incluye compra de vehículos, construcción de cárceles y mayor libertad en el manejo de compras directas para las jefaturas. Detrás del pase al costado de algunos jefes, el kirchnerismo y el PRO apuntan a reforzar al sospechado aparato policial. En el medio, la Legislatura no consideró la reapertura integral de una investigación sobre los casos de los pibes de Newells, de los jóvenes ligados a la Darío Santillán o de las múltiples denuncias sobre prostíbulos y trata de personas en Rosario y sus alrededores.

Nada se responde a los familiares de las decenas y decenas de víctimas de las bandas, ni tampoco a las organizaciones populares y de derechos humanos, las que reclaman la investigación hasta las últimas consecuencias de este entramado alojado en el seno del Estado.

Bonfatti tiene que rendir cuentas y ser sometido a juicio político por su responsabilidad.

Cárcel a Tognolli y a todos los implicados hasta el momento. Exigimos el juicio y castigo a todos los responsables materiales e intelectuales de todos los asesinatos contra el pueblo en estos años. Por el inmediato esclarecimiento de los crímenes de Patón, Mono y Jere (de la Darío Santillán).

Destitución inmediata de todos los jefes policiales, por un cuerpo de seguridad ciudadana responsable ante la población, así como ante organizaciones populares y de derechos humanos.

Juan Ferro

El FAP, los K y la narco-policía

La renuncia del jefe de policía, Hugo Tognolli, por su participación en las bandas narcos, detonó en la provincia una crisis política que todavía no tocó fondo.
El anterior gobierno de Binner, como el actual de Bonfatti, son absolutamente cómplices del acrecentamiento del poder de las bandas de narcos -principalmente en Rosario- y del aumento y la ramificación de los vínculos de éstos con el Estado y con la policía.
El gobierno provincial -por boca del ministro de Seguridad de la provincia, Lamberto- pasó de un “no sabíamos nada de esta situación” -cuando se hicieron públicas las denuncias- a admitir que sabían que Tognolli estaba siendo investigado junto al entonces comisario general Solá -este último por enriquecimiento ilícito. Lo increíble de todo esto es que el FAP, tras deponer a Tognolli, puso en su reemplazo como jefe de la policía a… Solá (¡!). Al mismo tiempo, Lamberto admitió que no tienen ningún tipo de control sobre la policía, que actúa con verdaderas cajas negras vinculadas con diversos negocios.
Nuevamente, salieron a la luz las ya olvidadas denuncias de Norma Castagno -ONG Madres Solidarias-, acerca de la vinculación de Tognolli y demás policías con el narcotráfico. Castagno aportó pruebas clave de ese vínculo y pidió entrevistas, primero con Binner y luego con Bonfatti, que nunca le fueron concedidas.
Con el paso de los días y ante el agravamiento de la crisis, el gobierno desplazó al viceministro de Seguridad, anunció la investigación de un listado de policías que estarían vinculados con el narcotráfico, desplazó a 22 policías de Drogas Peligrosas y al jefe de la división y creó la Secretaría de Delitos Complejos, en la que puso al frente a una ex comisaria y actual militante “socialista”.
Pero los mismos hechos se encargaron de demostrar la absoluta irrelevancia de esta pantomima, que el gobierno calificó de “cambios estructurales” en la policía. El narcotraficante que tenía relación con Tognolli y que motivó su arresto -que está preso desde mayo- ya pidió la excarcelación y el sobreseimiento.
Binner, salpicado por la crisis política, sacó una solicitada “poniéndose a disposición de la Justicia”. Con toda desvergüenza, señaló que desde 2007 han habido grandes avances en la lucha contra la droga en Santa Fe. Reivindica que Tognolli “tenía una foja intachable”, pero no dice que miró para otro lado ante todas las denuncias públicas sobre el accionar de la policía provincial.

El gobierno mete la cola
La crisis Tognolli fue la ocasión para que el kirchnerismo -principalmente su sucursal santafesina- se montara en una ofensiva contra el FAP. La profundidad de la crisis amenaza, sin embargo, con salpicar cada vez más a la Rosada. Sucede que Nilda Garré designó, en marzo de este año, a un tal Serna al frente de Drogas Peligrosas de Rosario. Pero este personaje estuvo preso en 2005, acusado de integrar una banda de traficantes italianos que enviaban cocaína a Europa. Nuevamente, la vista se corre hacia la Gendarmería, pieza clave en el tráfico de drogas en las diferentes fronteras, para que luego sea administrada por las bandas locales. Al mismo tiempo, empezaron a correr las denuncias del visto bueno a las bandas de narcos por parte del poder político de diferentes localidades del interior provincial, donde el Poder Ejecutivo está a cargo de kirchneristas.
El desarrollo de la crisis en tan sólo unos cuantos días, no sólo pone de manifiesto la descomposición policial. Principalmente, salen a la luz los lazos con todos los estamentos del poder político, del Frente Cívico a los K.

Justicia
Los familiares de las víctimas inocentes de las bandas, como las organizaciones populares y de derechos humanos, tenemos que reclamar la investigación hasta las últimas consecuencias de este entramado alojado en el seno del Estado. Bonfatti tiene que rendir cuentas y ser sometido a juicio político por su responsabilidad. Cárcel a Tognlli y a todos los implicados hasta el momento. Exigimos el juicio y castigo a todos los responsables materiales e intelectuales de todos los asesinatos contra el pueblo en estos años. Por el inmediato esclarecimiento de los crímenes de Patón, Mono y Jere, de la Darío Santillán.

Damián Blanco

Extraordinaria iniciativa política del PO y su banca municipal

El temporal que azotó días atrás al cordón industrial de Santa Fe sacó a la luz las brutales contradicciones sociales de toda esta región. Pero, principalmente puso de manifiesto una intervención obrera y socialista ante la crisis: es la que encabezó el Partido Obrero de Capitán Bermúdez junto a los barrios obreros de la ciudad.
En la zona donde se asientan los puertos y plantas de las mayores exportadoras de la Argentina, los trabajadores carecen de las condiciones más elementales en materia de vivienda e infraestructura. Por ese motivo, el temporal arrojó un saldo de casas destruidas y barrios inundados. Pero, además, muchos compañeros no pudieron siquiera llegar a sus trabajos, por el colapso de puentes y caminos.
En una situación donde debía actuarse con rapidez e iniciativa, se dejó ver la impotencia de los partidos políticos capitalistas. Donde gobierna el peronismo, en el norte del cordón -Puerto San Martín y Timbúes-, sus localidades terminaron incomunicadas.
Por su parte, el Frente Cívico militarizó las ciudades para enfrentar los piquetes que afloraron para reclamar asistencia inmediata. Esta respuesta popular se intensificó en Capitán Bermúdez, donde los barrios fueron más afectados y el desastre se cobró la vida de un trabajador. El temporal desnudó la verdadera cara de Bermúdez, una ciudad con más de una docena de años sin obras estructurales importantes, ni desagües, ni pavimento. En barrios como Batallán, Villa Margarita, Copello o Villa el Prado, el temporal potenció esta ausencia de obras. El Ejecutivo municipal corrió detrás del temporal y aún no ha anunciado ningún tipo de plan pos-temporal, que abarque las carentes obras públicas.

Nuestra iniciativa
Ante este cuadro se desató una intensa movilización popular. En Capitán Bermúdez, llegamos a contabilizar cinco piquetes, en una ciudad de 30 mil habitantes. Sumando reclamos del conjunto de población, en los barrios se realizaron importantes asambleas. Además de los planteos barriales, apareció el reclamo de los obreros que habían perdido días de trabajo y el presentismo. La asistencia a los damnificados fue anárquica, generando momentos de mucha tensión. La ciudad quedó sitiada ante la impotencia oficial.
Con nuestra banca y los compañeros del equipo parlamentario, intervenimos activamente en este proceso de asambleas. Militamos sin parar en los barrios más afectados. En reuniones de emergencia, realizadas algunas de ellas a la luz de la vela, elaboramos un proyecto que salimos a discutir en las casas, en los piquetes y las asambleas barriales: establecía la creación de un comité de crisis con delegados de los barrios electos en asamblea, para hacer de forma inmediata un relevamiento de los daños y las necesidades más urgentes. Que el comité organice la ayuda a los damnificados y establezca un plan de obras públicas, en base a un impuesto a las grandes empresas y a un aporte extraordinario de la provincia.
Esta propuesta fue inicialmente rechazada por el gobierno municipal. Pero nosotros trabajamos la propuesta en reuniones y asambleas previas a la sesión de Concejo donde se discutiría la cuestión, el pasado jueves 25. Ello generó mucha adhesión, y llevó a que nos viéramos acompañados por una cantidad importante de vecinos, tras la consigna ¡obras publicas ya! Bajo la presión de esta presencia popular, el Concejo terminó votando en forma unánime la “minuta de comunicación” presentada por el Partido Obrero. Cuando la presidencia del Concejo anunció la aprobación por unanimidad del “proyecto del Partido Obrero”, resonó una inmensa ovación de la multitud que rodeaba el edificio.

Las tareas planteadas
Apoyados en este logro, vamos por otros reclamos. En primer lugar, estamos planteando que las empresas deben reconocer a los trabajadores los días perdidos en el marco del temporal, sin descontarles un solo peso. Además, el Estado municipal debe contemplar los destrozos de innumerables viviendas, donde los vecinos tuvieron que salir a costear de sus bolsillos roturas de vidrios, la inundación de su cuadra por desagües tapados o los daños causados por la falta de luz.
Por otra parte, tenemos que asegurar que la resolución votada no sea vetada por el Ejecutivo, ni quede cajoneada sin acciones prácticas concretas. Hay que tener en cuenta que, al día siguiente de la sesión del Concejo, se anunció el envío de 250.000 pesos para el municipio de Bermúdez, raíz de la tormenta. Intervendremos para exigir un control popular sobre el destino y la distribución de esos recursos y, fundamentalmente, para que se inicien las obras de fondo que requiere el municipio. El Partido Obrero lleva juntadas 2.000 firmas en reclamos de obras y cloacas. Ahora, con una delegación de vecinos elegidos en los barrios vamos a reclamar una entrevista al gobernador Bonfatti. No queremos otra catástrofe a causa de la desinversión y el abandono.
La presencia del PO en el Concejo fue un factor de organización y orientación del movimiento popular, en oposición a la impotencia de los partidos que gobiernan.

Jorgelina Signa

Sí, vayamos al paro general

La CGT y la CTA opositoras aún no confirmaron la fecha del paro general. Lo anunciarían para el 20 ó 22 de noviembre.

La clase obrera tiene razones de sobra para una huelga general.

La inflación ha convertido a las paritarias de este año en un recuerdo lejano.

Pero, además, están las suspensiones y despidos en la industria. También la nefasta ley de ART.

La política oficial asiste a los banqueros y privatizadores.

A costa, claro está, de desvalorizar el salario y las jubilaciones.

El paro, sin embargo, no forma parte de un plan de lucha.

Moyano y Micheli no presentaron un programa alternativo a los ajustes oficiales.

Quieren colocar nuestros reclamos -y este paro- al servicio de los Macri, Binner o De la Sota.

Todos ellos coinciden en reclamar una devaluación de la moneda. Otra forma de confiscarnos el salario y las jubilaciones.

Las limitaciones de la burocracia opositora no son novedad.

Pero para superarlas lo que tenemos que hacer es ir con todo a la huelga.

Promover asambleas y plenarios en todos lados.

Cuanto más contundente sea el paro, podremos enfrentar con más fuerza la tentativa de llevar a la clase obrera al campo de los explotadores oficialistas o de la oposición.

Preparemos con fuerza este paro, para que la clase obrera irrumpa, con sus propias aspiraciones y reclamos, en la enorme crisis nacional.

NADA DE ‘MACRIS’, HUELGA GENERAL

El reclamo para reabrir las paritarias está ganando a numerosos sindicatos. La carestía en los alimentos se suma a los tarifazos en las naftas.

El impuesto al salario abarca a cada vez más trabajadores.

Una respuesta de conjunto de la clase obrera es cada vez más necesaria.

La marcha del pasado 10 de octubre dejó planteada esta cuestión. Lo volvió a plantear la del miércoles 24, contra las ART.

En lugar de definir -de una vez por todas- un paro general y un plan de lucha, para Moyano ha sido más oportuno reunirse con Macri y dar alas a un acuerdo político.

El único resultado que puede buscar semejante transa es someter a los trabajadores a los intereses de sus peores enemigos.

Convertido en aliado de Clarín, quiere dar pelea al gobierno desde una trinchera patronal.

Incluso los ‘progresistas’ que votaron a favor de la ley de medios -como el FAP de Binner y Lozano, y Proyecto Sur de Solanas- se han unido a la derecha para defender la libertad de expresión, no la de los obreros o las organizaciones populares, sino la de las corporaciones capitalistas.

La reunión de Moyano con Macri resume todo el dilema de los trabajadores, quienes son invitados a apoyar a un negrero para combatir el atropello a sus derechos por parte del oficialismo, o apoyar a los ejecutores de estos atropellos contra esos negreros.

Se trata de una trampa política.

Para enfrentar esta trampa, llamamos a apoyar al Frente de Izquierda y a reclamar -mediante plenarios, asambleas y pronunciamientos- una huelga nacional para eliminar el impuesto al salario, recuperar el salario familiar, estatizar el seguro de enfermedades y accidentes de trabajo, establecer comités de seguridad en las empresas, por la vigencia del 82% móvil para los jubilados, por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.

Binner, Bonfatti… Tognolli

El arresto del jefe de Policía de Santa Fe, acusado de vinculaciones directas con el narcotráfico, no debería sorprender: desde el inicio de la “gestión socialista”, en 2007, han “renunciado” otros tres jefes policiales y se cambió cuatro veces el ministro de Seguridad.

En 2010, en Rosario -según cifras oficiales- se registraron 119 asesinatos. En 2011 subieron a 170, y este año subiría aun más. Según el gobierno provincial, 74 asesinatos fueron provocados por ajustes de cuentas, pero otras fuentes suben a 140 las víctimas de las guerras entre bandas.

La delimitación territorial del delito está claramente establecida en la zona sur. Las “cocinas de drogas”, en complicidad con la policía provincial, son ampliamente conocidas por el vecindario. Se conocen hasta las ganancias de los grupos narcos, sin necesidad de que intervengan “los sabuesos de la DGI”.

Un puesto de droga deja al narco 10.000 pesos por semana. De ese dinero, tiene “que descontar entre 2.000 y 3.000 pesos que debe pagarle a la policía” (La Nación). El continuo patrullaje policial en la zona no es para parar el accionar de los narcos, sino las escaramuzas que espantan a los “clientes”.

Dos elementos desataron la batalla campal actual entre narcotraficantes. Una -ya lo dijimos hace dos años en Prensa Obrera- fue el asesinato de Roberto Camino, alias “Pimpi” -comandó la barra brava de Newell’s durante una década-, que dejó vacante el liderazgo del grupo más violento de hinchas y produjo un desequilibrio de fuerzas entre las bandas.

“La muerte de Camino fue aprovechada por menores delincuentes que quisieron disputarse el territorio para vender droga. Esos chicos son los que se están matando ahora. Varias de las víctimas tienen entre 17 y 18 años, y se las conoce por sus alias, que representan a personajes de series infantiles debido a que ingresaron en el mundo del delito cuando eran chicos” (La Capital).

El otro elemento que desató una crisis fue el asesinato de tres chicos vinculados con la Darío Santillán. La trascendencia política de este hecho puso en el centro de la mira a Hugo Tognolli, el jefe de policía de Santa Fe.

El dato más significativo de Tognolli es que antes había sido jefe, durante cuatro años, de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones. Fue en esos años que empezó el auge del narcotráfico en Rosario. La ONG Madres de Adictos en Recuperación venía denunciando -sin éxito- la abierta complicidad de Tognolli con el narcotráfico.

Tognolli conoce al dedillo la complicidad policial y política con el narcotráfico. Bonfatti y Binner hacen gala de una enorme hipocresía cuando alegan que no estaban al corriente de lo que sucedía con “su” jefe policial.

Abajo las ART

El 24 de octubre bloqueemos el Congreso

El gobierno kirchnerista está por asestarle un golpe al derecho de la clase obrera a la salud y la seguridad en el trabajo. La nueva ley de riesgos del trabajo obligará a optar: o el resarcimiento miserable de la “administradora” (ART)… o esperar varios años hasta cobrar el juicio civil.

La extorsión es clara: empujan al trabajador a quedarse con el pago de la ART, ante la imposibilidad de aguantar hasta el juicio.

Perfecciona la privatización de los “riesgos del trabajo” que inauguraron Menem y Cavallo.

Para los capitalistas, bajará el costo de los accidentes laborales.

Por lo tanto, tendrán que gastar menos en prevenirlos.

El beneficio de las administradoras, asociadas a la burocracia sindical, crecerá junto a la inseguridad en el trabajo.

A pocos días del 17 de octubre, el gobierno ha dado una muestra de “lealtad”… pero hacia la Unión Industrial, que viene reclamando esta reforma desde hace años.

El miércoles 24, la nueva ley de ART será debatida en el Congreso. La CGT y la CTA han convocado a concentrar allí desde las 14 horas.

Marchemos masivamente, convoquemos a marchar en todas las organizaciones obreras.

Por comisiones obreras de seguridad e higiene, electas y con poder de veto sobre las condiciones de trabajo.

Por el derecho a recurrir sin condicionamientos a la demanda civil en los accidentes de trabajo.

Por un paro nacional y un plan de lucha por este reclamo, contra el impuesto al salario y todas las reivindicaciones obreras.

Segundo aniversario del crimen de Mariano Ferreyra

  El 20 de octubre, a Plaza del soldado y a todas las plazas del país

 El próximo 20 de octubre, al cumplirse el segundo aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra, los abajo firmantes convocamos a todas las organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles y de derechos humanos, y a los trabajadores y el pueblo en general, de la ciudad de Santa Fe, al acto en plaza del soldado y así como en todos los centros políticos del país para reclamar Justicia por Mariano, Perpetua a Pedraza, y el desmantelamiento de las patotas sindicales y empresarias enquistadas en el ferrocarril.

Las amenazas y actos de intimidación contra los testigos de la causa, ocurridas en las últimas semanas -que se suman a una larga lista de hechos similares ocurridos a lo largo de estos dos años, ninguno esclarecido- ponen de manifiesto que las patotas de Pedraza continúan activas. Mientras en el juicio se acumulan las pruebas contra la cúpula de la Unión Ferroviaria, sus personeros continúan ocupando puestos clave en la gestión del sistema ferroviario.

Justicia por Mariano

Perpetua a Pedraza

Fuera sus patotas y los empresarios del ferrocarril

Sábado 20 de octubre, 11hs. Acto en plaza del soldado

Convocan: Partido Obrero, UJS, Tribuna Docente, Plenario de Trabajadoras, Centro de estudiantes del Instituto Nº12 Gastón Gori, Centro de estudiante de Cine y Artes audioviduales de Santa FE (ISCAA), MOI( Movimiento de Ocupantes e Inquilinos), Juventud Socialista de la ciudad de Santa Fe, MadreSelva-izquierda independiente, Andamio-agupación universitaria de izquierda independiente, Lista Naranja-Opinión Socialista, MST (Movimiento Socialista de los trabajadores),Estudiantes por el Cambio (Conducción del centro de estudiantes del Almirante Brown), A Pedal-colectivo en movimiento, Centro Cultural y Social el Birri, Colectivo Editorial 4ojos, PTS Entre Ríos- Corriente Nacional Docente 9 de Abril (PTS+Independientes),IN.NU.MA(inundación nunca más), Cooperativa de trabajo Río Salado,  ...

El 20 a Plaza de Mayo: ¡Justicia por Mariano!

El próximo sábado 20 se cumplirán dos años del crimen de Mariano Ferreyra y del brutal ataque a Elsa Rodríguez y a otros compañeros. El crimen de Mariano sacó a la luz el entrelazamiento de la burocracia sindical con la policía, los concesionarios del ferrocarril y el aparato del Estado, para superexplotar a los trabajadores tercerizados y para desviar a sus bolsillos los subsidios que el gobierno K reparte sin control entre sus amigos.

La lucha popular puso en la cárcel a la patota de Pedraza y en el banquillo de los acusados a una parte de la policía, pero todavía falta un camino a recorrer para obtener la condena de los criminales -y, por esta vía, contribuir también a poner fin a la dominación de los sindicatos por parte de la burocracia sindical.

Las amenazas a los testigos del juicio oral y público a la patota y a la policía, así como el secuestro de uno de ellos, ponen de manifiesto que los responsables políticos del crimen no cejan en sus esfuerzos para arrancar la impunidad.

La incapacidad del gobierno para neutralizar esas amenazas, y para impedir el secuestro reciente y su esclarecimiento, demuestra que solamente la lucha popular podrá conseguir la ¡Justicia para Mariano!

Por eso, convirtamos el segundo aniversario del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra -el próximo 20 de octubre- en una gran jornada de movilización a Plaza de Mayo.
Llenemos la Plaza -y todas las plazas del país- este 20

La Plaza dejó planteada la huelga general

La Plaza de Mayo reunió entre 30 y 40 mil personas a partir de la convocatoria de la CTA Micheli, a la que adhirieron, sin paro, camioneros y delegaciones de gremios de la CGT Moyano.

Las horas que precedieron a la jornada estuvieron dominadas por la noticia de la bajada de Moyano de la tribuna -fue reemplazado por Schmidt, de Dragado y Balizamiento- y por el boicot de ATE Capital, cuya mayoría se ha pasado al kirchnerismo. La participación de la Federación de Educadores bonaerense, que logró una adhesión superior al 50%, fue un golpe positivo contra la burocracia de Suteba, alineada con el gobierno.

En la composición de la Plaza se destacó una columna de unos 10 mil camioneros y delegaciones de bancarios, personal legislativo, judiciales, Udocba y otros gremios de la CGT Moyano. En cuanto a los organizadores (la CTA-Micheli), se notó fuertemente la disminución de ATE; hubo empeñosas columnas piqueteras de Barrios de Pie, CCC, MTR Dignidad, Teresa Vive y otras. En ATE de provincia, se destacó la movilización de más de mil compañeros del Astillero Río Santiago. El desgaste natural de 15 días de huelga le impidió a ATE Educación una movilización masiva con sus propias consignas, pero estuvo presente el clasismo de ATE -tanto de capital como de provincia.

Las 500 o 700 personas de la Federación Agraria en la Plaza no compensaron lo que restó, políticamente, la presencia de Buzzi, como pata de la Mesa de Enlace -resistida por vastos sectores de activistas en los lugares de trabajo. En el palco no se hicieron ver los Binner y otras fuerzas del FAP, aliadas de los representantes políticos de la CTA, a excepción de los propios como Lozano o Pino Solanas.

Nuestra columna reunió a más de 3.000 compañeros, que entraron con el Sitraic, AGD-UBA y Fuba, Suteba La Plata, ATE Sur y delegaciones de ferroviarios, gráficos, metalúrgicos y distintos gremios bajo el cartel: “Paro general, por 7.000 pesos de básico, abajo el trabajo en negro y el impuesto al salario”. Esta orientación política marcó una perspectiva, ya inscripta en el movimiento obrero con la huelga de Educación en la provincia de Buenos Aires, la huelga petrolera de Comodoro, las huelgas docentes en diferentes provincias, Los Dragones.

Nadie dijo una palabra del juicio a Pedraza ni de los sucesos protagonizados por las patotas de Gerardo Martínez. El centroizquierda no planteó terminar con la burocracia sindical y sus patotas.

Micheli llamó a rodear el Congreso el próximo 24 contra la pseudoreforma de las ART. Transmitió que Moyano le aseguró que habría un paro general antes de fin de año. No hay, sin embargo, ningún plan de lucha en esa dirección. La Plaza dejó planteada la huelga general.

Nestor Pitrola

La crisis de prefectos y gendarmes

El “salario imposible” de los K

Con la negativa del gobierno al reclamo de un básico de 7.000 pesos, el conflicto con los prefectos y gendarmes ha dado otro salto. Los suboficiales de gendarmería consideraron una “burla” la ratificación del decreto oficial, por lo que resolvieron una reducción del 50% en sus servicios. Después de haber repetido durante días que el conflicto se debía a una “liquidación salarial defectuosa”, Abal Medina reivindicó la aplicación del decreto oficial. Pero a renglón siguiente, echaron al autor de la norma, el hermano de la ministra Garré.

La medida no fue acompañada por la derogación del decreto que reemplazó los adicionales por un ‘complemento’ que será absorbido con futuros aumentos o ascensos. En vista de lo anterior, los efectivos reclamaron un salario básico de 7.000 pesos.

Pago en negro y jerarquías militares

Según se supo en estos días, los ajustes estaban previstos en el presupuesto 2013 -nada tenían, por lo tanto, de liquidaciones defectuosas. El decreto de Garré eliminó un conjunto de adicionales y suplementos “en negro”, los cuales representaban hasta el 80% de la estructura salarial de las fuerzas. Pero dejaron en pie algunos “complementos” que hablan por sí solos: 13.000 pesos ‘limpios’ para los jefes y sólo 3.000 pesos -y sujetos a las deducciones por ganancias- para los de menor rango. La poda fue tan arbitraria y desigual como el régimen de “adicionales” que vino a suplantar. Los adicionales con mayor peso “se otorgaron a través de los seis decretos firmados entre 2006 y 2010 por Néstor y Cristina Kirchner” (Clarín, 10/10).

Esa estructura salarial sólo entró en crisis cuando dos fallos de la Corte establecieron el carácter remunerativo de los adicionales, lo que permitió que muchos efectivos se ampararan en ellos y cobraran salarios mayores. La Corte también había fallado a favor del reajuste de los haberes jubilatorios congelados entre 2002 y 2008. Pero mientras los juicios de jubilados eran apelados -o sencillamente ninguneados- por la Anses, las medidas cautelares en favor de las fuerzas de represión se pagaban puntualmente. Antes que esta enormidad alcanzara trascendencia, el gobierno decidió ‘limpiar’ de adicionales el sueldo de prefectos y gendarmes -y, de paso, someterlos al ajuste.

La discrecionalidad de los recortes es la consecuencia necesaria del carácter vertical de los aparatos de represión del Estado: la autoridad sólo se manifiesta plenamente a través del ejercicio de los actos arbitrarios -o sea, de aquellos que emanan de la aplicación lisa y llana del principio de autoridad. El carácter opresivo de la institución policial y militar se expresa en su estructura interna.

Presupuesto trucho, “modelo” inviable

El reclamo de un salario básico de 7.000 pesos plantearía un gasto adicional de 4.000 millones de pesos en 2013. Y bastante más si -como se prevé- desata un pedido similar en las restantes fuerzas. La factura a pagar se agranda por la misma expansión de la Gendarmería, que duplicó sus efectivos bajo el kirchnerismo. Pero, en definitiva, el régimen de pago en negro abarca al conjunto de las administraciones estatales y provinciales.

Gobierno y opositores

En vistas de lo anterior, se ha reforzado un inédito frente único del gobierno y opositores, de “6,7,8” y de Clarín, contra el reclamo de los 7.000 pesos de básico. En la conferencia de prensa de este martes, Abal Medina reivindicó “el crecimiento de la gendarmería” en estos años, “con equipamiento y efectivos”. Con esa política, los K quisieron sortear la crisis de seguridad planteada por la descomposición imparable de la Federal y la Bonaerense.

Pero los K no han podido evitar que al interior de la Gendamería y la Prefectura se instalen las mismas contradicciones sociales que en el conjunto del “modelo”: los efectivos de la seguridad democrática trabajan con salarios en negro (como lo hace el 35% de los trabajadores del país) y deben hacer changas para sobrevivir.

El reclamo presupuestario o salarial de los efectivos del aparato de represión comporta, objetivamente, un reforzamiento de su capacidad de coerción contra el pueblo. Pero, al mismo tiempo, conduce a un choque con el propio régimen y aparato estatal que esos efectivos defienden.

Como todas las crisis planteadas por la bancarrota capitalista y la declinación del arbitraje oficial, las fuerzas políticas y las clases sociales intervienen en esta crisis en pos de una salida favorable a sus intereses. Los socialistas revolucionarios no podemos dejar de hacerlo. Denunciamos el reforzamiento represivo que reclaman oficialistas y opositores, así como también todo el andamiaje de delación y espionaje contra el movimiento popular (Proyecto X, Ley antiterrorista). Señalamos el despotismo interior de las “fuerzas”, como consecuencia de su carácter de clase represivo. Oponemos a la sindicalización que reclama un sector de la burguesía -que se reduce a formar una comisión de gestión laboral- un sindicato con derecho de huelga y poder de veto sobre las órdenes que impliquen ataques contra la lucha de clases del movimiento obrero y del conjunto de los explotados.

Marcelo Ramal

Abajo el salario en negro

El 10, marchemos a Plaza de Mayo

El impuesto al salario ya afecta a dos millones de trabajadores. Otros tantos han quedado excluídos de las asignaciones familiares. Mientras tanto, las sumas y los adicionales “en negro” pesan cada vez más en la conformación del salario.
Es una forma de “aplanar” las categorías y bonificaciones del convenio.
De condicionar nuestros ingresos a jornadas agobiantes.
Y de aniquilar nuestras jubilaciones futuras, que sólo se calculan sobre los ingresos en “blanco”.
La mayoría de la clase obrera -y casi todos los jubilados- están muy lejos de percibir salarios y haberes que alcancen a la canasta familiar.
Para un tercio de los trabajadores, lo único que existe es el trabajo -y el salario- en negro.
Por todas estas reivindicaciones, necesitamos un paro general y un plan de lucha de toda la clase obrera.
Y una alternativa política de los trabajadores, frente a los “ajustadores” del oficialismo o la oposición.
Con estos planteos, vamos a la Plaza de Mayo el próximo 10 de octubre.

Naranpol: el Paraná Metal y el Malhe de Bonfati

Ni el notorio intento de suicidio de uno de los obreros de Naranpol ha modificado el interminable desguace de esta fábrica.
La empresa permanece cerrada después que la vaciaron los Galán y la pasaron a un testaferro de ellos mismos, que la compró sin poner un peso con la promesa incumplida de reabrirla. El anuncio de reapertura de Naranpol fue festejado como un logro “socialista” del gobierno provincial, pero el testaferro de los Galán no la abrió. Los obreros con entera razón habían iniciado juicios por el cobro de sus indemnizaciones, después de dejar la vida en la planta.

El desguace de Naranpol tiene la abierta complicidad del gobierno del Frente Cívico Quedaron sin trabajo en la provincia 250 trabajadores más 417 en el resto del país La política del gobierno provincial ha seguido como dos gotas de agua a la que llevó a la pérdida de 500 puestos de trabajo en Malhe, y los 1000 de Paraná Metal.

El gobierno sigue llevando a los obreros a las interminables secuencias que recorrieron los trabajadores de Malhe y Paraná Metal en las secretarías d e trabajo y en los juzgados laborales, sin obtener la reapertura de sus plantas.

El desguace de Naranpol, ha traído aparejada la llegada del “carancho” Caro, que recorre el país buscando cada fábrica en quiebra para proponer una cooperativa, donde el oficia de nexo de la comercialización de lo que se produce. La cooperativa tampoco funcionó. Hoy, los obreros siguen sin cobrar indemnización alguna, y hacen changas mientras siguen luchando por su fuente de trabajo.

El gobierno provincial se debe hacer cargo de Naranpol. Debe reintegrar a los 250 trabajadores a la planta. Hay que dejar sin efecto la compra trucha del testaferro de los Galán. Nada se resolverá en las interminables audiencias. .Hay que ocupar la fabrica, formar una comisión de dirección de la misma y exigir el pago de los salarios al gobierno provincial hasta que se encuentre una salida al producto, que bien puede ser absorbido en comedores escolares, hospitales, y distintas reparticiones del gobierno provincial. Basta de cierres de las fuentes de trabajo.

 Silvio di Teodoro (Santa Fe)

Contra los ajustadores K y los de la “oposición”

Los ataques al salario, las jubilaciones y las condiciones laborales son tan claros como conocidos. El gobierno no ha cedido un peso del impuesto al salario.

La jubilación mínima representa la tercera parte de una canasta familiar.

La poda de las asignaciones familiares afecta a más trabajadores.

Los ajustes en las provincias son brutales.

Pero la convocatoria de Micheli y Moyano para el próximo 10 de octubre no se propone iniciar un plan de lucha por esas reivindicaciones.

Moyano y la CGT ni siquiera prevén parar ese día.

El desinterés por empujar los reclamos es manifiesto.

Pero el afán está puesto en otro lado: en armar frentes con políticos antiobreros.

Moyano, con De Narváez, De la Sota y hasta Macri.

Micheli, con otro ajustador -Binner- y con una pata de la Mesa de Enlace, la Federación Agraria.

Ninguno de ellos nos va a ayudar a derrotar los tarifazos, la confiscación impositiva a los trabajadores o el régimen antiobrero de riesgos del trabajo.

La razón es sencilla: comparten con los K el objetivo de pasarle la factura de la crisis a la clase obrera.

Los trabajadores no tenemos nada que ganar ni con el gobierno de las ART y el impuesto al salario, ni con los opositores capitalistas que quieren liquidar nuestro salario con una devaluación.

Luchemos por nuestra propia salida, por una alternativa política de los trabajadores.

El 10 de octubre marchemos con un programa y una plataforma clara: por el salario igual a la canasta familiar, por el 82% móvil a los jubilados, contra el impuesto al salario y el régimen antiobrero de las ART.

Por un plan de lucha.

Por nuestra independencia política.

La salida es por la izquierda

La Presidenta dedicó su nuevo discurso a cumplir con un gran reclamo de la patronal argentina: ponerle fin a la ‘doble vía’ (resarcimiento de la ART y juicio civil) en los accidentes de trabajo.

Ahora, para acceder al pago de la ART habrá que renunciar a la vía judicial.

Es la extorsión que venía reclamando largamente la Unión Industrial.

¿Serán éstas las medidas con las que el gobierno quiere convocarnos a luchar “contra las corporaciones”?

Este ataque a los derechos obreros es la primera medida del gobierno después de los cacerolazos.

El gobierno responsabilizó de las movilizaciones del jueves a los Macri, De Narváez o Clarín.

Pero respondió a las cacerolas cumpliendo con una de las exigencias más preciadas para todos ellos.

No es una excepción por parte de un gobierno que mantiene a rajatabla el impuesto al salario.

Y que paga jubilaciones que no llegan a la tercera parte de la canasta familiar.

A costa de los que trabajan, quieren salvar una política fracasada: la que rescató durante nueve años a los privatizadores, por un lado, y a los especuladores de la deuda externa, por el otro.

El sostenimiento de este gobierno “para que no avance la derecha” sólo es otra forma de llevarnos a la victoria de la derecha.

Los cacerolazos fueron otro episodio de las múltiples manifestaciones del descontento popular.

Pero la salida a la inflación galopante, a los impuestazos o al autoritarismo político no la van a dar los Macri o los Binner, quienes empujan por una doble confiscación al bolsillo: tarifazo más devaluación.

La bancarrota capitalista -tiene un alcance internacional- tiene otra salida.

Como lo expresan en estos días miles de estudiantes en las grandes facultades de la UBA: la salida es por la izquierda.

Luchemos por una alternativa propia de los trabajadores a una crisis que no resolverán los capitalistas y sus políticos.

La juventud pide pista

En los próximos días y semanas, la juventud que lucha tendrá por delante varias batallas de enorme importancia.             Este viernes será la marcha por la “Noche de los Lápices”.

La va a encabezar  un movimiento estudiantil secundario en ascenso, el cual logró  victorias de peso contra la destrucción de la escuela media

La que va a defender a sus centros de estudiantes como herramientas de lucha, sin “reglamentos” ni “veedores” oficiales.

Para ese movimiento, la jornada de los lápices no es una evocación escolar de los derechos humanos del pasado.

Es la oportunidad para denunciar a los represores de hoy y al gatillo fácil.

También de escrachar a la lacra destructiva de la droga, cuyos beneficiarios también cuentan con protección estatal y policial.

Esa juventud, que se mira en el espejo de Mariano Ferreyra,  también levantará bien alto la lucha por la condena definitiva de Pedraza y su patota.

Después del 16,  se vienen grandes batallas electorales en colegios y facultades.

Para defender la universidad pública  contra las camarillas de la privatización educativa.

Para  que nuestros centros de estudiantes sirvan a esa lucha.

En los últimos días, la izquierda y el Partido Obrero revalidaron victorias en varias de las mayores facultades de la UBA y está creciendo en votos en otras.

Vamos por ese rumbo en las elecciones que se vienen en la UBA, la Plata y todo el país.

Ese progreso de la izquierda revolucionaria tiene claras razones.

Los “relatos” oficiales podrán llenar las horas de la TV pública o la cadena nacional.

Pero no llenan la vida de una juventud precarizada,  sin derecho al estudio o a la vivienda,  sobre la que se descarga todo  el peso de la crisis capitalista.

Esa juventud pide pista.

Para  luchar por el salario, para ponerle fin a laprecarización laboral y la desocupación.

Por el  derecho a la educación estatal y gratuita.

Por la libertad de organización en todos los lugares de estudio y trabajo.

Por plenos  derechos políticos y gremiales a la juventud, sin ninguna injerencia estatal.

Vamos con ellos.

UOM de Villa Constitución: llamamos a votar a la Lista Verde-Negra

P or primera vez, en la UOM de Villa se presenta una lista de delegados y activistas independiente de los sectores que históricamente han dirigido la seccional: la Marrón (Piccinini, hoy michelista) y la Azul (Pailón, yaskista). Dos alas que se han revelado por igual incapaces de defender las reivindicaciones de los metalúrgicos de Villa.

La seccional está sumida en un gran retroceso. Acindar, la principal fábrica dirigida por el sector de Paulón, tiene el 50% de los trabajadores tercerizados; lo mismo ocurre en Tenaris y en toda la seccional, donde la mitad de los metalúrgicos están precarizados con una enorme diferenciación salarial entre los que son y no son efectivos.

La derrota de Paraná Metal fue un golpe demoledor sobre todo el gremio. Mil familias quedaron en la calle, lo que significa una catástrofe social para la ciudad. Allí la lucha fue sostenida fundamentalmente por los activistas, y puso en evidencia el fracaso de la orientación de la actual directiva marrón, orientada por Piccinini, y de la Azul de Paulón. Ambas fueron incapaces de organizar un plan de lucha del conjunto de la seccional que frenara el vaciamiento patronal y defendiera los puestos de trabajo.

En la campaña electoral, marrones y azules quieren eludir sus respectivas responsabilidades en el peor golpe recibido por los metalúrgicos villences en el último período.

La Verde-Negra es un reagrupamiento de delegados jóvenes y luchadores, que plantean un cambio en la política de la seccional y se manifiestan independientes de las alas de la burocracia.

Marrones y azules se reivindican de una y otra CTA, mostrando la resaca de la crisis de esa central que ahora se ha trasladado a cada uno de sus gremios. Paulón, con el gobierno kirchnerista de los techos salariales y Cristóbal López, el enterrador de Paraná Metal. Piccinini, con el FAP de los ajustes de Bonfatti.

La Verde-Negra levanta en su programa la lucha por terminar con la flexibilidad laboral mediante el pase a planta permanente de todos los metalúrgicos. Plantea la defensa del salario con la eliminación del impuesto a las ganancias, los topes a las asignaciones familiares, el rechazo a los topes salariales y la lucha por un salario mínimo, vital y móvil igual a la canasta familiar. Defiende la necesidad de la asamblea general (método abandonado desde hace muchos años) como máxima autoridad, y un gremio que tenga independencia política y no se subordine a los gobiernos de turno.

Un reciente y representativo plenario de la Coordinadora Sindical Clasista orientada por el Partido Obrero, que se desarrolló en el cordón industrial, dio su apoyo a la lista Verde-Negra de la UOM de Villa y a los distintos reagrupamientos de activistas que se están dando en todos los cordones industriales de Santa Fe. Llamamos a votar a la Verde-Negra.

Juan Ferro – Carlos Blanco

Capitán Bermudez: El Frente Amplio Progresista vota contra reclamo de Justicia

Un voto negativo de la mayoría oficialista del Frente Progresista local a una declaración pidiendo justicia por el asesinato de Mariano Ferreyra generó una fuerte e inusitada polémica. A la indignación de la edila del Partido Obrero, Jorgelina Signa, se sumó el recientemente normalizado Partido Socialista, que se expresó a favor del pedido.

El debate se instaló cuando una simple declaración de forma, en un caso resonante por el que están juzgando a dirigentes del gremio ferroviario, extrañamente no fue acompañada por el bloque del oficialismo, y se disparó la discusión. Ferreyra, militante del PO, murió el 20 de octubre de 2010 cuando participaba en Buenos Aires de una protesta contra la tercerización de trabajadores ferroviarios.

A principios de agosto, cuando comenzó el juicio, la edila del PO presentó el proyecto que fue pasado a comisión por el oficialismo. “Me dijeron que estaban de acuerdo con el pedido”, relató Signa. Luego se produjo otra sesión en la que no hubo quórum para tratarlo, debido a que estaban ausentes un edil del FAP y otro del FpV. Los ediles del FAP en la última sesión votaron en forma negativa, mientras que Signa y el FpV lo hicieron a favor. Fue la titular del cuerpo, Vilma Paulini, quien desempató por la negativa.

Indignada, Signa relató: “Nos dijeron que el Concejo no es el ámbito para reclamar justicia por un militante político, cuando precisamente todos estamos acá por actuar en política. La presidenta del Concejo se golpea el pecho hablando de la Constitución y de las instituciones, pero se olvida de los derechos humanos y en el principal de ellos en la Constitución, que es el de la vida”.
En Bermúdez, el Frente Progresista está compuesto por la UCR y un partido vecinal. El socialismo local reorganizó su representación distrital en junio pasado, y no tiene ediles propios. Sin embargo, la respuesta del sector no se hizo esperar. Fabio Rovere, secretario adjunto del socialismo, habló sobre el tema con La Capital: “Sin dudas, el Partido Socialista está a favor de que se pida a la Justicia el rápido esclarecimiento de la muerte del joven militante Ferreyra. De haber tenido representación en el Concejo, hubiésemos apoyado la idea”.

Hasta aquí la información de La Capital de Rosario. Ahora nuestra reflexión política. El PS de Capitán Bermúdez no se encuentra contenido en el FAP local, pero el FAP de Capitán Bermúdez reúne a los principales aliados del Partido Socialista en el gobierno de la provincia. Lo ocurrido en el Concejo del distrito pone un foco especial en la naturaleza, en última instancia reaccionaria, de la coalición de partidos que gobierna Santa Fe. El rechazo a un planteo de justicia por el crimen contra Mariano Ferreyra es un hecho típicamente reaccionario, cuya única explicación es dejar clara la delimitación del FAP local de cualquier expresión militante, como la expresada en el piquete ferroviario que reclamaba el pase a planta permanente en la ocasión del asesinato. Muchos militantes y organizaciones de base del PS y de otras integradas al FAP se hicieron presentes en aquel 21 de octubre de 2010, pero de ningún modo la coalición como tal ni tampoco sus dirigentes principales. El gobierno del FAP de Santa Fe aborda a las luchas obreras y sindicales en la provincia con la misma orientación y metodología que caracteriza a cualquier gobierno burgués, es decir a partir del mismo contenido de clase.

En más de una oportunidad, Hermes Binner rechazó que se comparara al PS de Argentina con un Rodríguez Zapatero, que en España aplicó el ajuste capitalista, y asegura que el modelo del FAP es el FA de Uruguay. Precisamente, en estos días pende la amenaza de que se declare la llamada ‘esencialidad’ a la huelga de la salud, como ocurrió con los municipales de Montevideo hace dos años;  o sea, la concurrencia forzada de los trabajadores a sus lugares de trabajo. La izquierda de Uruguay se asume como un partido de Estado, o sea como un sujeto político del poder estatal, no del movimiento obrero y de la juventud. Cuando esta pseudo-izquierda “llega al poder”, la clase obrera pierde el que tenía por medio de sus organizaciones.

José Ortiz

TIRANDO DE LA CADENA

El uso de la cadena nacional es objeto de numerosos debates, pero nadie reparó en que la ceremonia que justificó su uso fue el Día de la Unión Industrial -o sea, la fiesta de las grandes patronales. Como lo recordó un historiador, la fecha recuerda la primera exportación ‘argentina’ en 1582, que fue, en realidad, un contrabando de oro a Brasil ejecutada por un traficante singular: el obispo de Tucumán.

Días antes de la cadena, la Presidenta ofrendó a la patronal industrial un salario mínimo de 2.670 pesos, mientras mantiene la herencia de la dictadura que redujo y hasta eliminó el aporte patronal jubilatorio, o la herencia menemista que prohíbe el juicio civil por accidentes de trabajo.

La Presidenta celebra una industria que tiene al 35 por ciento de la fuerza de trabajo en negro, incluyendo una multitud de jóvenes precarizados y tercerizados.

¿Qué aplaude CFK cuando la economía nacional alcanza el grado mayor de dependencia de la monoproducción de soja y acaba de acentuar la dependencia de esa producción del monopolio químico de Monsanto?

El rubro más importante de la industria local, la automotriz, es una cadena de ensambles de producción extranjera, mientras los servicios ferroviarios se derrumban a fuerza de subsidios y por la ausencia de una industria capaz de modernizar una red obsoleta.

La Presidenta decidió tirar de la cadena cuando la construcción se paraliza como consecuencia del llamado ‘cepo cambiario’ y todos los días son despedidos miles de trabajadores de la misma.

CFK tira de la cadena, porque advierte que los trabajadores no van a dejar pasar así nomás el impuesto al salario, el congelamiento salarial o que la inflación les coma los ingresos.

También advierte que es inminente un choque abierto con la burguesía industrial, precisamente porque esa burguesía reclama, ante la desorganización económica cada vez más acentuada, una devaluación del peso, la reactivación de los negocios inmobiliarios y una recuperación de las exportaciones industriales y de la ‘libertad’ para operar en función de sus intereses.

Como la re-re no alcanza como factor de distracción, el oficialismo tendrá que tirar de la cadena cada vez más, hasta que sus eslabones no aguanten.

Frente a la crisis política en desarrollo, los trabajadores debemos concentrar nuestras energías en la construcción de una alternativa política independiente, que será el resultado de la unión del movimiento obrero, emancipado de la burocracia, con la izquierda.

Santa Fe lunes 3 de septiembrede 2012

Comunicado del Partido Obrero de la ciudad de Santa Fe:

 Basta de represión y persecución a los luchadores populares.

El Partido Obrero se solidariza con los cuatro compañeros de la Corriente Clasista y Combativa detenidos el pasado viernes 31 de agosto en la sede provincial del Ministerio Desarrollo Social y repudia este accionar represivo del Gobierno provincial. Este atropello contra el derecho a reclamar forma parte de la política de persecución y judicialización de los luchadores populares ejecutadada por el gobierno de Bonfatti, que se dice progresista pero no da ninguna respuesta a los reclamos más impostergables de los trabajadores como la vivienda y el trabajo. 

Denuciamos asimismo que este episodio se encuentra en sintonía con la política represiva desplegada por el Gobierno Nacional de Cristina Kirchner en el marco de la ley antiterrorista, y en particular  en el "operativo" desarrollado en la Panamericana el jueves 30 de agosto contra los compañeros precarizados del plan Argentina Trabaja. Allí, la Gendarmería, dirigida por el cuestionado secretario de seguridad Berni, reprimió a los manifestantes (entre ellos mujeres y niños) trasladando luego a más de 60 compañeros detenidos a Campo de Mayo. 

Esta "coincidencia" entre opositores en menos de 24 horas muestra que la política tanto del Gobierno nacional como del provincial se encuentra cada vez más alejada de los intereses de los trabajadores, a la vez que prueba la absoluta falsedad del discurso de ambos de que “no reprimen la protesta social”.

Exigimos el inmediato desprocesamiento de Sebastián Saldaña de la CCC y el cese de la política represiva y de persecución a los luchadores, así como una inmediata respuesta a los reclamos de las organizaciones obreras y populares.

Partido Obrero Santa Fe

CON LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DE ONCE Y CON LOS FERROVIARIOS

Los familiares de las víctimas de Once fueron claros: “no queremos limosnas, ni impunidad”.

Reclaman la condena penal de los De Vido, Schiavi y Cirigliano.

Y que respondan con sus patrimonios personales.

Un entramado de negocios, desfalco de fondos públicos y explotación obrera ha sido puesto en la picota.

El mismo que se cobró la vida nuestro compañero Mariano Ferreyra.

Por él, están siendo juzgados José Pedraza y su patota.

Pero no ocurre lo mismo con los concesionarios y funcionarios.

Dos años después del crimen de Mariano, la permanencia de todos ellos en el ferrocarril se cobró 51 vidas.
A la lucha de los familiares de Once y por Mariano Ferreyra, se suma ahora la de los trabajadores ferroviarios.

Como ocurre en el subte, los ferroviarios no tuvieron su paritaria..

Pero la cúpula de la Unión Ferroviaria no se dio por enterada.

Su atención no está puesta en el salario, sino en defender a los asesinos de Mariano.

Y perpetuarse en el ferrocarril, a través de unas elecciones con estatuto tramposo.

Paritaria para los ferroviarios, no hay.

Pero los subsidios siguen lloviendo sobre los concesionarios para un servicio ferroviario que continúa en caída libre.

Los ferroviarios del Sarmiento marchan a una gran asamblea y paro este viernes, por un 30% de aumento.

La deliberación se extiende a otras líneas.

Cárcel a los responsables de Plaza Once.

Satisfacción integral de los reclamos de los familiares de las víctimas.

Condena y cárcel perpetua a todos los responsables del crimen de Mariano.

Fuera Pedraza de la Unión Ferroviaria.

Paritarias Ya.

No al salario mínimo del INDEK

Por un salario mínimo igual a la canasta familiar

La semana que viene se reunirá el Consejo del Salario. Empresarios, dirigentes sindicales y el gobierno van a discutir un aumento en el salario mínimo, vital y móvil, el cual está hoy en los 2.300 pesos. Con el aumento que prevé el gobierno, el nuevo salario mínimo orillará los 3.000 pesos.

La inflación que se viene, con aumentos de tarifas incluidos, se va a devorar ese aumento en menos de un año.

El gobierno nos va a decir que el nuevo salario mínimo “cubre una canasta básica” y que la Argentina “no tiene trabajadores pobres”.

Pero eso sólo ocurre en la Argentina del IndeK, donde se come por seis pesos por día.

En cambio, la verdadera canasta familiar se acerca a los 7.000 pesos.

El doble del salario mínimo que nos van a “regalar” en estos días.

Mientras tanto, las jubilaciones no llegan a los 1.900 pesos.

Y un tercio de los trabajadores, en negro, no cuenta siquiera con el piso de ese salario mínimo.

Un viejo conocedor de estos “consejos del salario”, Moyano, ha dicho que el de la semana que viene “será un circo”.

Reclamó un mínimo, vital y móvil de 3.500 pesos.

Pero para ese salario -que sigue muy lejos de la canasta familiar- no ha dispuesto otra cosa que un afiche.

No queremos el salario mínimo del IndeK.

Luchemos por un salario igual a la canasta familiar, por la derogación del impuesto al salario, por el fin de la precarización laboral y las tercerizaciones.

Recuperemos los sindicatos para la clase obrera.